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La diputada nacional por la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade presentó una denuncia judicial para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza, a quienes se les otorgaron el equivalente de hasta US$ 350.000.
"Se hace necesario que la Justicia determine si los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores, con fondos del Banco Nación, son resultado de la aplicación estricta de su manual interno de procedimiento o, por el contrario se han otorgado relajando los celosos requisitos que se aplican para cualquier ciudadano", enfatizó Frade en declaraciones a Clarín.
En ese marco, la diputada de la CC planteó a este diario la importancia de "saber si los fondos de los ahorristas se están usando para pagar favores políticos y esto lo debe hacer la Justicia de modo urgente y sin influencias". Y sentenció: "Que esto no tape el escándalo de Adorni por su dudoso patrimonio y el caso Libra".
En diálogo con Clarín, la directora del Banco Nación Carolina Piparo precisó: "A la hora de evaluar personalmente un crédito hipotecario, no importa con qué espacio político simpatices, lo que verdaderamente importa es que el Banco Nación ofrece el mejor crédito del mercado a todos sus clientes y es por eso que 9 de cada 10 nos eligen para acceder a una vivienda".
"Con respecto a los 27.000 créditos hipotecarios otorgados en esta gestión, no hubo ilegalidad, ni discrecionalidad ni excepciones. A todos los créditos les rige la misma evaluación en un proceso 100% digital y claramente trazable. El banco evalúa el ingreso y la capacidad de pago del titular y sus codeudores a fin de mitigar todos los riesgos posibles y en ese sentido las condiciones son iguales para todos", puntualizó la exdiputada libertaria.
El pasado 23 de diciembre, el Gobierno nacional oficializó la designación de Piparo como parte del directorio del Banco Nación en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien había renunciado desde el 10 de diciembre.
En esa línea, fuentes del Banco Nación sostuvieron que "no hubo nada ilegal ni nada turbio" en el otorgamiento, ya que "la evaluación crediticia se le hace a todo el mundo de la misma manera".
"No hubo ninguna discrecionalidad. No se le dio un crédito a alguien que no podía acceder ni se otorgó más plata de la que podía haber recibido. El scoring (puntaje crediticio) les daba a todos para recibir el crédito que recibieron. No hay nada fuera de la norma", explicaron a este diario desde la entidad bancaria.
Mediante un comunicado publicado en sus redes, el Banco Nación había destacado que otorgan "nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina".
"Con miles de préstamos por mes, el Banco Nación se consolidó como la principal referencia de esta nueva etapa, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica que volvió a hacer posible el crédito de largo plazo y la planificación de proyectos de vida". destacaron.
NUEVE DE CADA DIEZ CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN LA ARGENTINA LOS OTORGA EL BANCO NACIÓNEl crédito hipotecario volvió a la Argentina como una herramienta central para el desarrollo de las familias, y el Banco Nación está a la cabeza de ese proceso.Desde el lanzamiento de su línea,… pic.twitter.com/o3sd4Nou7u
En el escrito al que accedió Clarín, el cual fue presentado en la Justicia este jueves, Frade indicó: "En orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal, atendiendo las consideraciones que paso a consignar".
La presentación judicial plantea la existencia de un "festival de créditos libertarios", al argumentar que "los beneficiarios de estos, serían predominantemente del sector político oficialista o que, mutaron a eso". En ese sentido, la diputada consideró que "la información fluye y no deja de avanzar, dando como resultado ciertas posibles conclusiones que, ameritan el presente impulso".
El debate se inició después de que trascendiera la información de la Central de Deudores del Banco Central, que fue procesada por la plataforma "¿Cuánto Deben?", desarrollado por el visualizador de datos Andrés Snitcofsky y hecho público en las últimas horas, para hacer un seguimiento sobre la evolución mensual de deuda que declaran personas políticamente expuestas como funcionarios, diputados o senadores.
Tal como contó Clarín, en la lista de funcionarios que sacaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación hay integrantes del equipo económico. Los dos con créditos más altos son el de Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En los dos casos, el crédito es equivalente a unos US$ 350.000 en el momento en que fueron adjudicados. Para Inchauspe fueron $510 millones en diciembre pasado y, para Núñez, $373 millones en febrero del año pasado.
En la denuncia, Frade detalló que "algunos de los funcionarios beneficiados, habían sido: Juan Pablo Carreira, quien dirige las milicias digitales, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial (113 millones); Pedro Inchauspe (director del central $ 510 millones), Felipe Nuñez (Director del BICE, préstamos de 510 millones de pesos), asesor de Santiago Caputo, Federico Furiase, Secretario de Finanzas (376 millones de pesos), Juan Pedro Inchauspe (integrante del directorio del BCRA) , Emiliano José Mongilardi (Director de YPF, en 309 millones de pesos), los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio ( 340 millones en julio del 2025), Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni".
"La diputada Villaverde, quien no pudo asumir su banca en el Senado por sus antecedentes reiterados en aparente conflicto con la ley penal, fue beneficiada con un préstamo de 227 millones de pesos. Esto pese a que la sucursal del banco de su domicilio en Cipolletti (Rio Negro) le había rechazado su carpeta. Según la misma información, quien habría destrabado el impedimento, fue el propio presidente del banco, Daniel Tillard", puntualizó.
La investigación judicial puso el foco en la necesidad imperiosa de velar por la integridad financiera y la estabilidad de la institución. Según se desprende de la denuncia, "se deben analizar varias dimensiones sobre riesgo de esos créditos y el propio reputacional. Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la 'capacidad de repago' del deudor, basada en ingresos, pero también en estabilidad de éstos".
"El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían 'fallas' en esa evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora", expresó Frade en la denuncia.
En ese marco, la diputada subrayó: "Naturalmente en los ejemplos verificados y para los supuestos, siempre de 'funcionarios', de comprobarse que su posición política o jerarquía o vínculo directo o indirecto con las autoridades del Banco benefactor, influyó para provocar la aprobación de los créditos que, de otro modo, les habrían sido rechazados, el tipo penal lo ubico en el art 256 (tráfico de influencias). Ambas sin perjuicio de otros tipos penales que, a tenor de la investigación, podrían arrojar la aplicación de los arts. 248 y 268 del Código Penal".
En el marco de una presentación judicial, se solicitaron una serie de medidas de prueba orientadas a determinar la posible existencia de delitos vinculados al otorgamiento de créditos. Entre los requerimientos, se pide librar oficio al Banco de la Nación Argentina para obtener los legajos crediticios completos de los individuos mencionados en la causa, así como de otros funcionarios públicos y/o legisladores que pudieran estar involucrados.
Asimismo, se requirió "obtener las Actas de Directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios". También se solicitó la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional para evaluar si existieron perjuicios económicos para la entidad bancaria.
El pedido también apunta a establecer si las garantías presentadas resultaron suficientes y acordes a los estándares vigentes. "Informen si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco. Si las garantías de tales créditos. Si se verifica alguna violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos. resultan suficientes y sujetas a estándares. Si existió alguna relación jerárquica o, de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios", agregaron.
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