La empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) incumplió contratos del Plan Gas, impulsado por la gestión anterior, y ahora dos grandes empresas energéticas comenzaron juicios para reclamar la falta de pago de facturas por sumas millonarias. Las acciones judiciales surgen ante la falta de acuerdo con el Gobierno, tras un largo período de negociación.
Las compañías productoras de gas que iniciaron demandas fueron Tecpetrol, del grupo Techint, perteneciente a Paolo Rocca, quien las semana pasada recibió fuertes críticas del presidente Javier Milei durante el Argentina Week en Nueva York, y Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin.
El Plan Gas era una iniciativa que tenía como objetivo impulsar la producción gasífera e incluía Concursos Públicos Nacionales, denominados Rondas, donde los productores realizaban ofertas para cubrir los volúmenes requeridos por la demanda prioritaria del servicio completo y por Cammesa, siendo seleccionadas aquellas más económicas.
Los contratos del Plan Gas, tanto de Enarsa como de Cammesa, contemplaban intereses por mora y cláusulas de take or pay (tomar o pagar). Cammesa respetó los volúmenes acordados bajo esta modalidad y abonó los intereses correspondientes por demoras en los pagos, a diferencia de Enarsa, que no cumplió con esas obligaciones.
El monto total exigido supera los $187.000 millones, equivalentes a más de USD 130 millones al tipo de cambio actual, a los que se suman intereses, según reportó la agencia REDD.
El grupo Techint presentó a comienzos de mes una denuncia en la que sostiene que Enarsa adeuda $134.000 millones, correspondiente a entregas de gas, el cumplimiento de cláusulas take or pay y los intereses por mora.
Por su parte, desde Pampa Energía aclararon que los atrasos en los pagos por parte de Enarsa se remontan a 2021 y que en octubre de 2023 se inició el reclamo formal por esas demoras. Según explicaron, se trata de los intereses derivados, que se incrementaron fuertemente durante 2023, y del take or pay incurrido por Enarsa.
“El reclamo no está vinculado con las reformas que actualmente se están discutiendo en el sector sino exclusivamente con la mora en los pagos”, enfatizaron.
Cabe recordar que recientemente la firma solicitó su adhesión al RIGI para invertir unos USD 4.500 millones en el upstream en su yacimiento Rincón de Aranda, ubicado en la provincia de Neuquén. Además, Transportadora de Gas del Sur (TGS), co-controlada por Pampa, presentó el Proyecto NGL’s, que demandará unos USD 3.000 millones y es considerada la mayor iniciativa de procesamiento de líquidos de gas natural en la historia argentina.
Fuentes del sector energético al tanto de las negociaciones aseguraron a Infobae que “se buscó durante un período extenso resolver comercialmente dichos incumplimientos, pero, ante la falta de un acuerdo y ante la decisión de transferir los contratos del Plan Gas de Enarsa a las distribuidoras de gas, originalmente previsto para el 6 de marzo, las operadoras se ven obligadas a formalizar los reclamos pendientes”.
La falta de pago afecta la liquidez de las empresas que están en el Plan Gas para la financiación de proyectos en Vaca Muerta. Varias de ellas están en una situación similar, ya sea en procesos de negociación extrajudicial, negociación judicial o instancias formales de reclamo
Mientras tanto, el Gobierno instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a realizar una reasignación total de las capacidades del sistema de transporte de gas natural para adecuarlo a la estructura actual de abastecimiento energético del país.
Mediante la Resolución 66/2026, se revisó el esquema vigente, que había sido concebido en un contexto en el que las cuencas Norte y Austral concentraban una porción significativa de la producción.
El declive estructural de esas cuencas dejó contratos y rutas de transporte firmes asociados a volúmenes de gas que ya no se encuentran disponibles. En consecuencia, parte de la capacidad reservada quedó inutilizada, algunas trayectorias perdieron viabilidad técnica y se generaron mayores costos para las industrias del Litoral y la región Centro.
Al mismo tiempo, según el Ejecutivo, se produjeron distorsiones en la asignación del transporte que encarecían el abastecimiento y reducían la eficiencia del sistema.
