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Al cumplirse 50 años de la fecha trágica que abrió las puertas a la etapa más oscura y atroz de nuestra historia, resulta propicio reflexionar sobre la vigencia actual de la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” en tanto baluarte de nuestra democracia y sostén del compromiso histórico “Nunca Mas”, como prenda de unión entre los argentinos.
Dicho paradigma, aun admitiendo matices, podríamos sintetizarlo en un consenso mayoritario respecto a que lo ocurrido tras el golpe del 24 de marzo de 1976, fue la aplicación de un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó la desaparición de personas, la supresión de identidades, el robo de bebés, la tortura y la comisión de los delitos más aberrantes contra la dignidad humana.
Se trata de una certidumbre, de un activo intangible que otorga fundamento al proceso de recuperación democrática y su preservación hasta el presente, basada en destierro de la violencia política como forma de dirimir nuestras diferencias. La consolidación del “Nunca Mas” que hasta hoy podríamos considerar una verdadera política pública, es fruto de una larga lucha y se cimenta en la valiente decisión del Presidente Alfonsin creando la CONADEP y sometiendo a proceso a los principales responsables de la dictadura y cabecillas de la violencia terrorista.
Ello permitió revisar nuestro pasado y no solo la recuperar el prestigio de nuestro país en el mundo, habilitando la vía democrática para todas las naciones del continente, sino algo aún más significativo: alumbrar la democracia bajo la premisa moral de que nada ni nadie está por encima de la ley.
Con avances y retrocesos, el carácter de política de estado de esta concepción se ve reflejada en la sanción unánime de la ley 25633 en el año 2002 por el Congreso Argentino, declarando al 24 de marzo como día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mostrando en buena medida el alto consenso reunido en torno a sus postulados.
La nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, en otro contexto político, apoyada por el propio Alfonsin en vida y ratificada judicialmente, la declaración de inconstitucionalidad de los indultos por parte de la Corte Suprema de Justicia, sobre la base de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, hicieron posible la reapertura de causas y la continuidad de los juzgamientos y jalonan este proceso.
La incesante lucha de los organismos de DDHH, muy especialmente de Abuelas en su ímproba tarea de recuperar cientos de nietos robados y criados con identidades falsas en la dictadura, la extraordinaria y reconocida tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense que en conjunto con víctimas y familiares permitió reconstruir la verdad y recuperar los cuerpos de muchos de los desaparecidos, constituyen algunos de los hitos que hoy nos explican como sociedad democrática.
Llama la atención entonces, que tratándose de una cuestión de principios, en tanto patrimonio común y sustento ético-filosófico de nuestra democracia, la prédica oficial abiertamente negacionista y hasta reivindicacionista de la dictadura y su desembozada intención de revisar el pasado no constituya una cuestión central en el debate público, ni condicione las negociaciones en el Parlamento o forme parte de algún tipo de exigencia prioritaria de la agenda opositora en su relación con el gobierno.
Cierto es que durante los años de gobiernos kirchneristas, asistimos a un accionar destinado a transformar esta bandera común en un instrumento de facción. Esta apropiación partisana de la memoria, acompañada de una reivindicación del ejercicio de la violencia por parte de las agrupaciones guerrilleras, en una suerte de idealización romántica de su accionar, fue puesta al servicio de un proyecto de poder, sobre la base de una épica heroica que le diera sustento. Ello trajo aparejado un enorme daño a este proceso y erosionó gravemente el principio de universalidad en la reivindicación de los Derechos Humanos.
Aun así, resulta injustificable mirar hacia otro lado o actuar como si nada ocurriera, cuando se cierran organismos estatales de Derechos Humanos, se destruyen archivos y lugares de memoria, se reinterpreta la historia a través de comunicados y publicaciones oficiales en cada conmemoración, se muestra empatía hacia perpetradores de flagrantes violaciones a esos derechos y hasta se encubre el agravio que significó la visita de un grupo de parlamentarios a represores que purgan condenas por delitos de lesa humanidad.
Asistimos a un nuevo intento de manipular la historia en favor de un proyecto de poder, menoscabando el legado fundante de nuestra convivencia democrática al servicio de la polarización política y la construcción del enemigo.
Quizá sostener los consensos alcanzados, evitar un nuevo retroceso en términos de convivencia democrática, resulte hoy la clave para permitir que el país se encamine en un proceso de autentica transformación.
La democracia es un sistema frágil y aún con las enormes deudas que acumula en términos de progreso e inclusión social, es el sistema de convivencia política que los argentinos hemos elegido para siempre. A 50 años de aquel infausto acontecimiento, el mayor desafío, principalmente para quienes fuimos testigos de su nacimiento, es impedir que un nuevo contra relato cercene las bases mismas de su sustentación.
El Dr. Juan Pedro Tunessi. fue Concejal, Diputado Provincial, Diputado Nacional y Secretario Parlamentario del H.Senado de la Nación. Integró la delegación Bahia Blanca de la CONADEP
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