Una encuesta que llevaron adelante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio Pulsar de la UBA reveló que la última dictadura no aparece como un hecho lejano ni confuso: siete de cada diez personas afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983, y las primeras asociaciones remiten a desapariciones, represión y violaciones a los derechos humanos. El estudio «Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después» se elaboró a partir de ocho grupos focales y una encuesta nacional de 1.136 casos realizada en octubre de 2025.
Frente a las políticas de vaciamiento de las áreas de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional desde que asumió, el estudio muestra un dato revelador: el 70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo o bastante de acuerdo con la afirmación «Es necesario que el Estado siga juzgando a los militares». Solo el 26% se mostró poco o nada de acuerdo. El dato es contundente: siete de cada diez argentinos respaldan la continuidad de los juicios de lesa humanidad, que choca con la decisión oficial de retirar las querellas en los debates orales contra represores.
Sobre la memoria, la encuesta demuestra que es transmitida por la escuela, la universidad y las conversaciones familiares. La experiencia directa es minoritaria: sólo tres de cada diez personas declaran tener un familiar, amigo o conocido que haya sido desaparecido o perseguido. “Este dato es central: allí donde existe un vínculo personal con víctimas, las posiciones se vuelven más firmes y se sostienen con mayor claridad las interpretaciones que reconocen el carácter sistemático del terrorismo de Estado”, se señala en el informe.
Si bien el 71% calificó la dictadura como «mala o muy mala», un significativo 19% la consideró «regular» y un 7% la evaluó positivamente. A su vez, el 61% describió el accionar del régimen como un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos, mientras que el 32% se inclinó por la denominada «teoría de los dos demonios»: la idea de que el terrorismo de Estado enfrentó a la guerrilla con «excesos». Este relato —desmentido en la Justicia— sigue arraigado en casi un tercio de la población encuestada.
Sobre la justificación del golpe de Estado, el 63% consideró que no hubo motivos para que los militares rompieran el orden constitucional. Pero el 27% restante creyó que había “bastantes o muchos motivos”.
En los grupos focales, muchas personas expresaron que «la gente» saldría a la calle a frenar un golpe de Estado. Sin embargo, el 28% nunca realizó ninguna actividad relacionada con la memoria histórica: ni fue a una marcha del 24 de marzo, ni leyó fragmentos del Nunca Más, ni visitó un sitio de memoria. «Hay como oleadas de memoria y de desmemoria», dijo en uno de los grupos focales un participante.
