Mientras busca captar más obras y empleos en los sectores de minería y energía con la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta 2027; la administración de Javier Milei mantiene vigente una medida que les impide a varias empresas inversoras poder actualizar por inflación los saldos del impuesto a las Ganancias que tienen a favor por quebrantos impositivos registrados en los últimos años.
Tras un dictamen emitido a fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desconoce los ajustes de los quebrantos impositivos por las variaciones inflacionarias que han realizado las empresas y considera que las diferencias surgidas hasta ese año entran en la categoría de "deudas tributarias" que se deben afrontar.
En tanto, para los ejercicios fiscales iniciados a partir de 1 de enero de 2025,el artículo 190 de la ley de modernización laboral que aprobada por el Congreso en febrero dejó establecido que "los quebrantos generados desde esa fecha en adelante se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el INDEC".
Si bien el organismo recaudador, que conduce Andrés Vázquez, tiene abiertos distintos planes de pago para regularizar la situación de los años anteriores, los abogados de las medianas y grandes empresas afectadas resisten la interpretación oficial y advierten que el total de lo reclamado estaría en torno de u$s 5.000 millones que de pagarse dejarían de ir a las obras e inversiones comprometidas.
Según la normativa vigente, si una empresa cierra un ejercicio anual con pérdidas puede trasladarlas a los siguientes balances para que sean compensadas con las ganancias que se obtengan en esos períodos.
Al momento de liquidar los pagos de Ganancias, la mayoría de las empresas que habían acumulado resultados en los últimos años procedieron a actualizar sus quebrantos con los registros inflacionarios del 211% de 2023 y del 118% de 2024.
Tras no convalidar esas actualizaciones que presentaron compañías de distintos sectores que van desde productoras de alimentos hasta operadoras de servicios públicos; el titular de la ARCA avanzó con inspecciones integrales a todas las empresas que habían tomado la inflación como parámetro de ajuste a contramano del planteo oficial que establece que los montos de los quebrantos debían permanecer sin cambios.
La no actualización de los quebrantos impositivos anteriores a los balances de 2025 forma parte de los reclamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le viene planteando al Gobierno desde hace varios meses.
A fines del año pasado, por medio de una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad advirtió que la medida "genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo".
Ante las intimaciones lanzadas por ARCA para cancelar las "deudas tributarias" generadas en las presentaciones de Ganancias, solo la petrolera YPF y Pampa Energía decidieron aceptar el criterio oficial y saldar lo reclamo mediante planes de pago.
La mayoría de las empresas decidió resistir la movida de ARCA con reclamos administrativos y judiciales. Una de ellas es PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), la empresa controlada por las familias Cavallo y Brandi que tiene negocios en petróleo, gas y energía renovables.
Su reclamo contra la posición de ARCA se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación, el organismo administrativo que depende de la subsecretaría de Ingresos Públicos y que ahora tiene que resolver esta cuestión clave que es seguida de cerca por otras empresas energéticas que están en la misma situación y con proyectos de inversión encuadrados dentro del RIGI.
PCR es la segunda empresa generadora más importante en el sector de energías renovables. Opera cinco parques eólicos que tienen una capacidad de generación total de 530 MW y tiene en camino dos nuevos proyectos para instalar 572 MW adicionales en parques eólicos localizados en la provincia de Buenos Aires y un equipo generador solar en San Luis.
A mediados de marzo, la empresa consiguió de la IFC –la pata financiera del Banco Mundial—y otras entidades comerciales un crédito por u$s110 millones para la construcción del "Parque Eólico Olavarría" que demandará una inversión total de u$s 257 millones.
El parque -que alimentará de energía renovable a la siderúrgica ArcelorMittal Acindar- integra la lista de los proyectos del RIGI que ya cuentan con la aprobación de las autoridades económicas, mientras la empresa inversora sigue jaqueada por el reclamo que llevan adelante los funcionarios del ente recaudador.
En lo que respecta al RIGI, hasta ahora se contabilizan cerca de 30 iniciativas presentadas y un total de 13 proyectos aprobados que se desarrollarán básicamente en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
Los proyectos con visto bueno oficial se concentran principalmente en los sectores energético y minero, que representan más del 96% del total las inversiones proyectadas que llegan a casi u$s 30.000 millones.
Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta infraestructura petrolera y gasífera, además de proyectos de litio, cobre, oro y plata, junto con inversiones industriales y logísticas.
A mediados de febrero, el Gobierno extendió la vigencia del RIGI por un año más y permitió que se sumen proyectos vinculados a la exploración y producción de petróleo y gas con un monto mínimo de inversión de u$s 600 millones.
Entre los principales incentivos que ofrece el RIGI a las empresas inversoras sobresalen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales.
Más allá de los anuncios oficiales sobre las bondades del RIGI, el economista Santiago Polo advirtió que "tras la extensión por un año y la ampliación del listado de proyectos aprobados, ahora el régimen le plantea desafíos al Gobierno en términos de seguimiento, control y evaluación de resultados".
En un análisis publicado en el sitio "ElAuditor", el economista alertó que "el principal interrogante no gira ya en torno al volumen de anuncios, sino a la capacidad de transformar compromisos de inversión en obras ejecutadas, producción efectiva y generación de divisas".
"En ese proceso—destacó Polo-- también aparece la expectativa de que estos desarrollos impulsen el crecimiento de proveedores locales, evitando una dependencia excesiva de insumos importados y generando encadenamientos productivos en distintas regiones del país".
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