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El Gobierno oficializó este miércoles que aplazará la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, en una nueva señal de que prioriza evitar un impacto en la inflación en el corto plazo en medio de un incremento global del precio de la energía.
La medida quedó formalizada en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se justificó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario (…) volver a diferir los incrementos remanentes”.
Se trata de un mecanismo que la administración viene utilizando de manera recurrente: postergar los ajustes pendientes para suavizar el traslado a precios sin afectar de lleno la recaudación.
Ese punto es clave dentro de la estrategia oficial. El Gobierno no evalúa una baja del impuesto como mecanismo para abaratar las naftas y evitar un impacto, ya que la prioridad sigue siendo sostener el superávit fiscal, considerado el principal ancla del proceso de desinflación y de la estabilidad monetaria.
Los números explican esa decisión. En el primer bimestre de 2026, la recaudación por los impuestos a los combustibles alcanzó los $870.558 millones, equivalentes a más de USD 600 millones o cerca de 0,1% del PBI. Se trata de un ingreso relevante en un esquema fiscal que busca evitar cualquier deterioro.
La postergación del impuesto llega en un contexto de fuerte presión sobre los precios de los combustibles. Impulsada por la suba internacional del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente, la nafta súper acumuló un alza cercana al 18% en marzo y ya se acerca a los $2.000 por litro en algunas zonas.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo viene desplegando medidas para amortiguar el impacto en los surtidores. Una de ellas fue habilitar a las refinadoras a elevar de manera voluntaria el corte de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, por encima del 12% obligatorio.
La flexibilización, instrumentada por la Secretaría de Energía, implicó un ajuste técnico en el límite de oxígeno permitido en los combustibles, con el objetivo de permitir una mayor incorporación de biocombustibles sin alterar los estándares de calidad.
En los hechos, esa decisión apunta a reducir la proporción de derivados del petróleo en la mezcla final, lo que podría ayudar a moderar costos en un contexto de precios internacionales en alza.
Así, entre la postergación del impuesto y la mayor flexibilidad en la mezcla de combustibles, el Gobierno busca transitar un delicado equilibrio: contener el impacto inflacionario de la energía sin poner en riesgo uno de los pilares de su programa económico, el superávit fiscal.
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