En una entrevista exclusiva en el programa Infobae a la Tarde, la consejera del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre advirtió que la falta de jueces idóneos y procesos transparentes impacta de lleno en la economía y la vida cotidiana, y respaldó la reforma impulsada por la Corte Suprema.
Durante su paso por el estudio, De la Torre dialogó con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, y remarcó: “Si no tenemos buenos jueces, la seguridad jurídica no llega”. Explicó que la propuesta de la Corte, impulsada por los ministros Lorenzetti y Rosenkrantz, busca corregir debilidades históricas del sistema de selección y reducir la discrecionalidad política en la designación de magistrados.
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“No hay manera de sostener una medida económica en el tiempo si no hay seguridad jurídica”, enfatizó Jimena de la Torre, quien sostuvo que el servicio de justicia atraviesa todas las dimensiones de la vida diaria y de la economía argentina. “Se enojan los jueces porque no les gusta el traslado y te meten una cautelar, te frenan una reforma laboral que te impacta directo en la economía”, ejemplificó.
La consejera trazó una línea directa entre la selección de magistrados y la calidad institucional: “Cuando naturalizamos que los jueces deciden según lo que les gusta, estamos viendo que no tenemos jueces imparciales”. Destacó que la imparcialidad nace en cómo se elige a los jueces y cuestionó la falta de transparencia: “No estamos garantizando que lleguen los mejores, no estamos garantizando que lleguen los más idóneos”.
La reforma propuesta por la Corte llega en un contexto de crisis judicial, donde más de 330 juzgados permanecen vacantes y el sistema enfrenta presiones políticas y corporativas. “La Constitución creó el Consejo de la Magistratura para restringir la discrecionalidad del Ejecutivo, pero los mecanismos actuales no alcanzan”, advirtió.
De la Torre detalló que el concurso para seleccionar jueces se compone de tres etapas: examen escrito, evaluación de antecedentes y entrevista personal. “Hoy el examen lo redactan y corrigen jurados sorteados, pero ni el anonimato ni la transparencia están garantizados”, señaló. “Vemos que exámenes sobresalientes sacan baja nota y otros no tan buenos obtienen calificaciones altas. Además, los exámenes corregidos no se publican”, denunció.
Sobre la puntuación de antecedentes, remarcó: “Deberíamos tener un sistema automático de puntaje, pero hoy los consejeros asignan notas distintas a un mismo postulante. Eso abre la puerta a arbitrariedades”.
Respecto de la entrevista, indicó: “Hoy podemos entrevistar a 25 para un cargo que necesita seis. Tenemos amplia facultad para subir o bajar candidatos en el orden de mérito sin justificación objetiva”. Resaltó que la Corte propuso que la entrevista tenga puntaje y criterios claros para limitar la discrecionalidad.
“La Corte plantea fortalecer el anonimato en los exámenes, crear un banco público de preguntas, sumar un examen de opción múltiple y tabular los antecedentes para igualar oportunidades entre abogados y funcionarios judiciales”, precisó. También valoró la idea del concurso anticipado: “Permite cubrir vacantes de manera más ágil y reduce la influencia de los poderes locales sobre el proceso”.
De la Torre reconoció que la reforma enfrenta resistencias internas y externas: “Desde que entré al Consejo presenté siete proyectos de reforma, pero ni siquiera logré que se voten propuestas básicas como publicar los exámenes”. Subrayó la importancia de aprobar sin cambios la acordada de la Corte: “Es perfectible, pero lo que proponen es mucho mejor de lo que tenemos hoy. Hay que avanzar y después seguir mejorando”.
Sobre la influencia de la política y los intereses sectoriales, alertó: “En el Consejo hay listas que funcionan como partidos dentro del Poder Judicial. Cada juez que logran poner es un voto el día de mañana”. Señaló que la reforma busca minimizar esa lógica y garantizar que lleguen “personas idóneas, independientes e imparciales, no por amiguismo”.
De la Torre concluyó: “Ojalá que aprobemos rápido este reglamento y sigamos trabajando en las mejoras necesarias para garantizar independencia judicial. Lo que está en juego es la estabilidad jurídica y, en definitiva, la vida cotidiana de todos”.
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