Se trata de Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la república islámica, quien deberá abandonar el país en un plazo de 48 horas por decisión de Cancillería.
El Gobierno de Javier Milei resolvió declarar persona no grata al máximo representante diplomático de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, quien deberá abandonar la Argentina en un plazo máximo de 48 horas. Ocurre luego de que Irán condenara que la Argentina haya declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
La decisión fue comunicada este jueves por el canciller Pablo Quirno, que invocó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 para formalizar la medida. En el comunicado oficial, Cancillería informó que Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios ad interim de la República Islámica de Irán, fue notificado de la decisión y deberá dejar el territorio nacional en el plazo establecido.
El diplomático era el principal representante del régimen iraní en la Argentina, luego de que sus credenciales fueran aceptadas en diciembre de 2021, durante la gestión del entonces presidente Alberto Fernández. La medida se produce en un contexto de creciente tensión internacional en Medio Oriente y marca un endurecimiento de la postura del Gobierno argentino frente a Irán.
Se trata de una decisión de fuerte impacto en el plano diplomático, ya que implica la expulsión del principal enlace oficial entre ambos países, en un momento de alta sensibilidad geopolítica.
En las últimas horas, Irán había condenado a la Argentina por declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.
El Gobierno argentino incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.
Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
En un comunicado, la gestión de Javier Milei sostuvo que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia” determinaron que ambos atentados en la Argentina “fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.
También se refirió a Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994 y recientemente nombrado comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria.
A través de su embajada en Uruguay, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó la “acción ilegal” y la “declaración inapropiada” de la Argentina. “Esta decisión, que parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos, constituye una continuación del enfoque erróneo del gobierno argentino", escribió.
Desde el régimen sostuvieron la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtieron que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EEUU e Israel.
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