La universidad, como institución educativa, está sometida en gran parte del mundo a presiones externas que amenazan tanto su autonomía como su misión. Desde la fundación en Italia, en 1088 -entre la bulliciosa Edad Media y el ecléctico Renacimiento-, de la universidad de Bologna, la universidad ha sido entendida como un espacio destinado a la búsqueda, libre y crítica, del conocimiento. Actualmente, podemos ser más precisos al definir la misión de la universidad: crear, transmitir, aplicar, preservar y examinar críticamente el conocimiento, y valores como la libertad, la igualdad, la pluralidad, la responsabilidad moral, la justicia, la tolerancia, la integridad y la responsabilidad cívica.
El conocimiento que la universidad atesora tiene como objetivo ayudar a la supervivencia de la humanidad, mejorar la calidad de vida de los seres humanos, y contribuir al desarrollo social, económico y político de la comunidad local y global. Asimismo, es guardiana del acervo cultural de las naciones y de la humanidad. Por otro lado, el conocimiento que la universidad crea, aplica, preserva y transmite cumple una función emancipadora: permite a los seres humanos liberarse de la tiranía del presente, tomar distancia crítica de su tiempo e interpretar la realidad con un criterio racional propio. Por ello, defender la autonomía universitaria, fortalecer su calidad académica y garantizar su acceso amplio no sólo beneficia a quienes estudian en ella, sino que constituye una inversión fundamental para el bienestar y el futuro de toda la sociedad. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, diversos factores ponen en riesgo esa misión. Por ejemplo, la tendencia a reducir la educación superior a mera capacitación técnica. Como advertía el pensador español José Ortega y Gasset (1883-1955), cuando la universidad pierde su función cultural y crítica, corre el riesgo de producir especialistas altamente capacitados, pero desprovistos de una visión amplia y lúcida de la realidad. Más grave aún, las universidades están sometidas a ataques continuos provenientes de diversas fuentes, algunas manifiestas y otras encubiertas. Tales ataques suelen justificarse como una búsqueda inevitable de relevancia, frecuentemente en nombre de las fuerzas del mercado y del impulso aparentemente inexorable hacia un reduccionismo utilitarista, hoy globalmente hegemónico. En ese contexto, los programas científicos y aquellos de humanidades o artes que no se consideran inmediatamente utilitarios o que no conducen de manera directa a beneficios financieros se encuentran particularmente amenazados. Recortes presupuestarios y diversas formas de control político constituyen algunas de las herramientas con las que se ejerce esa presión.
Las universidades públicas argentinas -perfectibles, pero valiosísimas para el país- ofrecen ejemplos recientes de este injusto asedio financiero y político. Universidades como Harvard y Columbia, de los Estados Unidos, no pertenecen al gobierno de ese país, pero reciben fondos federales para la investigación. Ambas han sido recientemente objeto de presiones ideológicas por parte del gobierno federal -entre ellas recortes de financiamiento-, lo que reaviva el debate sobre la autonomía universitaria y la libertad académica. Esta tensión no es nueva, las universidades han sido históricamente instituciones incómodas para el poder de turno. Como señaló el pensador alemán Karl Jaspers (1883-1969), “la universidad es el lugar donde la sociedad toma conciencia de sí misma”. Por ello, cuando las universidades son presionadas para ajustarse a una desmedida especialización, a criterios de rentabilidad, o a una ideología, no sólo se desvirtúa su misión, también se debilita uno de los espacios donde las sociedades pueden reflexionar sobre sí mismas, cuestionar sus certezas y proyectar su futuro.
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de La Plata, Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
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