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Las políticas de Estado no son decisiones de un gobierno sino la consecuencia de las acciones de varios gobiernos sucesivos a lo largo del tiempo. A veces los gobiernos las acompañan, con mayor o menor entusiasmo y dedicación, a veces lo hacen por sentido de la oportunidad y a veces a regañadientes, porque no encuentran mejor opción.
Lo importante es que estas imponen restricciones e incentivos, y así construyen institucionalidad ofreciendo recursos y herramientas a los rumbos coyunturales y las políticas gubernamentales de corto plazo. Y moderan las propensiones decisionistas y los volantazos de los gobernantes. Tuvimos últimamente dos acontecimientos que ejemplifican de manera clara lo que es una política de Estado y por qué es tan necesario contar con ella para lograr objetivos perdurables.
El Acuerdo Mercosur-Unión Europea fue posible por una continuidad histórica y un consenso técnico que sobrevivió a giros ideológicos pronunciados. El proceso comenzó en 1999 y atravesó gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas, aunque tuvo impulsos mayores en ciertos períodos, como bajo la presidencia de Macri en 2019 o de Lula en 2023-2024, la estructura del acuerdo fue defendida y trabajada por equipos técnicos que permanecieron en sus cargos bajo distintas gestiones. El anuncio de un texto final en 2024 y la aprobación del Consejo de la UE para su firma en enero de 2026 representan la culminación de un esfuerzo diplomático que trasciende a cualquier mandatario individual y los involucra en su conjunto.
En el fallo de la Corte de Nueva York sobre YPF favorable a la Argentina, la estrategia jurídica ante los tribunales de EE. UU. fue consistente durante los sucesivos gobiernos, que sostuvieron el mismo argumento central: que la Ley de Expropiación argentina tiene preeminencia sobre el estatuto privado de la empresa, un concepto de derecho público que la justicia estadounidense finalmente reconoció en esta instancia de apelación. El trabajo técnico de la Procuración del Tesoro de la Nación mantuvo la línea defensiva sin importar el color político del procurador de turno, logrando revertir la sentencia de primera instancia.
Ambos casos demuestran que, cuando hay institucionalidad y objetivos de largo plazo, las acciones de un gobierno se suman a las del anterior para lograr resultados que impactan en la soberanía y la economía nacional, más allá de un periodo presidencial. No está de más recordarlo en estas fechas: Malvinas es otro ejemplo de política de Estado y también de las consecuencias de apartarse de ella tomando atajos que terminan alejándonos de los objetivos buscados.
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