El Gobierno argentino sumó al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET) a la Guardia Revolucionaria de Irán. Así lo comunicó la oficina de Presidencia en un extenso comunicado que compartió en sus redes sociales.
El texto comienza recordando que “la República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en .la década de 1990 por el brazo operativo del CGRJ en la región, la organización Hezbolá. El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, causando 29 muertos y más de 200 heridos. Apenas dos años después, el 18 de julio de 1994, un segundo ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), arrojando un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, constituyendo el peor ataque terrorista en suelo argentino”.
A continuación, agrega que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria. En virtud de ello, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien fue recientemente designado al frente del CGRI. De esta manera, el Gobierno Nacional dispuso Ja incorporación de la Guardia Revolucionaria íraní al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”.
En ese punto, el documento explica que “esta decisión, adoptada en coordinación entre Ja Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades licitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino. Su inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.
Para cerrar diciendo que “el Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son. Este Gobierno está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
Esta medida, que pondrá a la Argentina otra vez ante la furia del gobierno islámico de Irán, obedece a un pedido directo del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y tendrá consecuencias judiciales y diplomáticas.
En una videollamada, el canciller israelí solicitó a representantes diplomáticos de América latina que traten a la Guardia Revolucionaria y a Hezbolá como organizaciones terroristas. En la reunión participaban los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Bolivia, Ecuador y Panamá, y los viceministros de Argentina, Honduras, Costa Rica y Perú.
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También Marco Rubio, el Secretario de Estado de Donald Trump, solicitó a sus embajadas en todo el mundo que pidan a los gobiernos de sus países anfitriones sumarse a esta declaración, invocando razones de seguridad global.
Esta medida de alineamiento en términos de seguridad implica en la práctica restricciones para operar en el sistema financiero argentino, incluyendo el congelamiento de activos. También funciona como un aval para investigar más a fondo posibles conexiones locales.
La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC o Pasdarán) es un cuerpo militar de élite de Irán, creado en 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini tras la Revolución Islámica. Su función principal es proteger el régimen teocrático y la revolución islámica, tanto de amenazas internas (represión de protestas a través de la milicia Basij) como externas. A diferencia del ejército regular, responde directamente al Líder Supremo (actualmente Alí Jamenei) y no al gobierno civil. Posee fuerzas terrestres, navales, aéreas, misiles y un fuerte componente económico e inteligencia.
La Fuerza Quds (o Fuerza Jerusalén) es la rama de operaciones exteriores y élite de la Guardia Revolucionaria. Se especializa en guerra asimétrica, inteligencia militar, entrenamiento, financiamiento y coordinación de grupos proxy (como Hezbollah en Líbano, milicias en Irak, Siria o Yemen). Su nombre alude a la “liberación” de Jerusalén y opera de forma encubierta para extender la influencia iraní sin involucrar directamente al ejército convencional.
La Justicia argentina, siguiendo la investigación del fiscal Alberto Nisman y la UFI AMIA, atribuye a altos mandos de la Guardia Revolucionaria y específicamente a la Fuerza Quds un rol clave en los atentados terroristas de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), ejecutados con participación de Hezbolá.
Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Quds y acusado como uno de los responsables intelectuales del ataque a la AMIA, fue designado en 2026 jefe de la Guardia Revolucionaria. Eso lo convirtió en uno de los militares iraníes más intensamente perseguidos por las fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos. Si bien hace unos días corrió el rumor de que lo habían matado, hasta ahora no hay confirmación de este suceso, pero tampoco ha dado pruebas recientes de vida.
En enero de 2026, el gobierno argentino declaró a la Fuerza Quds como organización terrorista, junto a 13 individuos vinculados, imponiendo sanciones financieras. Irán rechazó la medida y advirtió que daría una “respuesta adecuada”. Argentina mantiene pedidos de captura internacional (alertas rojas de Interpol) contra varios iraníes implicados, y el caso sigue impune.
