La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.
Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.
A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.
Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.
“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.
El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.
A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.
En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.
El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.
“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.
En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.
El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.
El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.
“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.
Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.
En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.
Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.
Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.
“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.
