Este martes por la noche, el Gobierno oficializó la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista” y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Se trata de una medida que tendrá impacto directo en el plano judicial, diplomático y de seguridad.
“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.
A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Luego de que los hechos fueran investigados judicialmente, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. A partir de esto, se ordenó la inclusión de la fuerza iraní en el RePET, en conjunto con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular del CGRI, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes.
“El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, destacaron las autoridades a través de un comunicado.
Acto seguido, ratificaron que la decisión buscará que “la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
La decisión del Gobierno argentino responde a un doble contexto: por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, que involucra enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel; y por otro, la historia reciente de Argentina, marcada por dos atentados terroristas que la Justicia local atribuyó a estructuras vinculadas al régimen iraní.
Ese antecedente otorgó a la decisión del Gobierno un componente específico: no se trata únicamente de un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos o Israel, sino de una medida que se vincula con causas judiciales abiertas en Argentina y con un reclamo histórico de justicia.
La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales, según pudo confirmar Infobae. Además, la medida fortalecerá los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.
La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y evolucionó hasta convertirse en una estructura central del sistema político iraní. Funciona como un cuerpo paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.
Además de su capacidad militar, la Guardia tiene presencia en sectores económicos clave, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura. Su poder excede lo institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.
Su brazo más relevante en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán. A través de esa unidad, el régimen articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.
Ese despliegue internacional constituye uno de los fundamentos para su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países. Estados Unidos la declaró organización terrorista en 2019, en una decisión que sentó precedente al involucrar a una estructura estatal.
En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria se consolidó como el principal instrumento de la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Desde esa estructura se coordinaron ataques con misiles y drones contra distintos objetivos en la región, reforzando su papel en la escalada bélica.
La escalada también se reflejó en su conducción. Parte de su cúpula fue alcanzada por ataques selectivos, lo que derivó en cambios internos y en una mayor centralidad de la organización dentro del régimen iraní.
En este contexto, vuelve a tomar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su rol refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.
Desde el punto de vista operativo, la incorporación al RePET permitirá avanzar sobre circuitos financieros, detectar activos y bloquear operaciones vinculadas a la organización en el país. También habilita a los organismos de seguridad a profundizar el monitoreo de posibles conexiones locales.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer su política frente al terrorismo internacional, en línea con estándares internacionales y con el contexto global actual.
En el caso argentino, la medida adquiere una dimensión propia: la de dos atentados que siguen marcando la agenda judicial y política del país, y que colocan a la Guardia Revolucionaria —de manera directa o indirecta— dentro de ese entramado de responsabilidades que aún se intenta esclarecer.
