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A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tenemos la obligación de preguntarnos en qué estado está la democracia argentina y cuáles son hoy sus principales amenazas.
En 1983, Raúl Alfonsín propuso iniciar el camino hacia “cien años de democracia”. No era solo dejar atrás el terrorismo de Estado, sino construir una nueva legitimidad política basada en un principio central: que nunca más la violencia reemplazara a la ley.
En estas más de cuatro décadas de vida constitucional logramos avances significativos. Se consolidó una política de memoria, verdad y justicia, se juzgó a los responsables de la dictadura en un proceso ejemplar y se ampliaron derechos que hoy forman parte del patrimonio democrático. Nada de eso debe relativizarse.
Sin embargo, la democracia arrastra deudas profundas. Las crisis recurrentes, la pobreza y la desigualdad fueron erosionando la confianza social. Cuando un sistema no logra mejorar de manera sostenida la vida de su pueblo, se vuelve más vulnerable frente a quienes proponen soluciones extremas.
En distintas partes del mundo crecen discursos que, montados sobre ese malestar, desprecian el debate, cuestionan las reglas del Estado de derecho y promueven liderazgos que conciben a la democracia como un obstáculo. No siempre se presentan como antidemocráticos: pueden hablar en nombre de la libertad mientras erosionan consensos básicos, o invocar el orden mientras debilitan los controles institucionales. Así se instala una lógica de amigo-enemigo incompatible con la República.
Hay otra amenaza que muchas veces se subestima abordándolo solo como un tema policial: el narcotráfico.
El narcotráfico es una disputa de poder. Pensarlo solo como delito es un error. Busca control territorial y captura institucional para disciplinar a la sociedad. En su forma más avanzada, no se limita a vender droga: disputa quién manda en una comunidad.
Cuando el dinero ilegal pesa más que las instituciones, ya no estamos solo ante un problema de seguridad, sino frente a una degradación democrática. Esto ocurre cuando el miedo reemplaza a la ley, cuando una banda condiciona la vida cotidiana o cuando el Estado se retira de su responsabilidad.
La democracia también se erosiona en esos territorios donde una madre no se anima a denunciar, un comerciante debe pagar para trabajar o un joven aprende que el poder real está en manos del crimen.
El narco, además, se presenta muchas veces como auxilio: financia, presta dinero y ocupa los vacíos que deja el Estado. Pero ese “rescate” siempre se paga con sometimiento. No es asistencia: es un mecanismo de control.
Así, el narcotráfico debilita la democracia dos veces: cuando ocupa territorio y corrompe instituciones, y cuando el miedo que genera alimenta respuestas autoritarias que también erosionan la legalidad.
A cincuenta años del golpe, defender la democracia exige entender estas nuevas formas de deterioro. No habrá una democracia plena si hay territorios donde manda una banda, si la justicia tiene precio o si el miedo organiza la vida social más que el Estado.
Al narcotráfico no se lo enfrenta con slogans ni gestos de ocasión. Requiere construir Estado, recuperar control territorial y fortalecer las instituciones. Hace falta prevención, educación, inteligencia criminal, justicia eficaz y coordinación federal sostenida en el tiempo.
Hace cincuenta años la democracia fue destruida por la violencia y el autoritarismo. Hoy puede vaciarse por otros caminos: la desintegración social, el avance del crimen organizado y el desprecio por las instituciones.
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