El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se posiciona como el eje central de la reforma laboral y es considerado una herramienta clave para el desarrollo del mercado de capitales en Argentina que busca el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, tras la medida cautelar dictada por la Justicia, agentes del mercado advierten que el proceso de reglamentación podría verse demorado, alterando los plazos previstos por ley. En paralelo, el Gobierno comunicó que apelará la resolución judicial y continuará con la elaboración de la normativa, con el objetivo de mantener el cronograma oficial y los planes vinculados al fondo.
El FAL fue diseñado para reemplazar la tradicional indemnización por despido, una ayuda especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según fuentes oficiales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) consultadas por Infobae, la reglamentación requiere varios pasos previos: primero, el decreto reglamentario de la ley; luego, las resoluciones del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Solo después de que se cumplan esas estapas, la CNV podrá publicar su normativa en el Boletín Oficial.
La reciente suspensión de artículos clave de la reforma laboral, resultado de una acción judicial iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT), inyectó incertidumbre al proceso. Esta medida, dictada el lunes pasado, motivó que el Ministerio de Capital Humano anunciara que apelará la decisión. El entramado burocrático y la superposición de competencias estatales profundizan la inestabilidad en el sector financiero, que observa cómo se dilatan las definiciones sobre el FAL.
El sector financiero argentino enfrenta un escenario de incertidumbre tras la suspensión de la reforma laboral por parte de la Justicia. Aunque el Gobierno anticipó que apelará la medida y mantiene el cronograma previsto, representantes del mercado financiero advierten que la reglamentación del FAL podría retrasarse, afectando la operatividad y los plazos originalmente establecidos.
Entre los actores más involucrados figuran los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), quienes siguen de cerca el desarrollo normativo. Referentes de ditintas ALyCs, en diálogo reservado con este medio, definieron la cautelar como una “traba política” y manifestaron que la CNV debe avanzar en la reglamentación de manera independiente a la resolución judicial. Subrayaron que los plazos fijados por la Ley 27.082 exigen que el esquema esté operativo para el 1° de junio, lo que incrementa la presión sobre los operadores del mercado.
Otra fuente dentro de las sociedades de bolsa sostuvo que, en principio, la cautelar no afectaría el avance del proceso, ya que el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la decisión. Mientras continúa el litigio, los agentes se mantienen activos en los preparativos para la eventual implementación del fondo, a la espera de novedades sobre la publicación de la normativa.
Ante la consulta a fuentes oficiales del Ministerio de Economía, aseguraron que continúan trabajando en la reglamentación a pesar de la medida cautelar que dictó el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda. No obstante, no pudieron dar precisiones respecto a cuándo se publicará en el Boletín Oficial, una vez que el Gobierno apele la medida cautelar.
Hace pocos días, el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, encabezó una reunión con representantes de fondos comunes de inversión, fiduciarios financieros, agencias de liquidación y compensación, la Cámara de Agentes de Bolsa, la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).
Durante el encuentro, la CNV se comprometió a publicar en los próximos 15 días una resolución parcial en el Boletín Oficial, permitiendo a los fondos comunes de inversión y las sociedades de bolsa avanzar en sus preparativos previos a la entrada en vigencia del FAL. Según comentaron a Infobae de uno de los principales ALyCs, la presentación se tramitaría de forma abreviada mediante un procedimiento automático de la CNV para cumplir con los plazos ajustados.
Hasta ahora, una de las cuestiones clave que fijó la Ley 27.082, es que los fondos y fideicomisos no podrán cobrar más del 1% por honorario de administración total. Además, se estima que el 80% de las carteras deberá invertirse en títulos soberanos y, según agentes del mercado local, no se autorizaría la inversión en Cedears.
“Sabemos que se va a tener que invertir en instrumentos soberanos, va a ser una inyección de capital importante lo que es el mercado de capitales, que entendemos que van a ser entre USD 2.500 millones y USD 5.000 millones por año”, destacaron en una importante ALyC a este medio en off the record luego del encuentro con las autoridades de la CNV.
La indefinición normativa genera preocupación entre los distintos segmentos del sistema financiero, que deben prepararse para operar un fondo cuya reglamentación y cronograma aún no están definidos. La combinación de disputas judiciales, demoras administrativas y superposición de competencias entre organismos estatales mantiene al sector en constante alerta, obligando a los actores a seguir de cerca la evolución tanto en la Justicia como en el Ejecutivo.
Las fuentes consultadas por Infobae coinciden en que la reglamentación del Fondo para indemnizaciones debe avanzar de manera autónoma respecto de los tiempos judiciales. La expectativa principal está puesta en la publicación de los instrumentos legales que habiliten la intervención de la CNV y de otras áreas estatales con competencia en la materia.
El corto plazo para la implementación y la falta de definiciones mantienen un margen de maniobra reducido para los agentes del mercado. El cruce entre la medida cautelar, la apelación del Gobierno y la ausencia de avances normativos configura un escenario de demoras, expectativas y tensión política que mantiene en vilo al sistema financiero argentino.
