El gobierno de Javier Milei ya tiene listo un decreto que habilitará un mecanismo de adelantos de coparticipación para doce provincias que enfrentan dificultades financieras. La norma prevé establecer un tope de hasta $400 mil millones para estos anticipos, que estarán sujetos al porcentaje de coparticipación correspondiente a cada jurisdicción.
De esta manera, el Ejecutivo busca ofrecer una alternativa a los distintos distritos que muestran dificultades para afrontar gastos corrientes y así evitar que recurran al mercado financiero, donde las tasas de interés oscilan entre el 30% y el 45 por ciento, según cálculos oficiales.
El adelanto financiero que autorizará en los próximos días el Ejecutivo nacional alcanzará, según fuentes oficiales, a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A su vez, la provincia de Entre Ríos fue incluida en el esquema durante el mes de enero de 2026, en el marco de una política que, según señalaron desde el Gobierno, responde a una práctica histórica de asistencia a las administraciones provinciales.
La operatoria consistirá en anticipar a las provincias parte de los fondos que les corresponden por coparticipación, con la obligación de reintegrarlos dentro del mismo año. Esta modalidad permitirá que los distritos eviten salir al mercado en busca de financiamiento y eludan el pago de intereses elevados, ya que el Gobierno nacional fija una tasa del 15% para estos anticipos, inferior a las condiciones del sistema financiero privado.
Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, este mecanismo reemplazará el tradicional pedido mensual de adelantos extraordinarios por parte de las gobernaciones. Ahora, cada distrito debe informar de manera anticipada cuáles son sus necesidades de fondos, lo que permite establecer un esquema más ordenado y ajustado al porcentaje de coparticipación de cada una, destacan en despachos oficiales. De esta forma, se busca evitar devoluciones descoordinadas y dotar de mayor previsibilidad al flujo de recursos.
El nuevo esquema, avalado en el caso de Entre Ríos a comienzos de 2026 y que ahora será extendido a otras doce provincias, se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de limitar el endeudamiento provincial en condiciones excesivamente caras. Los fondos otorgados corresponden a recursos propios de las provincias, que se adelantan para cubrir necesidades inmediatas y luego deben ser devueltos en el transcurso del año.
De acuerdo a las estimaciones del titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, durante el primer trimestre de 2026, la recaudación tributaria perteneciente por ley a la administración nacional habría registrado una caída interanual del 8% en términos reales, mientras que los fondos transferidos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrían disminuido un 6,5 por ciento.
En base a los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al cierre del tercer mes del año, los ingresos tributarios totales habría experimentado una baja real del 7,5% respecto al mismo período del año anterior.
Desde la consultora Politikon Chaco estimaron que por tercer mes consecutivo, cayeron las transferencias automáticas a provincias: en marzo fue de -4,3% y cierran el primer trimestre en -6,4 por ciento. “La pérdida estimada de esa baja trimestral es de $ 1,15 billones a precios actuales”, indicaron los analistas.
Para marzo, ARCA informó que las transferencias del gobierno nacional a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $5,02 billones, frente a los $3,95 billones enviados en el mismo mes del año anterior. Esto representa un incremento nominal del 27,2 por ciento. Sin embargo, según estimaciones del Iaraf, la caída real en el mes fue cercana al 4 por ciento. Si se consideran únicamente las transferencias automáticas, excluyendo leyes complementarias y compensaciones, la disminución real habría sido del 7,4 por ciento.
Al analizar el comportamiento de las transferencias automáticas por provincia, todas las jurisdicciones salvo Salta mostraron caídas reales. La brecha entre la mayor y la menor variación fue de 7,6 puntos porcentuales, con CABA registrando la baja más significativa (7,2%) y Salta siendo la única con un aumento (0,4%). En el caso de CABA, Tucumán y La Rioja, la reducción estuvo vinculada a una menor participación en leyes especiales y compensaciones, que crecieron 36% en términos reales frente al año anterior. Salta, Buenos Aires y Catamarca se destacaron por recibir una mayor proporción de estos fondos dentro del esquema de reparto.
