La escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz impulsó la cotización del barril de crudo Brent por encima de la barrera de los u$s100 durante la última semana de marzo. Ante este escenario de volatilidad global, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía coordinaron una serie de medidas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, orientadas a mitigar el traslado de esos costos internacionales al precio de venta al público en las estaciones de servicio.
La principal herramienta fiscal utilizada fue el Decreto 217/2026, que dispuso una nueva postergación en la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). La normativa sustituyó las fechas de aplicación previstas en decretos anteriores, trasladando el incremento que debía regir desde hoy hacia el 1° de mayo de 2026. Esta decisión administrativa permite congelar durante 30 días adicionales un componente que, por ley, debía ajustarse según la inflación del último trimestre.
El diferimiento impositivo funciona como un colchón para las empresas refinadoras, que enfrentan una presión creciente por el costo del crudo local, el cual se rige por la paridad de exportación menos retenciones. Al retirar la carga tributaria del esquema de costos de abril, el Gobierno Nacional busca que el ajuste en surtidores tenga una presión inflacionaria significativamente menor al que requeriría la dinámica del mercado internacional, priorizando la estabilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según datos de la consultora Economía & Energía (EyE), esta postergación no es gratuita para las arcas públicas, y solo en marzo la decisión de no aplicar la alícuota plena significó una pérdida de recaudación estimada en u$s147 millones, acumulando unos u$s429 millones en lo que va del primer trimestre del año.
En forma complementaria, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 81/2026, firmada por la secretaria María Tettamanti, que establece los nuevos valores para el mercado de los biocombustibles. La norma fijó en $1.808.690 por tonelada el precio de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. Este valor representa una baja nominal del 1,85% respecto a los niveles de marzo, cuando el precio regulado se ubicaba en $1.842.796 por tonelada.
La reducción del precio del biodiésel es una medida de excepción en un contexto de costos al alza, diseñada para abaratar el componente biológico del corte obligatorio que realizan las petroleras. Al reducir el costo de este insumo, que representa una porción relevante de cada litro de gasoil grado 2 y grado 3, se genera un margen adicional para que las refinadoras absorban parte de la suba del petróleo fósil sin afectar su rentabilidad operativa.
Otro punto destacado de la Resolución 81/2026 es la modificación de los plazos de pago para el sector de los biocombustibles. La normativa estableció que el pago de las operaciones no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de factura. Esta medida busca otorgar previsibilidad financiera a las pequeñas y medianas empresas del sector (pymes), garantizando la fluidez del suministro hacia las plantas de mezclado de las grandes operadoras de refinación.
El despliegue de esta "pinza regulatoria" refleja la preocupación oficial por el impacto de la logística sobre el resto de la cadena de precios. Un salto en los combustibles durante abril pondría en riesgo la tendencia de desinflación que busca consolidar el Palacio de Hacienda.
A diferencia de crisis anteriores, donde la falta de producción local obligaba a importar volúmenes masivos de gasoil a precios spot, la actual disponibilidad de crudo y gas permite al sector tener un mayor control sobre los costos de generación y refinación. La estrategia de "Operativo surtidor" del ministro de Economía Luis Caputo se apoya en esta capaciadd productiva para utilizar el biodiésel y los impuestos como herramientas de estabilización macroeconómica frente a los shocks externos.
Desde el sector de las estaciones de servicio y las cámaras de transporte, la medida se recibió como un alivio temporal, aunque persiste la expectativa sobre el comportamiento de la brecha cambiaria y la evolución del Brent en las próximas semanas. El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo establece que el beneficio impositivo vence al finalizar abril, lo que anticipa un escenario de negociación para mayo.
La baja en el precio del biodiésel también envía una señal al mercado de oleaginosas. Al fijar un valor en pesos con plazos cortos de pago, la Secretaría de Energía intenta desvincular el costo del insumo local de la dinámica exportadora del aceite de soja, garantizando que el mercado interno tenga un abastecimiento seguro y a precios competitivos frente a la alternativa del crudo importado.
En términos de recaudación, el diferimiento de los impuestos ICL e IDC representa una renuncia fiscal transitoria, pero el equipo económico evalúa que el costo de oportunidad de un salto inflacionario derivado del transporte sería superior. La prioridad técnica en este primer trimestre de 2026 fue evitar que la crisis en el mar Rojo y los estrechos globales se tradujera en una pérdida de poder adquisitivo inmediata para el consumidor de la Argentina.
Para complementar la estrategia de contención de precios, la Secretaría de Energía implementó la semana pasada una flexibilización en los límites de mezcla obligatoria, permitiendo a las empresas refinadoras una mayor integración de biocombustibles en sus cortes finales.
Esta medida faculta a las operadoras a elevar el contenido de bioetanol en las naftas por encima de los mínimos establecidos por la Ley 27.640, bajo un esquema de adhesión voluntaria que busca optimizar la estructura de costos de producción local.
La lógica técnica de esta convergencia regulatoria responde a la brecha de precios existente entre el crudo Brent —presionado por la crisis en el estrecho de Ormuz— y los derivados de origen vegetal producidos en la Argentina. Al incrementar el porcentaje de corte con insumos bio, cuyo valor en pesos fue reducido mediante la Resolución 81/2026, las refinadoras logran promediar un costo de salida de refinería más bajo.
Al permitir que el biodiésel y el bioetanol asuman una mayor cuota del mercado de combustibles líquidos, se reduce la presión sobre el stock de destilados fósiles y se aprovecha la capacidad instalada de las plantas procesadoras de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Esta integración más profunda entre el complejo agroindustrial y el sector petrolero se consolida así como el tercer pilar del "operativo surtidor" para transitar el mes de abril.
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