Rodrigo Gómez, joven soldado del Ejército Argentino, conoció a “Julieta” en una aplicación de citas y chateó con ella ilusionado. Pero del otro lado no había ninguna joven: era una banda que operaba desde la cárcel de Magdalena. Pronto llegó la extorsión: falsos familiares indignados y un supuesto policía con audios amenazantes. Lo acusaron de hablar con una menor y le exigieron dinero para “evitar la denuncia”. El engaño surtió efecto y la presión creció implacable. El 16 de diciembre de 2025, en su puesto en la Quinta de Olivos, la desesperación lo llevó a quitarse la vida.
El caso puso rostro humano a un fenómeno que fiscales y jueces ven desde hace años: en muchas cárceles bonaerenses el delito no se detiene; sólo cambia de lugar. Se traslada a una celda, se conecta a Internet y sigue operando.
Frente a esta realidad, el diputado de la provincia de Buenos Aires Oscar Liberman presentó el proyecto de reforma legal conocido como Ley Rodrigo, que propone prohibir los celulares en las prisiones bonaerenses y restablecer un control efectivo sobre las comunicaciones de los internos.
El proyecto cuenta con la colaboración técnica del juez de la Cámara Penal de Azul, Carlos P. Pagliere (h.)—autor de la presente columna— y con el valioso respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Es una propuesta urgente frente a un descontrol que lleva años creciendo.
Es inexplicable —y paradójico— que el Estado condene a delincuentes y luego les permita seguir operando. Cuando se habilita que los presos tengan teléfonos celulares, se les brinda la herramienta perfecta para seguir haciendo aquello que los llevó a prisión: delinquir.
De hecho, la tragedia de Rodrigo no es un evento aislado. Es el costo visible de un sistema que ya no interrumpe el delito: lo traslada al mundo digital.
• Llamadas masivas: desde el interior de un pabellón se realizan cientos de comunicaciones por día.
• Mensajería y audios: se envían amenazas directas y se manipula a las víctimas en tiempo real.
• Redes sociales y aplicaciones de citas: se utilizan para seleccionar objetivos y recolectar información de inteligencia.
• Billeteras virtuales: permiten monetizar el delito y distribuir las ganancias instantáneamente.
Un preso con un celular y tiempo libre dispone hoy de más facilidades para delinquir que muchos delincuentes en libertad hace veinte años.
Muchos jefes de organizaciones delictivas continúan dirigiendo sus estructuras desde prisión. La cárcel deja de ser un límite y se convierte en una base operativa relativamente segura.
Desde una celda se pueden impartir órdenes, resolver disputas entre bandas, organizar cobranzas o coordinar actividades ilegales.
El resultado es paradójico: el encierro no debilita el liderazgo criminal; lo consolida.
Pero el problema es más profundo. Los celulares también han alterado la arquitectura de seguridad del sistema penitenciario: donde antes el aislamiento era la norma, hoy lo es la comunicación.
Antes, un motín carcelario era un fenómeno local que surgía en un pabellón, en una unidad, por una causa específica. Hoy, un grupo de WhatsApp puede coordinar ataques en distintos penales en cuestión de segundos.
Esto abre la puerta a un escenario catastrófico que muchos se resisten a ver: la posibilidad de insurrecciones masivas.
Es hora de decirlo sin eufemismos: las cárceles conectadas son bombas de tiempo digitales.
Un sistema penitenciario que permite la coordinación de acciones violentas desde el interior de sus establecimientos debilita su propia autoridad y termina condicionado por quienes debería controlar.
Quienes se oponen a prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses suelen invocar el derecho a la comunicación. Pero esa discusión es una falsa dicotomía.
Nadie propone aislar a los internos. Los sistemas penitenciarios modernos permiten llamadas telefónicas con familiares. La diferencia es que esas comunicaciones se realizan mediante líneas controladas, con registros de llamadas y números autorizados.
La verdadera cuestión no es el derecho a comunicarse. Es si ese derecho debe incluir la libertad para delinquir.
También se argumenta que los celulares sirven para entretener a los presos y reducir los niveles de violencia. Pero ¿a qué precio? El costo institucional es enorme: al permitir la creación de asociaciones ilícitas que operan desde la cárcel, se termina cediendo el control de las unidades penitenciarias.
La realidad es que durante siglos las prisiones funcionaron sin celulares en manos de los reclusos. Aún hoy, la mayoría de los sistemas penitenciarios del mundo prohíben estos dispositivos.
Muchos políticos, ante la propuesta de retirar los teléfonos de las cárceles, se muestran temerosos de la reacción de los presos. Si retirar los celulares genera temor a revueltas masivas, la conclusión es clara y dolorosa: el control real ya no lo ejerce el Servicio Penitenciario.
Las sociedades civilizadas necesitan cárceles: lugares donde el castigo se materialice y donde, al mismo tiempo, se neutralice la capacidad de daño de quien ha cometido un delito.
Cuando desde una celda se puede seguir delinquiendo, coordinar bandas externas y dirigir organizaciones criminales, ese principio se rompe. La prisión pierde sentido y el Estado pierde autoridad.
Cuando digo que las cárceles se han convertido en call centers del delito, no recurro a una metáfora: describo una realidad que fiscales, investigadores y jueces observan diariamente en causas judiciales.
Cada celular activo es un canal abierto para el delito. Ignorar ese hecho es una grave irresponsabilidad. Y no hacer nada por miedo a la reacción de la población carcelaria es aceptar la impotencia estatal dentro de los penales.
El debate no es técnico: es institucional. Se define quién manda. O manda el Estado, o manda el preso con señal 4G. No hay término medio. La Ley Rodrigo elige que mande el Estado.
Cuando las cárceles funcionan como centros de operaciones criminales, el delincuente puede estar preso, pero el delito sigue libre. La Ley Rodrigo busca restablecer una frontera elemental: que la cárcel vuelva a ser el lugar donde el delito se detiene… y no desde donde se organiza.
* Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul (Buenos Aires). Autor del tratado Nueva teoría del delito: paradigma voluntarista (15 tomos). Miembro consultor de la asociación civil Usina de Justicia.
