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Con algunos cruces, acusaciones a una senadora nacional y cuestionamientos a la industria minera se cumple este miércoles la primera de las dos jornadas de la audiencia pública convocada para analizar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. El oficialismo invitará a los gobernadores de las provincias mineras para la próxima semana, cuando buscará sacar dictamen, para llevar la propuesta al recinto el 8 de abril.
La audiencia, que continuará este jueves con las presentaciones virtuales, es comandada por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes presiden las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, respectivamente.
En la apertura del debate, el oficialismo respondió a las críticas por sólo haber aceptado la participación de 360 expositores (180 por cada jornada) sobre un total de 105.294 inscriptos. Al respecto, Mayoraz destacó que la totalidad de las medidas cautelares presentadas para frenar la audiencia pública fueron rechazadas. Incluso destacó que la justicia de Misiones fue a la cuestión de fondo al no hacer lugar a un amparo resolviendo que el procedimiento era "válido y se ajusta a derecho".
Esa explicación no impidió que cada uno de los expositores cuestionaran la legalidad de la audiencia al limitar el cupo de participantes, ya que sólo intervinieron los primeros que se anotaron por cada provincia. Aquellos que no participarán en ninguna de las dos jornadas podrán hacer un video de no más de 5 minutos que fueron cargados al canal oficial de YouTube de Diputados.
Además, el oficialismo anunció al comenzar la reunión su decisión de bajar el tiempo de las exposiciones de 5 a 4 minutos porque según explicó "el tiempo es finito y el reglamento de la audiencia permite modificarlo". Incluso señaló que la audiencia tenía hora de finalización a las 19 y se decidió dejarlo abierto hasta escuchar a los 180 expositores que se presentarán en cada jornada.
Tal como anticipó Clarín, la oposición formalizó un pedido de impugnación de la audiencia al cuestionar la metodología empleada para la realización de la audiencia es "manifiestamente incompatible" con el reglamento de la Cámara, la Constitución, la Ley General del Ambiente y los pactos internacionales, en particular el Acuerdo de Escazú, ya que restringe "ilegítimamente el derecho a la participación ciudadana efectiva".
Uno de los momentos de mayor tensión se dio cuando diputados de la oposición se quejaron porque un grupo de oradores que había sido notificado para participar en la audiencia se le impedía ingresar a la sala.
Aunque previamente no la pasó bien el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien defendió la decisión del gobierno de Marcelo Orrego de apoyar la propuesta impulsada por el Gobierno porque con la industria de la minería la provincia "tiene la posibilidad de inversiones, es una llave que abre a obras de infraestructura vial y energética".
"Más de la mitad de nuestro cultivos no cuentan con mecanismos de riego por los 20 años de abandono por parte del gobierno kirchnerista que nos abandonó", protestó el funcionario.
Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental de San Juan, también defendió la propuesta y confirmó que los proyectos mineros que se autoricen en la provincia serán en base a una investigación científica. Además aseguró que los estudios realizados en glaciares escombros determinaron que el agua no está afectada por la industria.
En contraposición, la ex diputada Marta Maffei, autora de la ley vigente, cargó duro contra la iniciativa, al tiempo que calificó de "falsa" y de "aberración" a la audiencia pública porque más del 99 % de los inscriptos se quedó sin participar.
La ex legisladora y referente sindical del gremio docente defendió la norma actual al explicar que establece "presupuestos mínimos para la aplicación de la ley que no se respeta en la reforma". "Este es un proyecto regresivo absolutamente en el término de las leyes y tratados ambientales que firmó la Argentina", apuntó Maffei, quien agregó que, además, la propuesta plantea "una fachada de federalismo" que a su entender le otorga discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua".
En tanto, Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, puntualizó que los ambientes glaciares y periglaciares que son reservas estratégicas de agua dulce "ocupan tan solo el 0,3% del territorio nacional".
"Sabemos que están retrocediendo, que la nieve disminuye, que los deshielos se adelantan y eso ya está afectando a los caudales de nuestros ríos", alertó la funcionaria, que hizo mención a la controversia que su provincia mantiene con Mendoza por las aguas del río Atuel, que según explicó generó desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones.
Daniela Vilar, ministra de Ambiente de Axel Kicillof, llevó a la reunión una pila de papeles para graficar la cantidad de inscriptos que se registraron para la audiencia y alertó que se está ante "una situación complejísima de falta de derecho" al impedir que participen todos los anotado.
Vilar, esposa del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, calentó el ambiente al acusar al oficialismo de que "necesitan tener presa a Cristina para que ustedes puedan avanzar" con la reforma.
Por su parte el abogado ambientalista Enrique Viale sacudió un poco el ritmo de la audiencia cuando cargó contra las empresas que tiene proyectos mineros en la Argentina, Mencionó el caso de la minera Vicuña, que impulsa proyectos de cobre, oro y plata en el norte de Argentina. Advirtió que la empresa en San Juan "va a consumir 2000 litros de agua por segundo". También incluyó en sus críticas a los emprendimientos de Barrick Gold y de Glencore.
En este contexto, el abogado cargó contra la senadora salteña Flavia Royón, quien defendió en la Cámara alta la iniciativa y votó a favor del proyecto del Gobierno. Según Viale, la legisladora que responde al gobernador Gustavo Sáenz tiene una consultora que asesora a la minera Río Tinto y anticipó que irá a la justicia para que se la investigue por "incompatibilidad de la función pública y cohecho".
Royón le aseguró a este diario que es "falso" que tenga relación con una de las mineras. "Nunca asesoré a Rio Tinto ni participé en un proceso que haya involucrado a Río Tinto", aseguró la senadora, quien aclaró que trabajo en el sector privado, pero renunció antes de su asumir su banca en el Senado.
En medio de la polémica, el massismo impulsa un proyecto de ley para convocar a una consulta popular vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre la posibilidad de habilitar proyectos mineros en áreas de glaciares y ambientes periglaciares. La iniciativa es impulsada por el diputado Diego Giuliano.
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