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El Gobierno dio un nuevo paso esta semana en la reforma del mercado de gas natural, con el objetivo de limitar la intervención del Estado y cederle al sector privado la gestión y operación del sistema. Sin embargo, enfrenta juicios de al menos dos petroleras por los incumplimientos de una empresa estatal a los contratos del Plan Gas.
Según lo que consta en registros judiciales, las productoras de gas Tecpetrol, de Paolo Rocca -vilipendiado por el presidente Javier Milei-, y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin -uno de los empresarios favoritos del jefe de Estado-, se presentaron para reclamar contra el default contractual de la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) por al menos $ 187.000 millones en total -más de US$ 130 millones al tipo de cambio actual- más intereses.
De acuerdo a lo que informó REDD, el holding Techint se presentó a principios de mes para denunciar que Enarsa le debe unos $ 134.000 millones por las entregas de gas, las cláusulas de take or pay (tomar o pagar) y los intereses acumulados.
La denuncia, una cuestión meramente económica, no implica una oposición de las compañías a las reformas. Y llega justo cuando el industrial Rocca, con negocios en todo el mundo, es criticado día a día por Milei, que lo acusa de corrupción, pese a que aún no se presentó ante la Justicia para ratificarlo. La pelea escaló después de que Techint perdiera una licitación privada por la entrega de caños para el primer gasoducto dedicado a las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL).
En tanto, Pampa Energía presentó dos reclamos judiciales desde fines del año pasado por más de $ 53.000 millones por el mismo motivo. El accionista principal de este holding es Mindlin, uno de los favoritos del jefe de Estado, que esta semana en la Argentina Week desde Nueva York, Estados Unidos, anunció dos proyectos de inversiones por US$ 7.500 millones.
Como viene contando Clarín, la industria petrolera en su conjunto -excepto YPF, cuyo accionista principal es precisamente el Estado- viene reclamando sostenidamente desde el año pasado frente a los incumplimientos oficiales del Plan Gas, que agregaron incertidumbre en el mercado y comprometieron la liquidez de las empresas a fines de 2025 para financiar inversiones en Vaca Muerta.
En la Secretaría de Energía, ante la consulta de este diario, contestaron que no tenían conocimiento de estos juicios.
El esquema del gas, que pretende reformar el equipo económico de Milei, funciona hasta el momento así: Energía Argentina (Enarsa) compra el combustible a las productoras en función de agregador de demanda comercial y lo paga a 65 días; lo distribuye a las distribuidoras a un precio menor al de compra, y canaliza los subsidios.
Ni las productoras ni las distribuidoras contractualmente pierden dinero, sino que el Estado cubre la diferencia entre los precios de compra -US$ 3,79 en promedio anual- y de venta. En invierno, la diferencia es nominalmente mayor por el alto consumo domiciliario y su costo de oportunidad en momentos de alta demanda.
El Gobierno, para no comprometer el superávit fiscal, pilar de la baja de la inflación, se fue atrasando en los pagos.
En los últimos meses se inició una reestructuración para ceder voluntariamente esos contratos entre las petroleras y el Estado, de modo de gestionarlo entre privados.
Precisamente, a través de la resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía publicada este viernes en el Boletín Oficial se estableció la "reconfiguración" del sistema de transporte de gas natural, con varios efectos.
El principal es que los contratos de abastecimiento entre productores, transportistas y distribuidoras reflejarán los costos reales del sistema, con un peso preponderante del gas de Vaca Muerta. "La idea es darle transparencia a las rutas de transporte del gas", explicó a Clarín un ejecutivo de larga trayectoria en el sector.
Hasta el momento estaba en vigencia el modelo adoptado hace más de 30 años, cuando la Argentina usaba gran cantidad de gas de Tierra del Fuego y Santa Cruz (Cuenca Austral) y después empezó con importaciones recurrentes desde Bolivia, con costos distintos a los actuales.
Por ejemplo, el gas de Vaca Muerta se vende hoy a un promedio de US$ 3,50 por millón de BTU, mientras que el de Bolivia se conseguía por encima de US$ 8 a US$ 10.
A partir de ahora los usuarios más cercanos a la producción de gas en Neuquén pagarán menos por el transporte de las moléculas; los más lejanos, lo harán más caro. Fuentes de la industria, igualmente, matizan el impacto y aseguran que el transporte de gas tiene una incidencia menor al 10% en las facturas finales que reciben los hogares.
La instrucción de Energía la deberá ejecutar el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) o el nuevo organismo que surgirá de la fusión con el ente regulador de la electricidad, que tendrá que aprobarlo después de realizar audiencias públicas. Asimismo, se respetará la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y no habrá ingresos extra para las transportistas -TGN y TGS-, sino una readecuación.
Además, el Gobierno formalizó la cancelación del plan de ampliación de gasoductos que diseñó la administración de Alberto Fernández, cuyo proyecto inconcluso más significativo es la segunda etapa del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), desde Salliqueló, en Buenos Aires, hasta San Jerónimo, en Santa Fe.
Ese proyecto estaba suspendido de hecho por la idea libertaria de que el Estado no debe hacer obra pública.
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