Las principales arterias de acceso a la Ciudad de Buenos Aires amanecieron bloqueadas este martes por una masiva jornada nacional de protesta contra el desmantelamiento de la asistencia estatal. Columnas de manifestantes se concentraron desde temprano en puntos neurálgicos como el Puente Pueyrredón, Puente Saavedra, La Noria y la autopista Buenos Aires-La Plata, en rechazo a la decisión oficial de eliminar el programa "Volver al Trabajo" (VAT). La medida, que se hará efectiva este 9 de abril, desató un plan de lucha que se replicó en más de 70 localidades de todo el país.
Los episodios de mayor fricción se desataron en el Puente Pueyrredón, donde la Policía Federal y la Prefectura arrojaron gas pimienta y empujaron a los manifestantes para impedir que la protesta avanzara hacia la Avenida Mitre. En Puente Saavedra, la infantería de la Policía de la Ciudad desplegó camiones hidrantes para quedar cara a cara con las organizaciones, mientras que en Ruta 3 y General Paz, las fuerzas federales impidieron el encendido de neumáticos para mantener el protocolo antipiquetes. Ante la prensa, el dirigente Eduardo Belliboni cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó como si ingresar a la Capital fuera un delito.
El foco del conflicto radicó en la decisión del Ministerio de Capital Humano de liquidar el programa VAT, que funcionó como el sucesor del Potenciar Trabajo. Casi 900.000 beneficiarios recibieron la notificación por correo electrónico de que este mes cobrarán la última asignación de aproximadamente $80.000. Para las organizaciones sociales, esta baja significó hundir a un millón de trabajadores informales en una miseria aún más profunda, bajo la excusa de una "motosierra" que solo golpeó a los sectores más vulnerables.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, indicaron que la finalización del plan respondió a una estrategia para terminar con "la gestión de las organizaciones políticas". El Gobierno justificó la medida bajo la premisa de eliminar la intermediación y reconvertir la ayuda en capacitaciones laborales directas, sin el control de las cooperativas que manejaron históricamente estos recursos. Esta transición generó una ruptura total del diálogo entre las autoridades y los referentes territoriales, quienes prometieron endurecer las medidas de fuerza.
La jornada no solo afectó al Área Metropolitana, sino que marcó un pulso de alcance federal con cortes confirmados en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino. Los manifestantes denunciaron que la política de ajuste dejó a miles de familias sin el único ingreso mensual garantizado, mientras la inflación licuó el poder adquisitivo de los empleos comunitarios. El plan de lucha, según expresaron en sus comunicados, es de carácter progresivo y no se detendrá hasta que el Estado garantice la continuidad de la asistencia.
En sintonía con la Casa Rosada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación definitiva de sus propios planes sociales. A través de un decreto firmado este lunes, Jorge Macri oficializó el traspaso de un esquema asistencial a uno orientado exclusivamente a la capacitación. Con la consigna "chau intermediarios", la gestión local buscó centralizar la ayuda y forzar la inserción laboral de quienes hoy dependen de los programas municipales.
El programa "Volver al Trabajo" fue la última mutación del polémico Potenciar Trabajo, una estructura que el Ejecutivo nacional vinculó directamente con el clientelismo político. Al darlo por finalizado, el Ministerio de Capital Humano apostó a un cambio de paradigma donde la asistencia ya no pasará por las manos de los delegados barriales, una movida que las organizaciones sociales leyeron como un ataque directo a su capacidad de movilización y sustento económico.
La eliminación del beneficio de $80.000 mensuales se dio en un contexto de altísima sensibilidad social. Para casi un millón de personas, ese monto constituyó el piso de ingresos para cubrir necesidades básicas en barrios populares. La desaparición de esta asignación no remunerativa sin un reemplazo monetario inmediato puso en estado de alerta a las defensorías y organismos de la economía popular, que vaticinaron una mayor presión sobre los comedores comunitarios.
