El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010, con una serie de cambios que apuntan a redefinir criterios diagnósticos, modificar el esquema de internaciones y revisar el modelo de atención actual. El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un breve mensaje en redes sociales: “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, busca actualizar el marco normativo con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”. E proyecto se presentará “en breve” para iniciar su recorrido legislativo, según supo PERFIL de fuentes parlamentarias.
El anuncio se produjo, además, en un contexto político atravesado por cuestionamientos al oficialismo, en un intento por retomar la agenda de gestión.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de los criterios diagnósticos y de intervención. El proyecto propone reemplazar el término “padecimiento mental”, considerado “ambiguo” por el oficialismo, por una clasificación basada en estándares internacionales.
En ese sentido, se adoptará la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión clínica.
En paralelo, se modificará el criterio de intervención: en lugar del enfoque actual, se pasará a considerar la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Esto permitirá, según argumentan desde el Ejecutivo, habilitar intervenciones “más oportunas y preventivas”.
Según consignó Infobae, el nuevo esquema también incorporará el análisis del contexto y los antecedentes de cada caso, con el objetivo de adaptar las decisiones a situaciones concretas.
El proyecto introduce modificaciones relevantes en el régimen de internaciones. Si bien se mantiene el principio de que la internación será un “recurso excepcional”, se amplían las herramientas para su aplicación en situaciones críticas.
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En casos de urgencia, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. Además, se extenderá de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial.
También se prevé que, en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad está afectada, la internación pueda transformarse en involuntaria con intervención de la Justicia.
Estos cambios responden a reclamos de familiares, profesionales y actores judiciales que señalaron dificultades para actuar frente a situaciones de riesgo bajo la normativa actual.
Otro punto clave de la iniciativa es la revisión del modelo de atención impulsado por la ley vigente, que promueve el cierre de hospitales psiquiátricos y su reemplazo por servicios en hospitales generales.
El nuevo proyecto plantea que ese esquema “no siempre resulta viable” debido a limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad. Según datos oficiales citados por Clarín, actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que, para el Gobierno, evidencia la necesidad de sostener la internación especializada en determinados casos.
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En esa línea, se propone fortalecer una red de atención en salud mental organizada por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
El diagnóstico oficial sobre la ley vigente también apunta a su aplicación desigual en el territorio. Solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa, lo que genera diferencias en el acceso a la atención.
Además, no todas las provincias cuentan con la misma capacidad instalada: 18 tienen hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que profundiza las asimetrías.
En ese contexto, el proyecto también propone reforzar los sistemas de información —como el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES)— y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas para mejorar la supervisión.
La iniciativa, que retoma una agenda que el Gobierno ya había anticipado a fines de 2025, abrirá ahora un nuevo frente de debate en el Congreso sobre el equilibrio entre derechos, atención sanitaria y capacidad de intervención del Estado frente a situaciones críticas en salud mental.
