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El Gobierno designó oficialmente este viernes a Gabriela Zangaro como nueva jefa de la Oficina Anticorrupción, tras aceptar la renuncia de su antecesor, Alejandro Melik.
Así lo estableció a través del Decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En concreto, el artículo 1° de ese documento oficial le aceptó a Melik la renuncia presentada “a partir del 13 de marzo de 2026”, mientras que en el artículo 2 le agradeció por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.
El mismo decreto dispone en su artículo 3° la designación de Zangaro nueva responsable del organismo, “a partir del 16 de marzo de 2026”.
Desde el 27 de noviembre de 2003 hasta la actualidad Zangaro se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas desde 2003, además de consejera del Consejo de la Magistratura.
La Oficina Anticorrupción funciona como organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Justicia y mantiene entre sus funciones la elaboración de políticas de prevención, la promoción de la transparencia y la intervención en cuestiones vinculadas a la ética pública.
La designación había sido anticipada por Mahiques a principios de este mes, junto con la elección de Alejandro Ramírez para tomar las riendas de la Inspección General de Justicia (IGJ), tras la renuncia de Daniel Roque Vítolo.
"Mi idea y mi propuesta, que entiendo va a salir la semana que viene, es que la Oficina Anticorrupción la lidere una jueza, Gabriela Zangaro, que además de ser magistrada es integrantes del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. (Tiene) una experiencia larga en Tribunales y entiendo que es la persona capacitada", había señalado el ministro.
Por su parte, el nombramiento de Ramírez en la IGJ, que formó parte de la reorganización iniciada tras la llegada de Mahiques a Justicia, quedó ratificado poco menos de una semana después de ese anticipo con la publicación del Decreto 144/2026 en el Boletín Oficial.
La IGJ depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia y tiene entre sus funciones la fiscalización de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, además de intervenir en temas de registración societaria.
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