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Pese a que se registraron 105.294 inscriptos, la audiencia pública convocada en Diputados para analizar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares contará con la intervención de 360 participantes, entre asociaciones, entidades y personas físicas, lo que anticipa una doble jornada de fuerte tensión política entre el oficialismo y la oposición.
Todo comenzará este miércoles a las 10 con la participación de 180 inscriptos que fueron notificados por las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, presidida por el sanjuanino José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, ambos de La Libertad Avanza (LLA). Mientras que el jueves, en la la segunda jornada, las exposiciones serán de manera virtual.
La selección de los expositores se hizo en base a los primeros que se anotaron por cada provincia, con la intención de que cada jurisdicción esté representada. Sin embargo, la maniobra del oficialismo provocó la reacción de la oposición que impugnará la audiencia este miércoles mediante una nota dirigida a Martín Menem.
Según pudo averiguar Clarín, en la presentación que realizará la oposición se fundamenta que la metodología empleada para la realización de la audiencia es "manifiestamente incompatible" con el reglamento de la Cámara, la Constitución, la Ley General del Ambiente y los pactos internacionales, en particular el Acuerdo de Escazú, ya que restringe "ilegítimamente el derecho a la participación ciudadana efectiva".
Incluso, en la presentación, que contará con el aval de Unión por la Patria, Unidos y la izquierda, se planteará que lo dispuesto por el oficialismo contradice lo acordado en el plan de trabajo definido en el plenario de comisiones para el tratamiento de la referida iniciativa, y el propio reglamento de la audiencia pública.
Sin embargo, el oficialismo y sus aliados rechazarán el reclamo de la oposición más dura apoyándose en un reciente fallo de la Justicia Federal que rechazó una medida cautelar presentada por organizaciones ambientales que buscaba suspender las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, ante la negativa de los libertarios de extender las audiencias.
Pero, en rigor, la justicia se expresó sobre una medida cautelar que buscaba frenar la audiencia y no lo hizo sobre el amparo por lo que la cuestión de fondo (el mecanismo utilizado para la audiencia) sigue abierta. Incluso entre las fuerzas opositoras anticipan que si la propuesta del Gobierno, que tiene la media sanción del Senado, es aprobada por Diputados vendrá "un vendaval de presentaciones contra la reforma".
Los expositores que participarán en la audiencia tendrán 5 minutos para defender su posición, por lo que se anticipa que las jornadas durarán hasta la madrugada. Sólo respetando el tiempo acordado se estima que cada reunión durará más de 15 horas cada día.
Las autoridades de la Cámara también solicitaron a aquellos que no van a participar de la ponencia presencial por un tema de espacios que no vayan al Congreso. Y fuentes del oficialismo indicaron que "más del 80 % de los inscriptos pidió hacer la exposición de forma virtual".
Para el jueves está previsto que las presentaciones se hagan de manera virtual y los inscriptos que no participarán en ninguna de las dos jornadas podrán hacer un video de no más de 5 minutos que fueron cargados al canal oficial de YouTube de Diputados.
El oficialismo apura la realización de la audiencia pública con el objetivo de sacar despacho de comisión la próxima semana para llevarlo al recinto el 8 de abril. Desde La Libertad Avanza están confiados en que tienen más de 130 votos para darle sanción definitiva a la propuesta.
En realidad, la propuesta generó fuertes tensiones políticas porque reconfigura la competencia del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que integran investigadores del CONICET, como responsable del Inventario Nacional de Glaciares. De esta manera, los gobernadores ganan poder en la delimitación de áreas periglaciares y en la aprobación de estudios de impacto ambiental.
Para fundamentar la movida, el Gobierno se apoyó en el artículo 124 de la Constitución que establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales.
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