Así lo refleja un documento del Registro de la Propiedad Inmueble. El jefe de Gabinete continúa en el centro del debate público por presuntos hechos de corrupción.
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia luego de que se dieran a conocer los detalles de su compra de un departamento en Caballito por un total de u$s230.000. Según consta en el Registro de la Propiedad inmueble, el departamento era propiedad de dos jubiladas que, además de figurar como vendedoras, también figuran como acreedoras ya que le prestaron el 87% del monto total de la operación.
La vivienda en cuestión tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Según refleja el documento, ambas figuran como acreedoras de un crédito hipotecario de u$s200.000, donde cada una aportó el 50% del préstamo que le permitió al funcionario completar la compra del inmueble.
Según figura en el registro, el departamento antes había sido propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales. La adquisición de la propiedad en el barrio porteño quedó bajo la lupa de la Justicia ya que no fue el único movimiento inmobiliario del jefe de Gabinete durante noviembre de 2025.
Ese mismo mes, Adorni compró una casa en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. Cabe destacar que esa vivienda figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, quién también se vio afectada por las denuncias alrededor del vocero luego de su viaje a Nueva York a bordo del avión presidencial.
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, la figura clave del armado de La Libertad Avanza no informó la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco, lo que generó sospechas sobre la evolución de su patrimonio desde que llegó a la función pública.
Según consignó el medio La Nación, ambas jubiladas involucradas en el caso, negaron conocer al funcionario público.
A raíz de esto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en la causa que investiga al vocero presidencial por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre los medidas solicitadas figuran oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de detectar activos que no hayan sido declarados por Adorni o su esposa.
La fiscalía justificó el pedido ya que entiende que hay "motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial”.
El Gobierno arrancó la semana con una meta precisa: volver a tomar el control de la agenda pública tras varios días dominados por el impacto político del caso Adorni. En Balcarce 50 consideran que la etapa más delicada de la polémica ya quedó atrás y buscaron escenificar ese cambio de clima con la reunión de la mesa política del pasado lunes.
La misma buscó funcionar como un intento de reordenamiento en varios frentes. Por un lado, servirá para redefinir prioridades de gestión y darle nuevo impulso al funcionamiento interno del Ejecutivo. Por otro, buscará reactivar el frente legislativo en un contexto en el que el oficialismo necesita volver a mostrarse alineado y con iniciativa.
La convocatoria también tiene una lectura política hacia adentro y hacia afuera. Internamente, apunta a exhibir una foto de coordinación entre los distintos centros de decisión del oficialismo, luego de semanas en las que quedaron a la vista fricciones entre el armado que responde a Karina Milei y el círculo más cercano a Santiago Caputo. Hacia el exterior, el objetivo es transmitir que la administración libertaria intenta dejar atrás el desgaste de los últimos días y retomar una narrativa centrada en gestión.
En la Casa Rosada sostienen que el pico de exposición mediática del caso comenzó a perder intensidad, aun cuando admiten que el episodio dejó secuelas tanto en la imagen del Gobierno como en algunos sondeos. Con ese diagnóstico, la estrategia oficial pasa ahora por correr el foco de la discusión pública y reinstalar otros temas.
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