En La insoportable levedad del ser (1984), Milan Kundera contrapone “levedad” y “pesadez” para pensar qué hace significativa una vida: lo liviano es aquello que, libre de ataduras, se permite crear, pero con el riesgo –insoportable– de no dejar huella, no tener anclaje y disiparse; mientras que lo pesado remite a la fuerza de lo estructural, a aquello que nos trasciende y existe más allá de nuestra conciencia finita. En ese marco, Kundera sugiere que, si lo único que reconocemos es el suceso, “nuestras vidas aparecen en toda su maravillosa levedad”…, pero a riesgo de perder de vista su sentido más trascendente.
Esa idea –seductora y, a la vez, inquietante– ayuda a examinar un fenómeno frecuente: los datos de pobreza parecen hablar por sí mismos, como cifras autosuficientes; pero su valor depende de su significado y de a qué obligan los resultados comunicados.
Ahí aparece una paradoja: los datos de pobreza suelen circular sin ataduras, cuando su valor efectivo descansa en ser una construcción fundada en supuestos teóricos, metodológicos, instrumentos y procedimientos que permiten hacer a los datos fiables, robustos y comparables.
Esa levedad sería apenas un problema técnico si no fuera porque el indicador tiene una trascendencia social enorme: ordena diagnósticos públicos, define umbrales de urgencia, legitima decisiones y estructura conflictos distributivos. Cuando el número flota –por fragilidad o por oportunidad–, lo que se vuelve inestable no es solo la medición: es el piso mismo del debate democrático sobre el justo bienestar para una sociedad.
El Indec informó que en el segundo semestre de 2025 la pobreza por ingresos cayó al 28,2% y la indigencia al 6,3%, el registro más bajo desde comienzos de 2018. Por una parte, hay razones para reconocer un componente genuino en esta mejora: la desaceleración inflacionaria, el cambio en los precios relativos –con alimentos creciendo por debajo del promedio– y transferencias monetarias que sostienen ingresos en los hogares más vulnerables. La caída de la indigencia, en particular, suele ser el indicador más sensible a esa combinación. Por otra parte, también las razones para sostener que, incluso aceptando los indicadores oficiales, la tendencia se estaría revirtiendo a partir del 4° trimestre de 2025 (29,5% y 6,6%, respectivamente), con deterioro en ambos indicadores.
Pero si el debate público se agota en celebrar o criticar la cifra, volvemos a la levedad: una discusión sin rigor ni responsabilidad pública. La pregunta relevante no es si el dato “miente”, sino qué tan fiable, realista y robusto es lo que dicho dato representa. Conviene recordar: la pobreza por ingresos es una medición indirecta, compara el ingreso familiar con una línea normativa (la CBT), construida a partir de una canasta alimentaria (CBA) y un componente no alimentario estimado por patrones de consumo actualizados. Su utilidad es indiscutible, pero su fiabilidad descansa en dos condiciones: que el ingreso esté bien medido y que la canasta refleje razonablemente el consumo efectivo de los hogares.
El primer factor que obliga a cautela es estadístico: la captación de ingresos. Desde fines de 2023 la EPH muestra un salto persistente en la declaración y registro de ingresos laborales y, sobre todo, no laborales, asociado a cambios en el cuestionario para captar mejor programas y transferencias. Si la encuesta empieza a “ver” ingresos que antes quedaban subdeclarados, la pobreza medida cae, aunque la capacidad de consumo no mejore en la misma proporción. Diversos ejercicios de control sugieren que la mejora observada podría estar sobrestimada: solo una parte de la reciente caída sería atribuible a una mejora efectiva en el consumo, mientras que el resto se explicaría por efectos flotantes de su medición.
El segundo factor es metodológico. La CBT que define la línea de pobreza sigue anclada en patrones de consumo de hace dos décadas. Con servicios y tarifas más relevantes en el presupuesto familiar, y con un reordenamiento de precios relativos en 2024–2025 que encareció componentes no alimentarios, sostener una estructura desactualizada vuelve menos representativa la frontera entre “pobre” y “no pobre”. Una actualización con criterios vigentes, pero con los patrones de la ENGHo 2017–2018 –hoy disponibles– elevaría significativamente el valor de la CBT y, por esa vía, el nivel de pobreza. En términos sociales, esto ayuda a explicar una paradoja extendida: hogares que aparecen estadísticamente “menos pobres”, pero con menor ingreso disponible para consumos esenciales distintos de la comida (vivienda, transporte, energía, comunicaciones), y con un consumo que no acompaña el optimismo del indicador.
Cuando el dato se vuelve liviano, se vuelve liviano el diagnóstico, y también la política orientada a su corrección. Con un 28,2% de pobreza estadística –o el valor que surja de su mejor medición–, cabe destacar que todavía convive con niveles de alta informalidad y marginalidad, baja tasa de inversión y creación de empleo pleno y salarios sin recomposición sostenida. Esa estructura es la que, desde hace dos décadas, fija un “piso” de pobreza –de al menos un tercio de la sociedad– difícil de perforar solo con desinflación, aun cuando la estabilización macroeconómica sea condición necesaria.
El riesgo de esta levedad no es solo académico. En contextos de disputa por la “verdad” de los indicadores, el dato de pobreza puede convertirse en trofeo o en arma arrojadiza. Cuando eso ocurre, deja de ser insumo para acordar prioridades y pasa a ser recurso para clausurar debates, y el indicador se usa como sentencia final, en lugar de funcionar como puerta de entrada a un diagnóstico más completo, realista e interpelante.
¿Qué hacer para devolverle algo de pesadez al indicador sin deslegitimarlo, o al menos hacer soportable su levedad? Tres reglas mínimas. Primera: transparencia metodológica plena, con documentación de cambios en captación, series empalmadas y ejercicios de sensibilidad (qué pasa con la pobreza si se corrige la subdeclaración o si se actualiza la canasta). Segunda: actualización programada de las canastas y de los parámetros de consumo con los datos de la ENGHo 2017–2018, de modo que la medición vuelva a reflejar cómo viven –y gastan– los hogares de hoy. Tercera: triangulación sistemática con registros administrativos e indicadores complementarios de bienestar (privaciones severas, endeudamiento, consumo), para que la conversación pública no dependa de un solo termómetro.
En tiempos de transición, el dato de pobreza debe conservar su autoridad pública, no para clausurar la discusión, sino para abrirla con evidencia. Si no, su levedad termina siendo insoportable, porque, mientras el número flota, la pobreza real permanece casi ignorada.
* Investigador principal del CONICET. Director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
