En un intento de retomar el control de la agenda en medio del escándalo que tiene al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el centro de la escena, el Gobierno reflotó la Ley de hojarascas. La iniciativa busca derogar unas 70 leyes. Entre ellas, la “Ley del Lobizón”, la del “carnet de mochilero” y la que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona.
En un intento de retomar el control de la agenda en medio del escándalo que tiene al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el centro de la escena, el Gobierno volvió a presentar la ley Hojarasca en Diputados. La iniciativa, que tiene como impulsor al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca derogar unas 70 leyes que quedaron en el plano “declarativo”; que fueron superadas por normativas posteriores o que quedaron obsoletas por los avances tecnológicos. Entre ellas la “Ley del Lobizón”, la del “carnet de mochilero” o la que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona.
El viernes ingresó por Diputados, una vez más, el proyecto que tiene como autor al “Coloso”. Se trata de una iniciativa que ya había sido impulsada por el gobierno de Javier Milei, pero que jamás llegó a tratarse en la Cámara baja. Incluso, desde su cartera anunciaron que se impulsaría una segunda parte –aunque jamás se conoció. En diciembre, aquel texto perdió estado parlamentario y, ahora, el oficialismo le dará una segunda oportunidad.
El nombre del proyecto, que tiene un toque poético –y que se lo podría atribuir al hobby del ministro de escribir poesía– responde al significado literal de la palabra. “Hojarascas son las hojas que se caen y se desechan”, explicaron desde el entorno de Sturzenegger a Ámbito. Como fuere, el proyecto busca dejar atrás lo que “es exceso, inútil, sin propósito”.
Así es que la iniciativa apunta a derogar normas superadas por normas posteriores; leyes obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; leyes que afectan libertades individuales; leyes cuya derogación implica un avance en el proceso de desburocratización; normas que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; leyes sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales.
En el cúmulo de leyes que se buscan eliminar, son varias las que llaman la atención. Por caso, aquella que autoriza las emisiones de televisión a color. Está claro que la norma queda totalmente desactualizada, fundamentan desde el Ministerio, “cuando hoy vemos imágenes de video en nuestras redes sociales”.
Otra ley, que para Sturzenegger merece ser tildada de “ridícula” es la que establece el uso de la microfilmación para guardar documentos gubernamentales junto con aquella que otorga un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón. En los fundamentos de la ley, se recuerda que esa iniciativa proviene de la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y que va a contramano de los tiempos actuales, en los que se busca descarbonizar la economía.
El proyecto busca derogar una serie de leyes que, para Sturzenegger, “limitan la libertad individual”. Entre ellas se ubica una que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados. Para el ministro, “resulta una aberración frente a la Constitución Nacional”.
Reenviamos al Congreso la que llamamos "Ley Hojarasca" que deroga decenas de leyes obsoletas, vetustas y reñidas con la libertad. Es depuración normativa. Cuantas menos leyes más justicia. Como pide nuestro presidente @JMilei Argentina será el país más libre del mundo. VLLC!… pic.twitter.com/P4zDw6EIVA
También se intenta derogar la ley que crea el “carnet de mochilero” que, se supone, es obligatorio para quienes viajen “a dedo”. Entre los fundamentos, Sturzenegger señala que, si bien “parece inofensivo, buscaba poner en falta a quien transitaba libremente por el territorio nacional”.
El Gobierno también pone la lupa en la Ley N° 19.787, sancionada en 1972, durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en la que se declara de interés nacional la difusión de la “música argentina".
El asunto es que esa ley genera una clasificación de lo que es “música argentina” que, llamativamente, no incluye a toda la música generada por autores y compositores argentinos, sino a un listado de tipos de música que considera que sí son “música argentina”.
Según los fundamentos del proyecto, “esto es más grave todavía cuando la norma otorga beneficios impositivos a aquello que considera ‘música argentina’ y quedan excluidos aquellos artistas y compositores argentinos que desarrollan música que no encaja dentro de esa definición, violándose así claramente el principio de igualdad”.
Sturzenegger apunta contra la Ley N° 94 que fue sancionada en 1864. ¿Qué establece? Inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. En los fundamentos que acompañan al proyecto, se recuerda que la pena de azotes fue prohibida por la Constitución.
El oficialismo también busca barrer la Ley 16.789, sancionada en 1965 que va a contramano de las ideas libertarias. Es que el texto establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado que adquieran automóviles destinados a su servicio, “deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”.
¿Qué plantea el ministro desregulador? “El Estado debe priorizar utilizar el dinero de los contribuyentes de la manera más eficiente posible. La obligación de comprar automóviles fabricados en la industria nacional impone trabas para la eficiencia en el uso de los recursos nacionales y, por ende, perjudica a los ciudadanos”.
La ley de hojarascas apunta contra dos leyes vinculadas a organismos creados para integrantes del sector público que son financiados con fondos públicos nacionales.
Por un lado, aquella que crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina – “Círculo de Legisladores” y la que crea la Federación Argentina de Municipios. La iniciativa apunta a modificar ambas leyes, para que el financiamiento no provenga de las arcas del Estado Nacional.
Los diputados y senadores tampoco quedan exentos de la ley de Sturzenegger. El proyecto también busca erradicar la credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento, por considerarla un “privilegio”.
Sturzenegger no es el único que repara en la ley que establece la figura de “Padrinazgo Presidencial”. En varias oportunidades se intentó dejar atrás esta norma, pero sigue en pie.
Básicamente, esa ley establece que el séptimo hijo varón –con los años se incluyó a la séptima hija mujer– de un matrimonio, debe ser apadrinada por el Presidente. Y, al mismo tiempo, este tiene derecho a que el Estado le asegure “la realización gratuita de los estudios de nivel primario, secundario, universitario o especial que curse en establecimientos educativos oficiales”.
La iniciativa se sancionó en 1974, durante el gobierno de Isabel Perón. Y se basa en mitos y leyendas en los que el séptimo hijo varón se convierte en un lobizón. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, “se actualizó” la ley, para incluir a la séptima hija mujer.
La ley Hojarasca también barre con la obligación que tiene la Federación Colombófila Argentina de constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera, que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo.
“Constituye una sobrerregulación de una actividad tan inocua como las competencias de palomas”, fundamenta Sturzenegger. Entre otras cosas, se recuerda que hace más de un siglo que no se utilizan palomas mensajeras con fines de comunicación en tiempos de guerra.
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