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Los fondos que demandaron en Estados Unidos a la Argentina por la expropiación de YPF intentan revertir el revés judicial de hace 10 días, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y anuló la condena de la jueza Loretta Preska, que obligaba a resarcir al Burford Capital, financiador de los litigantes.
A partir de la sentencia, a Burford se le abrió un abanico de opciones para accionar: pedirle a los jueces del tribunal de segunda instancia que revisen el fallo del 27 de marzo pasado, apelar en la Corte Suprema estadounidense e ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dedicado al arbitraje y la conciliación de disputas entre inversores extranjeros y Estados.
Como primer movimiento, optó por solicitarles a los trece jueces de la Cámara de Apelaciones que revisen el fallo (que fue tratado por tres de ellos) por el cual se perdieron de cobrar US$ 16.000 millones más intereses. Contaba con 14 días corridos desde la sentencia para realizar la presentación, por lo que el plazo vence esta semana. Por eso, pidió que le otorguen un mes más para hacer formalmente la solicitud.
Según el escrito presentado, pidió que el plazo que vencía este viernes se extienda por 28 días más, hasta el 8 de mayo para preparar la solicitud. El recurso se llama hearing en banc, es excepcional y puede ser declinado.
Argumentaron que el abogado principal que lleva el caso, Paul Clement, tiene “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas” que le dificultarían preparar una presentación adecuada dentro del plazo actual.
Una vez que se realice la presentación, la respuesta del tribunal demoraría entre 20 y 45 días. Al respecto, le solicitaron a la Corte que resuelva el pedido de prórroga con rapidez.
Es el paso previo a una apelación en la Corte Suprema, considerando que es una instancia que puede agotar antes de ello. Asimismo, el máximo tribunal es sumamente selectivo: recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión al año, pero acepta tratar alrededor de 100, de temas específicos y de relevancia para los Estados Unidos, según sus propias estadísticas. Es decir, hay poco más de 1% de probabilidad de que tome el caso.
Si la Argentina tuviera la mala suerte de que la Corte acepta revisarlo, sería ese tribunal el que dicte la sentencia final e inapelable sobre la legalidad de la expropiación de 2012, aunque los antecedentes del fallo reciente marcan un precedente favorable para el Estado.
La Corte suele intervenir cuando dos cámaras de apelaciones fallan de forma opuesta sobre un tema. En este caso, no hay fallos similares en disputa, lo que le restaría interés.
También, prefiere resolver asuntos relacionados con la Constitución de los Estados Unidos o leyes federales más que con la soberanía de otros países. El juicio de YPF se centró, hasta ahora, en la interpretación del estatuto de la petrolera y las leyes argentinas, por lo que al tribunal le resultaría un tanto ajeno.
A su vez, el hecho de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se pusiera del lado de la Argentina fue un plus en medio de la alineación política entre ambos países. La Corte suele seguir la línea que marca el Gobierno cuando se trata de relaciones exteriores.
Hace un mes, el Departamento presentó un memorándum en Nueva York en respaldo a la moción que interpuso la Argentina para suspender el discovery (proceso de búsqueda y descubrimiento de activos) ordenado por Preska y retirar la solicitud de los demandantes de declarar en desacato al país. En un comunicado, sostuvo que era “excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad”.
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