El Gobierno decidió ganar tiempo frente a un precio sensible para el bolsillo y para la inflación como el de los combustibles. Mediante el Decreto 217/2026, publicado este miércoles 1 de abril en el Boletín Oficial, postergó otra vez la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, de modo que el ajuste pendiente recién se aplicará desde mayo. La maniobra busca evitar otro aumento en los surtidores justo cuando el petróleo sigue bajo presión por la guerra en Medio Oriente.
El texto oficial modifica el decreto 617/2025 y reemplaza dos fechas clave: donde decía que el diferimiento parcial regía “entre el 1° y el 31 de marzo de 2026”, ahora pasa a decir “entre el 1° de marzo y el 30 de abril de 2026”; y donde la aplicación efectiva de los aumentos estaba fijada para el “1° de abril de 2026”, ahora se la traslada al “1° de mayo de 2026”.
Javier Milei tildó de "trasnochados" a economistas que concederían más inflación a cambio de mayor crecimiento
En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y por eso consideró necesario “volver a diferir los incrementos remanentes” de esas actualizaciones.
El decreto recuerda además que esos montos se ajustan por IPC y que la mecánica legal prevé actualizaciones trimestrales, en enero, abril, julio y octubre, con intervención de ARCA sobre la base de la evolución del índice de precios del INDEC.
Nafta: el consumidor se encuentra con que “el 47% del precio del combustible son impuestos”
La medida vuelve a mostrar el uso de los combustibles como ancla parcial para contener la dinámica inflacionaria. No se trata de una decisión aislada: el propio decreto enumera una cadena de postergaciones previas instrumentadas a través de los decretos 617/2025, 699/2025, 782/2025, 840/2025, 929/2025, 74/2026 y 116/2026, que fueron administrando el traslado del impuesto al precio final en surtidor.
El contexto internacional agrega presión a esa estrategia. Este miércoles, Reuters reportó que el Brent caía 1,1% hasta los US$102,89 por barril, después de haber perforado momentáneamente la barrera de los US$100, en una rueda de fuerte volatilidad marcada por la expectativa de una posible desescalada en la guerra con Irán. Aun con ese retroceso, el mercado energético sigue bajo tensión y los operadores mantienen la mirada puesta en el Estrecho de Ormuz y en la evolución del conflicto.
Ese frente externo es justamente el que explica buena parte de la cautela oficial. Reuters señaló además que las bolsas globales rebotaron con fuerza por la expectativa de que Estados Unidos pueda poner fin a sus ataques a Irán en “dos a tres semanas”, según dijo Donald Trump, pero el propio mercado sigue operando “más sobre la idea de esperanza que sobre certezas”, como resumió Michael Brown, estratega de Pepperstone. Es decir: el alivio en los activos financieros todavía convive con un escenario geopolítico frágil.
Para la Argentina, la cuenta es conocida. Cada suba de los combustibles tiene efecto directo sobre el bolsillo e impacto indirecto sobre transporte, logística y costos empresarios. Por eso, el Gobierno optó otra vez por ganar tiempo y evitar que el componente impositivo se sume en abril a la presión del crudo. El problema es que esa decisión también acumula ajuste pendiente y posterga ingresos fiscales que, más adelante, deberán volver a discutirse en la tensión entre recaudación, inflación y precio en surtidores. Esa pulseada, una vez más, quedó trasladada para mayo.
