Estamos en un mundo donde la inserción de la IA (inteligencia artificial) y todo lo que tenga que ver con la tecnología y la innovación es transversal a cualquier área, disciplina o sector. Y la agrobioindustria no es ajena a ello, todo lo contrario. Por eso, extraña que aún hoy la Argentina siga regulando las semillas —y todo lo concerniente a sus procesos— con una ley de 1973; una ley “antigua” que frena inversiones millonarias en innovación genética y biotecnología, además de evitar la generación de nuevos empleos, entre otras consecuencias.
Por un lado, nos enorgullecemos de ser uno de los grandes productores de alimentos del mundo y, sin embargo, detrás de esa potencia agrobioindustrial que somos, se esconde la paradoja de que seguimos regulando las semillas con una ley de 1973. Más de medio siglo después, el marco legal que debería impulsar la innovación y la competitividad se ha convertido en un freno. La discusión sobre una nueva ley de semillas, con foco en la protección de la propiedad intelectual, no es un asunto sectorial: es una cuestión estratégica para el desarrollo nacional.
La normativa vigente fue pensada, por ejemplo, en un contexto donde la biotecnología apenas asomaba. Hoy, las semillas incorporan avances genéticos que permiten mayor rendimiento, resistencia a plagas y adaptación a distintas situaciones agroclimatológicas y de suelos. Sin embargo, sin un marco legal moderno, los obtentores —los investigadores y empresas que desarrollan estas variedades— carecen de garantías para recuperar su inversión. El debate sobre la adhesión al Acta Upov-91, que fortalece los derechos de propiedad intelectual en semillas, divide aguas: los productores reclaman mantener el “uso propio” (guardar parte de la cosecha para volver a sembrar), mientras la industria semillera exige protección para incentivar la innovación.
El Gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de reforma al Congreso, incluso vinculado a acuerdos comerciales internacionales. La pregunta es si la sociedad argentina entiende la magnitud de lo que está en juego. ¿Por qué debería importarle al ciudadano común? Lo comparo con la música: así como un músico necesita que se respeten sus derechos de autor para seguir creando canciones, un investigador en semillas necesita que se respete su innovación para que la Argentina tenga cultivos más productivos y sostenibles.
La falta de una ley moderna tiene consecuencias concretas: menos inversión (empresas globales de biotecnología miran hacia países con marcos legales claros), menos competitividad (mientras Brasil y otros vecinos avanzan, la Argentina se queda atrás) y menos empleo (cada innovación perdida significa menos oportunidades en el interior productivo). Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Argentina podría duplicar la producción de granos hasta las 300 millones de toneladas si se impulsara la innovación con reglas claras. Hoy, esa oportunidad se diluye por la falta de seguridad jurídica.
Se trata de definir si el país será protagonista o espectador en la carrera global por alimentos más eficientes. Sin una ley moderna que ponga el foco en la protección de la propiedad intelectual, la Argentina corre el riesgo de quedar fuera de los mercados más exigentes, donde la trazabilidad y la innovación son requisitos básicos. La agrobioindustria debe asumir que su rol es estratégico y que apoyar una reforma equilibrada es apostar por el futuro del país. Hay que buscar un consenso general, teniendo en cuenta varios factores: I) la ley actual tiene más de 50 años; II) cada año se pierden inversiones millonarias en biotecnología por no tener una ley que priorice la propiedad intelectual; III) los países que adoptaron Upov-91 lograron en alguna medida atraer capital y nuevas tecnologías; IV) definir un equilibrio que garantice el derecho al uso propio, pero con compensaciones que incentiven la innovación; V) lo más importante: convocar al consenso. Productores, semilleros y Estado deben sentarse a la mesa con visión estratégica de país; esto no es para beneficio del campo, es para beneficio de toda la Argentina.
El ciudadano de a pie debe entender que detrás de cada pan, cada litro de leche y cada corte de carne hay semillas. Y que, si esas semillas no incorporan innovación y tecnología, el país pierde oportunidades de crecimiento. La agrobioindustria, por su parte, debe comprender que su responsabilidad es liderar con visión nacional, no sectorial, para llegar a soluciones consensuadas. Esas son las que perduran y permiten previsibilidad y certidumbre, además de seguridad jurídica; algo que la agrobioindustria pide desde hace mucho tiempo también. La Argentina no puede seguir discutiendo con una ley de semillas de hace más de 50 años. Cada año, cada mes, cada día que pasa sin un marco moderno es tiempo perdido de inversiones, crecimiento, competitividad y empleos.
El debate sobre Upov-91 y la propiedad intelectual no debe ser reducido a intereses sectoriales, ni se trata de favorecer a un sector, sino de garantizar que el país pueda aprovechar su potencial agroindustrial en un mundo que demanda alimentos más eficientes y sostenibles. Se trata de definir si queremos ser protagonistas en la agrobioindustria global o resignarnos a mirar desde afuera. Necesitamos una ley de semillas moderna, con foco en la protección de la propiedad intelectual, que equilibre derechos y deberes.
Tenemos que lograr garantizar que el país pueda aprovechar su potencial agrobioindustrial en un mundo que demanda alimentos más eficientes y sostenibles. La deuda pendiente de la ley de semillas es, en realidad, una deuda con el futuro de la Argentina. Resolverla con firmeza y conocimiento es el primer paso. La hora de decidir es ahora, con firmeza y con visión de país. Una nueva ley de semillas no es un favor a la agrobioindustria: es una apuesta al futuro de todos los argentinos.
El autor fue ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires; se desempeña como director del departamento de Agrobioindustria de la UCA, líder y coordinador de la Mesa de Agrobioindustria del Parque de la Innovación (CABA), vicepresidente de la Mesa de Agrobioindustria del CAI (Centro Argentino de Ingenieros) y vocal del CADIA
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