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El Gobierno de Javier Milei desistió del proyecto de Reforma del Código Penal que su propia gestión había impulsado. Durante una reunión en la Quinta de Olivos, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, expuso “inconsistencias, desproporcionalidad en algunas penas, delitos que se contraponen con fallos de la Corte”, pero hubo otro planteo político igual: El texto, tal cual se presentó, “no pasaba en el Congreso”.
El proyecto de Código Penal que la comisión que trabajó en la reforma presentó en febrero tenía 540 artículos, pero el que corrigió el ex ministro Mariano Cúneo Libarona llevó el número a 912. Si bien la discusión central no es la cantidad, desde la cartera que dirige Mahiques consideraban que debe ser “más acotado”, pero sobre todo “más técnico”.
La reforma del Código Penal es una de las banderas con las que Patricia Bullrich llegó al Congreso, dejando la etapa de funcionaria del gabinete de Milei para sumarse a los libertarios en la Cámara Alta. En aquel entonces dijo que el proyecto de reforma del Código Penal pondría “orden donde antes reinaba la barbarie”, ya que garantizaría un cambio de doctrina con el objetivo de que “las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria”.
Para el gobierno la reforma implica “el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima”. En la Casa Rosada sostienen que el Código vigente “está hecho a medida de los delincuentes”, con condenas insuficientes y una “puerta giratoria” que explica gran parte de los delitos.
Bajo esas premisas se ordenó la conformación de una comisión que se ocupó en trabajar en la reforma de la norma. Estuvo integrada por Jorge Buompadre, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Romero Villanueva, abogado y docente de la Universidad del Salvador; Julio César Báez, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4; Ricardo Basílico y juez del Tribunal Oral Federal.
También la integraron María Eugenia Capuchetti, jueza federal de Comodoro Py; María Valeria Onetto, penalista del Estudio Klainer & Onetto; Mercedes Rodríguez Goyena, del estudio jurídico del ministro; Carlos Manfroni y Fernando Soto, ambos funcionarios del Ministerio de Seguridad; y Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
Otro de los focos de la letra de la reforma del Código pone la lupa sobre los funcionarios públicos. El gobierno busca agravar todas las penas e incluir un castigo mayor para “aquellos políticos que delinquen en la función pública” e incorporar que “los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles”.
Sobre este punto la decisión reciente de volver a reescribir la reforma del Código no claudica en materia de corrupción. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que “hay consenso respecto a agravar las penas en materia de corrupción”. Sin embargo, la orden del ministro de Justicia fue “realizar un análisis integral de las penas impuestas” al entender que “en algunos casos había cierta desproporcionalidad”.
Algunas de las dudas que despertó la versión que envió Cúneo Libarona y que pretendía constituirse en la reforma integral del Código Penal, fue el espíritu de ese texto. Según fuentes judiciales “se encontraron ciertas inconsistencias”, y hubo otra explicación: “El proyecto estaba más personalizado y no guardaba relación con el ideario libertario”.
Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que conducen al Ministerio de Justicia a retroceder con el texto impulsado para reformar el Código Penal tiene que ver con un mensaje de tenor político: “esa reforma así planteada no pasa en el Congreso y va a ser un revés para el Presidente”, fue el mensaje que Mahiques remitió a Milei.
¿Por qué dudaban de ese texto? Porque algunos artículos representaban, incluso, una colisión con jurisprudencia firme de la Corte Suprema de Justicia. El tema, según pudo saber este medio de fuentes judiciales, fue acordado en la reunión que tuvo Mahiques con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, su vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el vocal Ricardo Lorenzetti.
En función de esa lectura, según se indicó “hay algunos planteos que se contradicen con fallos de la Corte”. Fuentes judiciales aportaron ejemplos al respecto, también bajo las observaciones formuladas por abogados penalistas. “El texto de la reforma penaliza la tenencia de marihuana para consumo personal algo, que la Corte ya dijo que no caminaba en diversos fallos”. En materia de decomiso judicial de bienes, “se estaba reglamentando con un Decreto que la Cámara del fuero Penal Económico declaró inconstitucional”, indicaron.
Respecto a las penas bajo estudio, se detalló que habia “penas desproporcionadas”. Por ejemplo, respecto del delito de daños, tirar una piedra en una manifestación “tiene una pena máxima (en la reforma) de nueve años mientras que, el homicidio culposo (una muerte producto de manejar con exceso de velocidad) cuenta con una pena máxima de 8 años. Todo eso tiene que estudiarse”.
Pese a estos puntos consignados, hay una premisa central: algo que no se modifica es el criterio de endurecer las penas. El concepto de “el que las hace, las paga, no se negocia y es algo que ni siquiera se puso bajo debate”, comentó una fuente oficial.
También hay consenso en que se debe avanzar en los delitos denominado de “la calle”: viudas negras, trapitos, motochorros, estafas piramidales, daño animal, picadas, alcohol al volante, rol de la víctima en el proceso penal, armas en cárceles, incumplimiento de deudores alimentarios, grooming y explotación sexual infantil. la idea es que esa parte logre una inmediata aprobación en el Congreso.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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