En un encuentro interreligioso de oración por la paz en Santo Egidio, junto a líderes de diversas religiones del mundo, el Papa dijo:“Oremos para que las Naciones procedan a un desarme efectivo, particularmente el desarme nuclear, y los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y de la diplomacia en vez de la violencia” (Papa León XIV, Vaticano, 5 de marzo de 2026). Y en ocasión más reciente el Pontífice imploró por “una paz desarmada y desarmante”.
A las pocas semanas de la invasión estadounidense a Irak, el régimen de Saddam Hussein cayó en Bagdad. La invasión, que comenzó el 20 de marzo de 2003 y que se suponía sería una operación breve, se extendió hasta 2011. La Guerra de Irak fue objetada desde los puntos de vista político, militar, estratégico, ético y jurídico. También fue criticada por las religiones participantes del diálogo interreligioso. Las críticas de entonces y posteriores no profundizaron en la defensa alegada por la primera potencia: “legítima defensa preventiva”, un término que requiere definición en el derecho nacional e internacional. Para que la legítima defensa sea una justificación válida, debe estar precedida por un ataque que cause daño; además, la respuesta debe ser proporcional e inmediata.
Esta acción está regulada por el artículo 51 de la Carta de la ONU y el artículo 31.1 del Estatuto de Roma. Deben cumplirse ciertos requisitos: necesidad, es decir, que la acción sea imprescindible para repeler una agresión ilegítima, actual o inminente, y proporcionalidad entre el medio empleado y el ataque sufrido.
Además, no sería legítima la defensa si no existe inmediatez con la agresión. Por ejemplo, el Estado argentino no podría alegar legítima defensa si declarara la guerra a Irán por los atentados ocurridos hace más de tres décadas, atribuidos a agentes del gobierno iraní (Embajada y AMIA).
La legítima defensa no admite la desproporción de los medios empleados ni el exceso, como sería matar a todos los agresores o a un pueblo entero porque los terroristas responsables hayan sido habitantes de ese lugar. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas, durante un festival de música electrónica Tribe of Nova en el desierto de Néguev, Israel, lanzó misiles que mataron a casi 1.200 personas, en su mayoría jóvenes israelíes.
La represalia legítima, es decir, oportuna y proporcional al daño, se tornó interminable y desproporcionada.
La represalia al asesinato terrorista perpetrado por miembros de Hamas se extendió por más de dos años en la Franja de Gaza. Los ataques llevados a cabo por el ejército israelí, fuertemente armados, se dirigieron contra una población indefensa. Según informes de Naciones Unidas, 66.100 gazatíes perdieron la vida, incluidos al menos 18.430 niños; hubo destrucción de viviendas, escuelas y hospitales, además de cientos de miles de desplazados. Esta situación generó enfermedades, desnutrición infantil, falta de alimentos, de educación y de asistencia sanitaria.
La Franja de Gaza permanece sitiada y controlada militarmente por el ejército de Israel, al igual que Palestina. Gaza y Cisjordania, desmembradas, forman parte del Estado Palestino, una suerte de Estado no soberano. El sacerdote Gabriel Romanelli, párroco de la única parroquia católica de Gaza, denunció que el ingreso de alimentos y agua potable a la comunidad está impedido por el cerco israelí, no por falta de apoyo de importantes ONGs internacionales, sino por disposiciones de “seguridad” del gobierno de Israel, que controla las fronteras. Se trata de una situación comparable al Ghetto de Varsovia, el mayor gueto judío establecido en Europa por la Alemania nazi. En el gueto de Gaza no solo se condena a la población civil al hambre. Aún hoy, después de dos años y medio, soldados israelíes siguen matando a civiles palestinos desarmados cuando caminan a los pocos mercados abiertos ante la “sospecha” infundada de tratarse de terroristas.
Aliarse con el imperio ha resultado extremadamente costoso para las resistencias de las minorías. En ese territorio, entre los años 66 y 73 d.C., se produjo la Gran Revuelta Judía, que marcó el inicio de la diáspora, más de un siglo después de la crucifixión de Jesús; la masacre en la guerra de Kitos durante la diáspora judía en los años 115-117; o la rebelión de Bar Kojba en los años 132-136, cuando los judíos eran colonia del imperio romano. Existen muchos otros ejemplos de violencia contra la humanidad, como los genocidios en la destrucción de las Indias, las matanzas de cristianos y armenios, los crímenes cometidos por la monarquía belga en el Congo, entre otros.
Deberían ser los judíos más ortodoxos, “de derecha” en términos coloquiales, quienes comprendan la inhumanidad demostrada en la historia de las naciones y, paradójicamente, son quienes promueven matanzas en nombre de la religión. Ignoran que “no hay religión santa”, como lo ha dicho el Papa Francisco y lo reitera el Papa León XIV. Esta situación no se repite entre los religiosos judíos que participan del diálogo interreligioso. Tampoco entre los sunitas, que representan el noventa por ciento de los musulmanes en el mundo y promueven la paz (véase la Declaración de Abu Dabi de 2019, suscripta por el gran Imán de Al-Azhar y el Papa Francisco).
También sostienen los conflictos bélicos quienes dicen comulgar con el cristianismo, pero no pueden ocultar su hipocresía ni sus intereses en el mundo financiero y en el comercio de armas.
