La estabilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2,9% mensual generó un debate técnico que trasciende la cifra oficial informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque el dato de febrero igualó al registro de enero, el análisis del indicador bajo la canasta de consumo que el Gobierno decidió no implementar revela una realidad distinta.
De acuerdo con un informe de la consultora Invecq, si se hubieran utilizado los ponderadores actualizados —basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18— la inflación del segundo mes del año se habría ubicado entre el 3% y el 3,1%.
Esta brecha de entre una y dos décimas responde a la desactualización del índice vigente, que todavía utiliza una estructura de consumo de hace dos décadas. La nueva metodología, que fue el epicentro de una crisis institucional en el Indec, otorga un peso mayor a los servicios regulados y a ciertos rubros de consumo básico que hoy tienen un protagonismo superior en el presupuesto de las familias argentinas.
La decisión de mantener la fórmula vieja no fue una cuestión técnica aislada, sino el punto de quiebre que terminó con la gestión de Marco Lavagna al frente del Indec. El conflicto, que escaló durante los primeros meses de 2026, se centró en la resistencia del Ejecutivo a lanzar un indicador que, según admitían los propios técnicos del organismo, reflejaría niveles de inflación más elevados en el actual contexto de ajuste de precios relativos.
Lavagna sostenía que el IPC actual está “descalibrado” y que postergar la actualización metodológica afectaba la transparencia del organismo. La orden oficial de suspender por tiempo indefinido la implementación de la canasta 2017-2018 forzó su renuncia en febrero, dejando al instituto en medio de cuestionamientos sobre la representatividad de sus mediciones. El argumento técnico es claro: la canasta que se utiliza actualmente subrepresenta rubros que hoy son los principales motores de la inflación, como las tarifas de energía y transporte.
El dato oficial del 2,9% en febrero estuvo impulsado principalmente por dos divisiones que, combinadas, explicaron casi el 60% del incremento del mes. El rubro de “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” registró una suba del 6,8%, reflejando el fuerte impacto de los ajustes tarifarios. Por su parte, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” avanzó un 3,3%, situándose por encima del nivel general.
Dentro de los alimentos, el comportamiento de la carne volvió a ser determinante. “Carnes y derivados” mostró un alza del 6,6% en febrero, acumulando un incremento del 28% desde noviembre del año pasado. Esta aceleración, motivada por cuestiones específicas del mercado ganadero, empujó también a la inflación núcleo (IPC Núcleo) hasta el 3,1%, su variación más alta desde abril de 2025.
Esta dinámica bimestral, donde las tarifas y la canasta básica lideran las subas, refuerza la brecha con la metodología desechada. Al tener la nueva canasta una mayor ponderación en servicios regulados y alimentos, el impacto de estas subas se traduce en un índice general más alto que el que percibe la fórmula actual.
A pesar de que el proceso de desinflación parece haber encontrado un piso difícil de perforar desde mayo de 2025, el informe de Invecq advierte que el panorama para los próximos meses sigue siendo complejo. Para la consultora, en la primera quincena de marzo se observó una leve moderación de los precios, con una proyección del 2,7% para la inflación del mes, pero todavía no impactó de lleno el ajuste de tarifas de este mes ni el incremento en los combustibles, afectados por la subida del precio internacional del petróleo ante el conflicto en Medio Oriente.
Para los expertos, el principal desafío para el Ministerio de Economía es evitar los denominados “efectos de segunda vuelta”. El riesgo radica en que los shocks puntuales en precios regulados, carnes y naftas terminen incorporándose a la nominalidad de la economía a través de nuevas demandas en las paritarias y contratos. Según la consultora, esto obliga al Gobierno a mantener una política de ingresos restrictiva, lo que podría demorar la recuperación del salario real y, en consecuencia, del consumo y la actividad económica general.
