¿Logrará la gestión de Javier Milei abrir el camino hacia una confianza de largo plazo?
Hasta el presente, y a pesar de los avances en términos legislativos y regulatorios introducidos por la Ley 26.831 y las reformas posteriores de la Ley 27.440, así como de la continua actualización impulsada por la Comisión Nacional de Valores, el mercado de capitales en Argentina continúa siendo de escasa dimensión y bajo atractivo relativo, sin lograr canalizar un flujo sostenido de financiamiento hacia la oferta pública comparable al de otras economías de la región.
El gobierno que asumió en diciembre de 2023 aportó, como primer resultado relevante, evitar un escenario de hiperinflación de magnitud similar al experimentado en el período de la hiperinflación argentina de 1989-1990. El giro en las expectativas fue abrupto, reflejando una decisión social mayoritaria de abandonar una dinámica de crisis considerada inevitable y apostar a un programa económico sin antecedentes de gestión, pero percibido como una alternativa frente a un escenario extremo.
Este episodio se inscribe en una trayectoria más amplia: la economía argentina ha transitado, en las últimas décadas, una sucesión de enfoques de política económica -heterodoxos y ortodoxos- que más allá de sus diferencias, no han logrado consolidar un sendero sostenido de confianza, credibilidad y crecimiento.
El modelo libertario a partir de 2023, fue percibido como “confuso” en sus etapas iniciales, en parte debido a la simultaneidad y urgencia de las reformas propuestas. No obstante, implicaba una redefinición más radical del rol del Estado y de la política económica.
Propuestas como la dolarización, la eventual eliminación de la moneda local y del sistema monetario formó parte del marco conceptual inicial, aunque posteriormente fueron postergadas —o eventualmente descartadas— frente a restricciones institucionales, macroeconómicas y de implementación, tales como la ausencia de reservas suficientes, financiamiento externo y ahorro privado dispuesto a sostener el proceso.
A dos años del inicio de la gestión, se observan avances concretos junto con persistentes zonas de indeterminación.
En este marco, la cuestión central ya no reside únicamente en la validez del diagnóstico, sino en la capacidad de la política económica para traducir la velocidad y consistencia de los ajustes en un proceso sostenido de construcción de confianza de largo plazo. En particular, el período crítico hacia 2027 constituirá un punto de inflexión para evaluar si los avances logrados se consolidan en términos de credibilidad intertemporal o si, por el contrario, tienden a diluirse.
La construcción de confianza de largo plazo y la consistencia intertemporal constituyen dimensiones complementarias de la credibilidad de la política económica.
Mientras la primera refiere a la formación de expectativas estables por parte de los agentes económicos, la segunda alude a la capacidad del gobierno de sostener en el tiempo políticas coherentes con los compromisos asumidos.
La ausencia de cualquiera de estas dimensiones tiende a erosionar la efectividad de las políticas, limitando su impacto sobre la inversión, el ahorro y el crecimiento.
Un ejemplo ilustrativo puede observarse en la evolución de los tipos de cambio en economías de América Latina durante la última década. Países como México, Chile o Brasil exhiben trayectorias que, con matices, reflejan cierta estabilidad relativa, consistente con niveles de inflación moderados y previsibilidad macroeconómica. En contraste, la dinámica de Argentina revela una volatilidad extrema, incompatible con la formación de expectativas de largo plazo.
La construcción de escenarios futuros en economías estables se apoya en supuestos relativamente previsibles, basados en trayectorias consistentes en el tiempo, independientemente de los cambios políticos. En el caso argentino por el contrario, la elaboración de proyecciones requiere incorporar supuestos adicionales vinculados a su propia inestabilidad estructural.
En este sentido, la construcción de credibilidad intertemporal no puede ser el resultado de un único ciclo de gobierno, sino que probablemente requiera períodos prolongados de estabilidad -más cercanos a décadas que a años-. Este aspecto constituye un factor clave para evitar extrapolaciones excesivamente optimistas basadas en logros de corto plazo.
Argentina ha registrado avances significativos en el plano normativo del mercado de capitales.
La Ley 26.831 introdujo reformas estructurales relevantes, reemplazando a la Ley 17.811, mientras que la Ley 27.440 amplió el conjunto de instrumentos disponibles y facilitó el financiamiento de empresas y proyectos a través de la oferta pública.
La Comisión Nacional de Valores ha promovido una actualización regulatoria continua orientada a alinear el sistema con los requerimientos del mercado, incorporando cambios que mejoran el atractivo de instrumentos como los Fondos Directos de Inversión Inmobiliaria, Fideicomisos Inmobiliarios, el régimen de Tokenización para inversiones entre otros.
Sin embargo, la profundidad efectiva del mercado de capitales continúa siendo limitada. La reducida participación de empresas en la oferta pública, junto a otros factores como la evasión fiscal, la informalidad y el desconocimiento de los instrumentos disponibles, restringen su potencial como canal de financiamiento.
En consecuencia, el desafío ya no es exclusivamente regulatorio, sino institucional y cultural: requiere alinear incentivos, mejorar la confianza y promover una mayor integración entre el sistema financiero y la economía real.