Desde el punto de vista jurídico, se ha manifestado el repudio a todas las barbaries y se han formulado declaraciones de condena, tanto en el derecho internacional como en el derecho humanitario, en los casos de Irak, Gaza, Ucrania, Congo y Myanmar, por citar algunos recientes.
Parece que la codicia por el poder, la cultura del oro, de los diamantes, del petróleo o del litio, las ganancias de las armas, los grandes negocios inmobiliarios que están detrás de los desplazamientos de pueblos y de la limpieza étnica, explican la continuidad de la crueldad humana, la cual se entiende que no tuviera freno antes de las dos guerras mundiales. Pero después de la Carta de las Naciones Unidas, tras la conformación de la ONU —a pesar del desequilibrio constitucional del Consejo de Seguridad y el poder de veto de los cinco vencedores de la Segunda Guerra—, después del sacrificio y entrega de los Santos de las religiones abrahámicas, del diálogo interreligioso y de las enseñanzas de líderes políticos y sociales como Yaser Arafat, Isaac Rabin, Shimón Péres, John F. Kennedy, Martín Luther King, Patricio Lumumba y miles de hombres y mujeres que militaron y trabajan por la paz; resulta inexplicable que se sigan cometiendo crímenes atroces que intentan justificarse con otros crímenes aún peores.
Como si la inteligencia, la fe y el amor, los avances científicos y los valores humanos no pudieran enfrentar la vileza que se esconde tras los crímenes y los intereses que subyacen detrás de declaraciones hipócritas. “Y siguen mojando el pan en la sangre de sus hermanos”, como dijo el Papa Francisco. Es el revés de la religión, de la moral y del derecho internacional. Es el infierno del Dante en la tierra. Es el gobierno de los demonios. El imperio del mal. Sigmund Freud le dijo a Albert Einstein en su célebre carta de 1932 que la guerra es el resultado de los impulsos agresivos del ser humano, conocidos como pulsión de muerte o “Thánatos”, contrapuestos a los impulsos de vida o “Eros”. No podemos resignarnos a esa naturaleza. Freud también sostenía que el único camino para controlar la pulsión de muerte es el imperio de los tratados, aunque no es el único: en paralelo, existe el camino de la fe en Dios. La máxima autoridad de los tratados se traduce en “pacta sunt servanda”, una autoridad que está por encima de Putin, Trump, Xi Jinping, Netanyahu, Jamenei, Murmu, Starmer y de todos los fabricantes y vendedores de armas.
Estados Unidos, Israel e Irán han demostrado que sus guerras vulneran el principio fundamental del derecho internacional.
Israel e Irán han realizado y realizan guerras defensivas que se desvían por el exceso y la crueldad de sus represalias. En el caso de la invasión a la Franja de Gaza, Israel, invocando el derecho de defensa, realizó ataques desproporcionados durante dos años. En asociación con el presidente de Estados Unidos, causó la muerte del Ayatolá Ruhollah Jomeini, de otras autoridades y civiles iraníes, violando de manera flagrante el derecho de los tratados, el Derecho Internacional Público y el Derecho Humanitario. Son crímenes que el mundo no podrá olvidar y que la Corte Internacional de Justicia deberá juzgar. Putin aplastó y expulsó a miles de ucranianos ante la amenaza de la OTAN.
Irán, en su relación con países árabes vecinos y hermanos, en respuesta a estadounidenses y judíos, ataca impunemente a Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán, aunque estos no han agredido ni hecho la guerra contra Irán. Bloquear Ormuz al paso del transporte marítimo de los atacantes constituye una medida legítima, una represalia inmediata y proporcional. Lo contrario sería como sancionar a Argentina, si estuviera en guerra con Chile, por prohibir el ingreso de buques chilenos para cargar granos en Quequén. Al cierre de esta nota, se informó que la Guardia Revolucionaria limita el bloqueo a “los agresores estadounidenses y sus socios”, y que “cualquier buque que intente pasar debe obtener permiso de Irán”. Esto, según el comandante de la Armada iraní, Alireza Tangsiri, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyni, quien afirmó que el estrecho será de paz y prosperidad para todos y de derrota y sufrimiento para los belicistas. La medida parece estar dentro del marco del legítimo derecho de defensa y aporta una perspectiva positiva al problema.
Ni Israel ni Estados Unidos pueden alegar estar ejerciendo el derecho de legítima defensa ante una amenaza inminente, según la Carta de Naciones Unidas (artículo 51).
En segundo lugar, la guerra contra Irán fue repudiada por la Asamblea de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU facultado en exclusiva para determinar cuándo es lícito el uso de la fuerza (artículo 2 de la Carta).
La Constitución de Estados Unidos requiere autorización del presidente para declarar la guerra. Sin embargo, como en otras tantas guerras, presidentes de esa democracia poderosa han ignorado la Constitución y no han solicitado autorización ni al Congreso ni al Consejo de Seguridad de la ONU, pese a ser uno de sus miembros permanentes.
No se puede ignorar la debilidad de la ONU, en gran parte debida a la imposibilidad de contar con el poder suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. El secretario general António Guterres lo expresó en estos días frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela: “En todo el mundo, el Estado de derecho está siendo reemplazado por la ley de la selva”.
