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El proyecto de reforma del sistema de concursos para la selección de magistrados que impulsa la Corte Suprema de Justicia de la Nación sumó durante el miércoles un fuerte respaldo del sector empresarial, que valoró la iniciativa como un paso clave para mejorar la transparencia, reducir la discrecionalidad y fortalecer la calidad institucional.
Diversas entidades coincidieron en que los cambios propuestos apuntan a corregir uno de los principales déficit históricos del sistema de designación de jueces: la falta de criterios objetivos y previsibles.
En ese marco, entidades como IDEA expresaron su apoyo al proyecto y sostuvieron que la reforma introduce herramientas que mejoran la evaluación técnica de los candidatos y aportan mayor confianza al proceso.
Por su parte, Amcham dijo que "resulta fundamental que el Consejo de la Magistratura avance en el tratamiento con celeridad, priorizando el interés general" y la independencia de la Justicia.
"Hoy el sistema judicial argentino tiene debilidades críticas: opacidad en los Concursos Públicos del Consejo de la Magistratura y una gran cantidad de vacantes. Estas falencias impactan directamente en su eficacia y en la seguridad jurídica", agregó la cámara argentino-norteamericana.
Desde ACDE, en tanto, destacaron, "a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la importancia de que los candidatos a ser designados sean independientes, imparciales, prudentes e íntegros. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas, su independencia los tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones que contaminan las decisiones que ellos tienen que tomar".
A esos avales se sumó también el Grupo de los Seis, que nuclea a las principales cámaras empresarias del país. A través de un comunicado, la entidad destacó que la propuesta de la Corte está orientada a “reducir la discrecionalidad y fortalecer la objetividad en los procesos de selección” de los jueces, dos ejes que el sector considera centrales para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
El G6 puso el foco en aspectos concretos de la iniciativa que, a su entender, representan avances significativos. Entre ellos, mencionó la menor ponderación de las entrevistas personales -cuestionadas por su componente subjetivo y el peso de la política-, la implementación de concursos anticipados para agilizar la cobertura de vacantes y la incorporación de mayores garantías de transparencia y anonimato en las evaluaciones escritas.
Según señalaron, estos cambios contribuyen a configurar un sistema “más equitativo, competitivo y previsible”, en el que el mérito y la idoneidad técnica de los postulantes tengan un peso determinante. En esa línea, remarcaron que la previsibilidad en la selección de magistrados es un elemento clave para reducir la incertidumbre institucional.
“El fortalecimiento de un Poder Judicial independiente, eficiente y basado en el mérito es una condición esencial para la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo económico”, afirmaron desde el G6, alineándose con una demanda histórica del sector empresario en torno a la necesidad de reglas claras y estables.
Además, la entidad instó al Consejo de la Magistratura de la Nación a avanzar con rapidez en el tratamiento del nuevo reglamento. “Su aprobación con celeridad constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país”, plantearon, al tiempo que subrayaron la importancia de evitar demoras en un contexto de numerosas vacantes judiciales.
El respaldo empresario se suma al de distintos sectores del ámbito jurídico y académico que también acompañaron la iniciativa presentada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti. La propuesta fue aprobada por acordada y ya fue remitida al Consejo de la Magistratura para su consideración.
El proyecto plantea una reforma integral del sistema de concursos, con eje en el mérito, la transparencia y la trazabilidad de los procesos, en un escenario atravesado por la existencia de más de 200 cargos judiciales vacantes en todo el país, lo que impacta directamente en la eficiencia del sistema de justicia.
En el mundo empresarial coinciden en que la iniciativa responde a un reclamo persistente por mayor calidad institucional y reglas más claras en la designación de magistrados. Consideran que un sistema judicial más previsible no solo mejora el funcionamiento del Estado de Derecho, sino que también resulta determinante para atraer inversiones, fomentar la actividad económica y consolidar la confianza en el país.
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