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Mucho se ha escrito a lo largo de los años sobre el carácter particularmente dañino de la última dictadura argentina. Buena parte de las explicaciones han apuntado a la radicalidad ideológica de los diagnósticos que la animaron: la visión fanáticamente anticomunista que inspiró una cruzada antisubversiva asumida como una guerra santa, que no reconoció límite legal alguno; y su equivalente funcional económico, el fanatismo neoliberal y monetarista que habría orientado las políticas de reforma y estabilización.
Sin embargo, aunque en el primer caso, el de la represión, sí se puede hablar de cohesión en torno a un plan ideológicamente cohesionado y radicalizado, claramente no fue eso lo que sucedió en el terreno económico: lo peculiar de las políticas del régimen en este terreno fue más bien la mezcolanza, porque hubo medidas inspiradas en la más pura ortodoxia, pero también mucha heterodoxia.
Por ejemplo, altísimos déficits fiscales, subsidios generosos para ciertas actividades industriales, garantía estatal de muchas inversiones, incluso de los depósitos bancarios, etc. Y lo mismo podría decirse de la política exterior, en algunos aspectos tan antimperialista y antinorteamericana como la de sus más duros críticos (lo que le permitió al PRN llevarse de maravillas desde el principio con la URSS y Cuba), y de los planes de reforma del sistema político, en los que los militares nunca se pusieron de acuerdo ni pudieron avanzar.
También se ha aludido a la cerrazón con la cual las Fuerzas Armadas entendieron su misión mesiánica, su rol como “salvadores de la patria”, y el aislamiento con que, en consecuencia, pretendieron gobernar la sociedad. Incluso en relación a actores que pretendían beneficiar, los grandes empresarios nacionales, los políticos conservadores, etc.
Pero aunque algo de eso hubo (no por nada la dictadura del Proceso fue la más “militarizada” de nuestra historia), lo cierto es que también hubo mucho lobby, muchos canales abiertos para que actores de la sociedad influyeran en sus decisiones, a través de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la encargada de aprobar los proyectos de ley, y también de las gobernaciones y los propios ministerios, que se poblaron de oficiales de distintas facciones militares en búsqueda de apoyos para prosperar en la interna del régimen, o simplemente para que prosperara su erario personal.
Todo lo cual nos pinta un panorama muy distinto al de la supuesta “cohesión de las Fuerzas Armadas” que ellas mismas quisieron ofrecer.
Porque lo cierto es que los militares estuvieron en esos años solo de acuerdo en la represión ilegal. Y muy divididos en casi todo lo demás. Fue por eso que se dieron para gobernar un conjunto de reglas cuya función esencial era dividir al máximo el poder (mandatos fijos y acotados del presidente y de la Junta, división corporativa de las promociones y el mando de tropa, regla de unanimidad para decisiones relevantes, etc) para evitar que un grupo lo concentrara y usara contra los otros, que cualquier sector tuviera fácil formar una mayoría, o pudiera recurrir a la fuerza para sacarse de encima a los demás.
Y fue por eso también que el régimen y las propias fuerzas carecieron de líderes fuertes y duraderos. A diferencia de las dictaduras de Chile o España, la nuestra fue una tiranía sin tirano. Incluso a diferencia de las de Brasil o Uruguay, fue también una sin fuerzas cohesionadas detrás de jefes prestigiosos, que pudieran confiar en la cadena de mandos. Eso no llegó nunca a disponerlo Videla en el Ejército, menos todavía Viola, y tampoco Massera o Galtieri salvo por breves períodos y para unos pocos asuntos.
De allí que, detrás del discurso de la “cohesión de las Fuerzas Armadas”, lo que realmente hubo durante esos siete años de espanto fue una feroz y constante lucha entre grupos de muy inestable volumen y orientación por generar todas las instancias posibles de bloqueo, para que los demás tuvieran que consultarlos antes de dar cualquier paso importante, poder frenarlos o al menos conseguir algo a cambio de dejarlos hacer.
Este mecanismo institucional tan enrevesado resultó muy útil para evitar que las facciones en competencia se fueran a las manos, y desataran una guerra abierta entre sí. Pero resultó muy ineficaz para gobernar, y resolver con mínima consistencia cualquiera de los muchos asuntos en que los militares se habían propuesto ser “refundacionales”, desde la economía a la transformación del sistema político, de la ubicación del país en el concierto internacional a la construcción de aliados civiles que lo heredaran y continuaran su tarea.
La condición necesaria para que un régimen de estas características pudiera conservar la unidad, o mejor dicho una mínima “paz interna”, era curiosamente el estado de guerra con alguien más. Que se consiguió, inicialmente, con la represión ilegal. Cuando ella empezó a agotarse, el sector duro del régimen buscaría reemplazarlo con la guerra con Chile. Y no casualmente esta fue la única ocasión en que las reglas para la toma de decisiones se vieron alteradas: en el momento en que los altos mandos de las tres fuerzas se había puesto de acuerdo, y estaban ya lanzando la invasión, Videla traicionaría a los duros para permitir que el Vaticano y EEUU intervinieran. La experiencia de todos modos los aleccionó, y al poco tiempo tendrían su revancha con la invasión de Malvinas.
Aunque ni siquiera en la derrota que le siguió, y condujo a las Fuerzas Armadas al más extremo aislamiento internacional y desprestigio frente a la sociedad, los militares abandonarían las reglas que se habían dado: finalmente, ellas les permitirían recomponer la Junta, acordar un plan para ordenar la transición, ganar tiempo y tratar de negociar condiciones para su salida del poder, vía la ley de autoamnistía y concesiones económicas para sus socios corporativos civiles de siempre. Si esa apuesta también fracasó no fue tanto porque el régimen colapsaba, sino porque la sociedad civil y política decidió mayoritariamente darle el empujón final.
Así moriría la que había llegado a ser la más potente y estable de nuestras corporaciones de poder: abrazada a las reglas que debían supuestamente permitirle salvarse y salvar a la Patria. Lo que para un régimen que había buscado gobernar por encima o por abajo de la Constitución y las leyes en todo lo que le conviniera resulta una llamativa paradoja, y puede ser también una buena lección para actores que enfrentan dilemas parecidos.
Marcos Novaro es politólogo. Director del Archivo de Historia Oral de Historia Contemporánea, Instituto Gino Germani, UBA-CONICET.
Politólogo, historiador y doctor en Filosofía. Profesor de Ciencia Política (UBA) e investigador del CONICET.
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