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Chile estrena un nuevo gobierno que representa un giro profundo respecto a la orientación política de la administración saliente. En línea con las corrientes políticas que se observan en el mundo, en los últimos años el electorado chileno también ha oscilado entre posiciones más extremas. Los partidos de centro izquierda y centro derecha que protagonizaron la transición política del país tras el fin de la dictadura han perdido fuerza y han surgido movimientos políticos más alejados del centro a ambos lados del espectro político.
Pese a estos cambios, que tuvieron su manifestación más dramática en el estallido social de fines de 2019, Chile ha podido mantenerse en los primeros lugares en el Bertelsmann Transformation Index (BTI), que mide la transformación hacia la democracia y economía de mercado de 137 países, así como la calidad de su gobernanza. En la edición 2026 del BTI, Chile se ubica en el puesto número 5 en transformación política, en el puesto 11 en transformación económica y en 6 en cuanto a calidad de su gobernanza.
Parte de la explicación tras estos buenos resultados en este ambiente de aparente radicalización política y del carácter pendular que muestran los resultados de las elecciones de los últimos 15 años –en las últimas cinco elecciones siempre ha ganado la oposición—es que, en la práctica, el entorno político e institucional impidió que se terminaran aplicando políticas rupturistas.
Los ejemplos más claros son la salida institucional a la crisis de fines del 2019 –con un acuerdo para discutir una nueva constitución—y la evolución del gobierno del presidente Gabriel Boric que recién concluye. Boric y la coalición que lo llevó al poder –conformada por un grupo de partidos de izquierda surgidos de distintos movimientos estudiantiles radicales, más el Partido Comunista y, como vagón de cola, los antiguos partidos de centro izquierda que gobernaron durante las dos primeras décadas tras el retorno de la democracia.
Las elecciones a la Convención Constituyente en el 2021 dieron un triunfo contundente a la izquierda radical, que elaboró una propuesta que refundaba buena parte de la economía y la organización política del país y que fue apoyada por el recién asumido gobierno de Boric. La nueva constitución, en línea con el gobierno, buscaba ser la tumba del neoliberalismo.
Pero, sorpresa, la propuesta fue rechazada en referéndum por dos tercios de los votantes. Boric fue lo suficientemente inteligente como para leer el mensaje de este fracaso y moderó su gobierno, nombrando en puestos clave a políticos de los partidos de centro izquierda que habían gobernado en años anteriores.
Tras el fracaso del primer proyecto constitucional se convocó a una nueva elección para redactar una nueva propuesta. Esta vez el control lo ganó el partido Republicano, escisión a la derecha de los partidos de centro derecha que habían dominado el escenario político de las últimas décadas. El nuevo proyecto, radicalmente conservador, también fue rechazado en referéndum, con lo que Chile ha debido seguir funcionando con la Constitución redactada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (aunque profundamente modificada durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos).
¿Significa esto que Chile ha vuelto al cauce de la moderación y los consensos? Puede ser. Si bien en la elección presidencial de fines del año pasado los candidatos que pasaron a segunda vuelta pertenecían a movimientos más bien alejados del centro --la comunista Jeannette Jara como el derechista José Antonio Kast--, ambos adoptaron discursos moderados durante la campaña final.
En todo caso, la evolución política de Chile ha encendido luces amarillas respecto a su calidad institucional. Por un lado, la reforma del sistema político del 2015, si bien profundizó la representatividad democrática, fomentó la relativa atomización de los partidos, dificultando la gobernabilidad y fomentando actitudes populistas y demagógicas.
Por otro lado, el equilibrio fiscal, columna vertebral de la estabilidad económica de Chile, se ha ido resquebrajando, primero a raíz de la emergencia de la pandemia y posteriormente con el incumplimiento sistemático de las metas de déficit en los últimos diez años, que se han ahondado particularmente durante el gobierno del presidente Boric. La deuda pública está en algo menos del 42% del PIB, preocupantemente cerca del 45% considerado como límite prudencial.
Otro frente es el de la corrupción. Si bien Chile se mantiene lejos de los niveles de otros países de la región, notorios escándalos de corrupción tanto asociados al gobierno como en el poder judicial, muestran una tendencia hacia la degradación y han afectado profundamente la confianza de la ciudadanía en los poderes del estado y en el valor de la democracia.
Este entorno también ha abierto la puerta a propuestas que rayan en el populismo. El denominado Partido de la Gente, que no cuenta con ideas políticas claras, tan solo propuestas de soluciones simples a problemas complejos, obtuvo el 20% de los votos en la primera vuelta presidencial. “Ni facho ni comunacho”, fue su leitmotiv en la campaña.
Chile, sin embargo, está dando muestras de buscar mantener los equilibrios que le han dado estabilidad. Ya se ha abierto el debate para una nueva reforma al sistema político para corregir los excesos generados por la anterior, mientras que el nuevo gobierno ha puesto entre sus prioridades recuperar el equilibrio fiscal y la nueva presidenta de la Corte Suprema viene precedida de un aura de corrección y firmeza para atacar el deterioro reputacional de ese poder.
La calidad institucional de Chile ha sufrido golpes, pero se mantiene. El desafío para el nuevo gobierno y para la clase política en general es seguir avanzando en los cambios que la nueva realidad requiera, pero sin poner en riesgo un sistema que llevó al país a los mayores niveles de prosperidad registrados en su historia.
periodista y Director del Consejo Consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
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