Todo el escenario judicial en torno a los supuestos negociados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dependen de una decisión clave. La Cámara de Casación, con una nueva integración por el apartamiento de dos de sus integrantes, debe definir si la causa por la mansión de Pilar sigue en el juzgado federal de Campana o vuelve al fuero Penal Económico. En simultáneo, se puso en marcha una maniobra para unificar todas las investigaciones en un mismo lugar. El puntapié lo dio el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que reclamó quedarse con todo. Dos jueces deben contestar. Antes, la fiscal Silvana Russi, del fuero penal ordinario, dictaminó que el expediente por la supuesta defraudación debe investigarse en Campana, en el mismo lugar que reclamaron los supuestos testaferros de la mansión.
Russi está a cargo de la causa en la que se presentaron todos los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, que reveló LA NACION a partir del 28 de diciembre. Son más de 3000 páginas de transferencias obtenidas a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Entre otras cosas, esos documentos revelan que se desviaron al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.
Ese fue solo el comienzo de una cadena de irregularidades. LA NACION detectó al menos nueve empresas similares, todas creadas en Miami, que recibieron, en total, unos US$ 55 millones.
El dinero provenía de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última que se descubrió estaba en el PNC Bank y fue abierta por el propio Faroni. Esa cuenta recaudó unos US$13 millones y desvió más de USS 3 millones al mismo universo de sociedades fantasma que controlaban los implicados en la maniobra.
Ese expediente nunca avanzó. Apenas recibieron la denuncia, la jueza Paula Petazzi y la fiscal Russi plantearon que debía tramitar en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella. ¿El argumento? Que ese juez ya había allanado a Faroni en su casa de Nordelta. Pero ese argumentó fracasó. A mediados de febrero, el camarista Ignacio Rodríguez Varela decidió que la denuncia empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta debía quedarse en el fuero penal ordinario.
A partir de ese momento, la fiscal Russi ordenó algunas medidas de prueba. Ninguna trascendente para el avance de la investigación. No hizo allanamientos, argumentando que ya se habían realizado en otras causas. Tampoco avanzó con los videos, las fotos, y los chats que reveló LA NACION y que dan cuenta de una maniobra que comenzó en Miami y que luegó pasó por varias financieras de la city porteña.
Ahora, ante el pedido del juez Charvay de llevarse todas las causas a Campana, Russi dictaminó a favor de la incompetencia. “Del análisis de la información colectada, se pudo determinar que la prueba de interés resulta común a las tres investigaciones, que -más allá de sus variantes- en todas se investiga un mismo objeto procesal, y que existe una identidad respecto a las personas señaladas como imputadas como así también respecto a las sociedades involucradas”, dice su dictamen.
La otra investigación que menciona es la causa que lleva adelante el juez Armella, que comenzó con una denuncia sobre ex dirigentes de Banfield, luego se amplió a la financiera Sur Finanzas, y terminó rozando a Faroni y las sociedades fantasma. Ese expediente tampoco tiene el foco en las maniobras realizadas en Miami.
En su argumentación, Russi planteó que la defraudación también se investiga en la causa de Campana a raíz de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, cuando la causa tramitaba en el fuero Penal Económico. Pero nunca se avanzó en ese sentido. “El único expediente donde están las pruebas de los desvíos es el de la jueza Petazzi, por eso el objetivo siempre fue llevarse todo a Campana”, advierte un abogado que conoce la trama.
La atención ahora está puesta en los jueces Petazzi y Armella, que deben opinar en los próximos días. Si hacen lugar a la inhibitoria que pidió Charvay, el expediente de Campana, donde hasta ahora se investiga una maniobra de lavado de dinero, se transformaría en una megacausa, una victoria para los abogados defensores del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.
La maniobra podría fracasar antes de tiempo. La Cámara de Casación debe definir por estas horas si la causa de la mansión de Pilar sigue en Campana o vuelve al fuero Penal Económico de Aguinsky. Los encargados de resolver esa cuestión de competencia, que terminó siendo clave a la luz de los últimos movimientos, son Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. La conformación de la Sala se definió el lunes pasado, casi a la misma hora que Charvay pidió todas las causas.
Fue una juzgada arriesgada: si le dan la razón, Charvay se queda con todo, pero si la Casación falla en favor de Aguinsky, se queda con nada.
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