En los últimos días, la discusión sobre la libertad de expresión dejó de ser teórica.
Las revelaciones de un consorcio internacional de periodistas, que expuso la existencia de estructuras organizadas de producción y difusión de contenidos —que, potencialmente, habrían sido financiadas por Rusia— obligan a revisar un supuesto que durante años se dio por indiscutido: que todo lo que se presenta como opinión o periodismo queda automáticamente protegido por ese derecho.
La libertad de expresión es, sin duda, uno de los pilares centrales de cualquier sistema democrático. No solo protege la posibilidad de opinar, sino que garantiza la circulación de ideas, la crítica al poder y el debate público. Sin ese marco, no hay sociedad abierta posible.
No es un derecho absoluto. Y, sobre todo, no es una cobertura para cualquier cosa.
Desde hace años vengo señalando —en ámbitos profesionales y académicos— un fenómeno que, por su forma, suele pasar desapercibido: la utilización de la libertad de expresión como cobertura formal de prácticas que buscan influir deliberadamente en la opinión pública a partir de información distorsionada o de intereses no transparentes.
En esa misma línea, desde hace mucho tiempo vengo trabajando y escribiendo sobre la relación entre libertad de expresión e interés público. No todo lo que se expone públicamente reviste interés público, aun cuando involucre a personas públicas. Esa distinción es central. Porque cuando se difunden contenidos que no responden a un interés público genuino, sino que evidencian una intención dolosa o direccionada a generar desgaste, deja de tratarse de un ejercicio legítimo del derecho y comienza a configurarse otra cosa.
Las recientes revelaciones no hacen más que confirmar un esquema que no es nuevo, pero sí cada vez más sofisticado en su ejecución.
En ese marco, promoví una denuncia penal. No como reacción aislada, sino como respuesta institucional frente a un fenómeno que, de confirmarse, excede lo comunicacional.
Cuando existen indicios de operaciones organizadas, con financiamiento y capacidad de incidir en la opinión pública —incluso con potencial de desestabilizar un gobierno constitucional—, la intervención del Poder Judicial deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.
En este caso, además, el contexto es particularmente grave: se trataría de maniobras orientadas no solo a generar desinformación en la sociedad, sino también a producir un desgaste y eventual desestabilización de un gobierno. Este tipo de conductas no pueden ser desatendidas.
Si lo que surge de las investigaciones periodísticas llegara a corroborarse judicialmente, estaríamos frente a un esquema de una magnitud inusitada, sin antecedentes en la Argentina.
No se trataría de publicaciones aisladas, sino de estructuras diseñadas para influir de manera sistemática en la información que circula en la sociedad, no solo en la Argentina sino también en otros países.
Frente a estos escenarios, corresponde una respuesta clara, firme y sin ambigüedades del sistema judicial. Investigar, determinar responsabilidades y separar con precisión a quienes eventualmente utilizaron estructuras periodísticas para fines personales o negocios espurios, de aquellos que ejercen legítimamente su función.
En ese marco, la investigación judicial deberá avanzar de manera concreta en la identificación de responsabilidades: determinar quiénes fueron los periodistas que se aprovecharon de estructuras mediáticas para introducir información falsa con fines económicos, quiénes fueron los autores intelectuales de estas maniobras y quiénes las financiaron. También deberá establecer si detrás de estas operaciones existió la intervención de un gobierno extranjero o la participación de actores insertos en la sociedad argentina, sean nacionales o extranjeros.
Pero además, la intervención judicial cumple un rol esencial: garantizar a la ciudadanía la fiabilidad de la información y esclarecer quiénes fueron los responsables de estas maniobras. Esto implica identificar no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales y a quienes financiaron estas operaciones.
En ese contexto, la discusión no puede quedar atrapada en una defensa automática de la libertad de expresión como si se tratara de un valor abstracto, inmune a cualquier análisis.
Exige, por el contrario, una distinción precisa: una cosa es el ejercicio legítimo del derecho —incluida la crítica dura, incómoda o incluso disruptiva— y otra muy distinta son las prácticas que, bajo esa apariencia, buscan erosionar instituciones, afectar reputaciones o intervenir en procesos democráticos mediante mecanismos encubiertos.
No se trata de cuestionar al periodismo ni de limitar el derecho a opinar. Muy por el contrario: la libertad de prensa y la pluralidad de voces son condiciones esenciales para el funcionamiento democrático.
“Una cosa son los periodistas y los medios serios, que cumplen una función esencial en el sistema democrático, y otra muy distinta son quienes, bajo esa apariencia, participan de maniobras organizadas”.
Esa distinción es clave para no confundir el ejercicio legítimo del periodismo —indispensable en cualquier democracia— con prácticas que pueden responder a intereses ajenos, incluso en algunos casos vinculados a operaciones de carácter mafioso.
En ese punto, ya no se trata de un debate abstracto sobre los límites de la libertad de expresión.
Se trata de determinar si, bajo la apariencia de periodismo, se han desplegado maniobras organizadas capaces de afectar el orden institucional y el normal funcionamiento del sistema democrático.
Cuando la información es deliberadamente falsa, cuando responde a intereses económicos o geopolíticos ocultos, o cuando se disfraza de contenido independiente lo que en realidad es una operación, la discusión deja de ser exclusivamente comunicacional para ingresar en el terreno de la responsabilidad.
La defensa de la libertad de expresión no puede implicar la convalidación de su uso como herramienta de encubrimiento.
En esos supuestos, invocar la libertad de expresión no solo resulta improcedente: termina vaciando de contenido al propio derecho que se pretende resguardar.
La cuestión de fondo no es restringir la palabra, sino evitar su degradación. Porque cuando todo queda amparado bajo la misma etiqueta —lo verdadero y lo falso, lo genuino y lo manipulado—, la libertad de expresión deja de ser una garantía para convertirse en una herramienta funcional a quienes buscan distorsionar el debate público.
Una sociedad que pierde la capacidad de distinguir entre información y operación, entre crítica legítima y acción encubierta, erosiona su propio sistema de deliberación democrática.
La libertad de expresión es un pilar. Pero justamente por eso, no puede transformarse en un cheque en blanco. Defenderla también implica evitar que sea utilizada como escudo de impunidad.
*El autor es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posgrado en Derecho Procesal Penal profundizado
