En un almuerzo, Domingo Cavallo me contó cómo fue que perdió la servilleta en la que, según la leyenda, Carlos Corach le anotó los nombres de los jueces más permeables, con los cuales se podía “negociar”. En Quito lo abordó un hombre ofreciéndole el servicio de lustrabotas. Por instinto, se miró los zapatos y vio que le habían tirado un líquido blancuzco. Aprovechando ese momento de desconcierto, le metieron la mano en el bolsillo y le extirparon la billetera en la que llevaba doblada la tan mentada servilleta. Por eso nunca pudo mostrar ese símbolo de la baja calidad institucional de los 90, ese emblema de la porosidad, de la cortina de nylon que separaba la casta judicial de la política.
Ante una sociedad abrumada por la experiencia kirchnerista, Javier Milei se abrió camino equipado de dos palabras mágicas: dolarización y casta. De ahí salía un espeso delta cuyos ramales más visibles eran el cierre del Banco Central y un gobierno procapitalista. Un electorado que cruzaba todas las clases sociales se sintió seducido por la posibilidad de cobrar buenos sueldos en dólares y tirar al tacho de basura toda la vieja política corrupta.
No bien asumió, produjo un cambio de planes. La dolarización fue archivada y sustituida por el reforzamiento del mismo peso al que había llamado “excremento”, a tal punto que encareció la Argentina hasta niveles insólitos. El Banco Central no solo no se cerró, sino que pasó a ser una tuerca sumisa del Ministerio de Economía. La idea procapitalista fue reemplazada por una crítica flamígera a la burguesía empresaria: parece que se disfruta cuando las compañías quiebran.
La consigna anticasta también quedó para otro momento: de los dos grupos iniciales que se disputaban internamente el poder, los “celestiales” y los “terrenales”, ganó el que apostaba a la política más arcaica, con punteros peronistas clásicos y una estrategia transaccional que trafica beneficios por votos. El líder de los “celestiales” solo recibe premios consuelo y emprende módicas venganzas. Hay funcionarios que, después de haberse presentado como impolutos, aprovechan el Estado para proveer privilegios turísticos a sus familiares. Dos candidatos presidenciales de otros partidos integran el Gobierno. De los nueve ministros actuales, seis fueron funcionarios conspicuos del macrismo y algunos incluso de la Alianza. Las áreas de gobierno están repartidas entre las corporaciones más emblemáticas: Defensa, para el Ejército; Educación, para la burocracia confesional; Economía, para el poder financiero; Salud, para el sistema privado; Cultura, para el mundo del espectáculo; Justicia, para la casta judicial.
Pero lo más paradójico es que un gobierno que exhibía una propuesta procapitalista termina introduciendo un viraje al pasado. Si las dos clásicas revoluciones burguesas consistieron en la transición de una economía feudal a una capitalista, la mudanza de la aristocracia a la burguesía, la preponderancia de las ciudades, la revalorización de la cultura urbana, el iluminismo y lo secular por sobre lo bucólico, lo oscurantista y lo místico, con el mileísmo se emprende el camino inverso. Se migra de una economía con cierta pujanza industrial (especialmente en la agroindustria), con un comercio potente y con desarrollo científico a un modelo que desmantela esos sectores para concentrarse casi exclusivamente en la minería, la energía y las finanzas. Todo a gran escala: la ortopedia más ostensible de este proyecto es el RIGI.
Suponiendo que esa reconversión pudiera tener lugar –lo cual es dudoso–, las consecuencias serían muy regresivas para el ciudadano concreto. Dado que las ciudades tienen su razón de ser en la cercanía de la industria y el comercio, se provocaría una fuerte desurbanización. La segunda consecuencia sería la irremediable declinación de la clase media, al derrumbarse el consumo y marchitarse el artefacto cultural que le da vida: librerías, bares, teatros y museos. La tercera es un proceso en el que se revertiría la secularización –que es un fenómeno típico de las ciudades– en favor de un paganismo curanderil y campesino. La cuarta sería un repliegue de las masas originalmente integradas al sistema.
Con una clase media en retroceso y ante el retorno a la primarización y el extractivismo, el eventual éxito del proyecto llevaría a que se esfume la burguesía, que sean barridos los pequeños empresarios y que la economía se condense en pocas manos amigas: la reconstrucción de una oligarquía feudal. Los vocablos resuenan anticuados, tienen olor a naftalina, pero no hay que culparlos: se limitan a designar las consecuencias de un plan contrarrevolucionario iliberal.
Es decir que se haría el proceso inverso de las revoluciones burguesas y liberales: de la producción capitalista e industrial se volvería a una suerte de producción primaria; de la burguesía se volvería a la aristocracia; de las ciudades se volvería al entorno rural. La clase media, flotando en la nada, iría hacia una condición brumosa que podría oscilar entre el proletariado y el lumpen. Es el modelo Nigeria, que ha crecido en los últimos años sobre la base de la minería, que tiene megamillonarios, pero mantiene más de un 60 % de la población sumida en la pobreza. Pero la diferencia entre Nigeria y la Argentina es que nosotros tenemos industria y comercio, y su planificado desguace, con la consiguiente demolición de la clase media, va a traer aparejadas consecuencias en términos de violencia y marginalidad. No por nada palabras como miedo y represión empiezan a circular con incipiente vitalidad.
Es verdad que el Estado estaba colonizado por aprovechadores, es verdad que había sectores protegidos, pero todo ese entramado mafioso consta de varias capas de hojaldre: ahí están no solo los empresarios y funcionarios asociados para robar, sino también miles de personas honestas que lo único que hacían era adaptarse al país en el que vivían y que, súbitamente, quedarán a la intemperie, y ahí están también los que proveían servicios a esos miles de personas –desde asistentes domésticas hasta colegios privados–, que abruptamente se caerían del mercado.
Una reconversión abrupta es inmoral y hace pagar a justos por pecadores. La idea burda de que en todo cambio hay ganadores y perdedores, y de que los perdedores tendrán que reconfigurarse o morir, es una salvajada ética. ¿Qué reconfiguración puede hacer una persona de cincuenta años que ha estado más de la mitad de su vida trabajando en uno de estos comercios que pretenden ahora barrer de un plumazo? La necesaria compasión laica con personas que solo fueron engranajes obligados de un sistema probablemente ineficiente, pero que estaba ahí, que existía, eventualmente es una sabiduría triste de la que los financistas, tan afectos a las deshumanizadas planillas y las frías ecuaciones, deberían empezar a nutrirse.
Es probable entonces que las promesas de campaña –más allá del ajuste fiscal y un descenso de la inflación– fueran más una ilusión óptica que una realidad y que las primeras víctimas de este proyecto político sean sus propios votantes. Si la hipótesis de la contrarrevolución iliberal es correcta, estaríamos en presencia de una traición, idea que atraviesa toda la historia argentina con una enorme potencia simbólica. De El juguete rabioso, de Roberto Arlt, novela de cuya primera edición se cumplen cien años, al cuento “El indigno”, de Borges, la semántica de la traición cifra la identidad argentina. Esa noción, que pugna desde el fondo de nuestra habla mítica, reaparece hoy: entre lo que Milei propuso y lo que amenaza hacer media una distancia que no puede salvarse sin un tendal de víctimas inocentes.
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