Un encuesta nacional sobre 2.160 casos realizado entre el 10 y el 13 de marzo por DC Consultores confirma un cambio profundo en el clima político argentino: la sociedad empieza a redefinir quiénes deben protagonizar la política, qué tipo de peronismo emerge y cuál es la demanda más urgente: una transformación estructural de la Justicia.
El dato más disruptivo del informe aparece cuando se consulta qué figuras públicas deberían “meterse de lleno” en política. Allí, el empresario Marcos Galperin lidera con el 30,1%, seguido por el conductor Mario Pergolini (18,4%) y Diego Recalde (17,1%).
El fenómeno no es nuevo, pero sí se profundiza. La irrupción de outsiders en la política argentina tiene antecedentes claros: desde el propio Javier Milei hasta figuras como Carlos Reutemann o Palito Ortega, todos con trayectorias ajenas a la política tradicional.
La diferencia actual radica en el perfil buscado: ya no alcanza con la fama. El electorado parece demandar “gestores exitosos”, con experiencia en el sector privado o en la construcción de audiencias, antes que dirigentes formados en estructuras partidarias.
Encuesta: el 54 % de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno Nacional
El liderazgo de Galperin sintetiza ese “aspiracional empresario”: eficiencia, escala y resultados concretos, en contraste con un Estado percibido como ineficiente. La política, en este esquema, deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta de gestión.
Aníbal Urios de DC Consultores explica que "la idea era buscar perfiles no tanto personas y no nos llama la atención porque tanto Mario Pergolini como Alperín tienen características similares en cuant a emprendimiento. La constancia para obtener resultado, es visión de lo que ahora está buscando la gente".
El estudio también revela una reconfiguración interna del peronismo. Ante la pregunta sobre quién representa al “peronismo de derecha”, el exgobernador Juan Schiaretti encabeza con 39,1%, seguido muy de cerca por la vicepresidenta Victoria Villarruel con 35,6%.
El dato es doblemente significativo. Por un lado, confirma que existe un segmento importante que demanda un peronismo asociado al orden, la producción y valores más conservadores. Por otro, expone una transversalidad política inédita: Villarruel, proveniente del oficialismo libertario, es percibida como parte de ese universo peronista.
Este fenómeno refuerza la idea de que las identidades partidarias tradicionales están en crisis. El peronismo, más que un espacio cerrado, aparece como un territorio en disputa simbólica. Urios sostiene que "la idea de medir a Villarruel era buscar qué tipo de perfil quieren que vaya al peronismo. O sea, hoy ya hay una negación hacia el peronismo de izquierda y ciertas figuras. Basado en eso salimos a buscar que peronismo se está buscando en los tiempos actuales. Las estructuras no la van a elegir. Pero hay que ver al votante peronismo si Villarruel es un salvoconducto para no perder"
Si hay un eje que atraviesa toda la encuesta es el de la Justicia. El 39,6% de los encuestados la ubica como la principal reforma pendiente del gobierno, por encima de producción, educación y sistema electoral.
Además, el 52% considera que la Justicia es el principal problema vinculado a la inseguridad, mientras que la corrupción y la inestabilidad política son señaladas como el mayor freno al desarrollo del país.
No se trata de un reclamo abstracto. El estudio describe una demanda concreta: rapidez, severidad y un cambio integral del sistema judicial. Conceptos como “puerta giratoria” o la necesidad de “penas efectivas” aparecen con fuerza en el imaginario social.
En este sentido, la agenda pública parece haber corrido el eje: de la economía a las instituciones. El ajuste es tolerado —incluso respaldado— siempre que se traduzca en una transformación real del sistema que garantice reglas claras y castigo a la corrupción.
Los tres ejes —outsiders, peronismo en mutación y demanda de Justicia— convergen en un mismo fenómeno: el agotamiento del modelo político tradicional.
La sociedad ya no se define únicamente por identidades partidarias, sino por expectativas de gestión y resultados. En ese contexto, el “contrato de resiliencia” que sostiene al gobierno de Milei no es incondicional: está atado a la capacidad de avanzar sobre las reformas estructurales, especialmente en el plano judicial.
La advertencia es clara: si la política no logra responder a estas demandas, los outsiders —como ya ocurrió— seguirán encontrando una puerta de entrada. Y esta vez, con más legitimidad que nunca.
