La reforma laboral enfrenta su primer revés judicial y el Gobierno ya prepara la contraofensiva. La Procuración del Tesoro trabaja en un recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema. El objetivo: defender el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que un tribunal cordobés declaró inconstitucional.
La discusión promete extenderse. En Balcarce 50 apuestan a que el máximo tribunal fije un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de uno de los puntos más controvertidos de la norma sancionada por el Congreso en febrero.
El conflicto arrancó con un fallo de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba. El juez Ricardo Gileta, actuando como tribunal unipersonal, invalidó el artículo 55 en una sentencia dictada el 10 de marzo dentro de un proceso individual.
Gileta consideró que la norma introduce un trato desigual entre trabajadores. La diferenciación, según el magistrado, depende del momento en que iniciaron sus reclamos judiciales.
El artículo cuestionado regula cómo se actualizan los créditos laborales en juicios que ya estaban en curso cuando entró en vigencia la reforma. El mecanismo toma como referencia la tasa pasiva del Banco Central y fija un piso del 67% del cálculo previsto por el nuevo sistema de actualización basado en la inflación.
Para el juez cordobés, esa diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley. Trabajadores que reclaman créditos de naturaleza similar enfrentan condiciones distintas según cuándo iniciaron sus demandas.
Por eso dispuso dejar sin efecto la aplicación del artículo 55 en el caso concreto. Ordenó que la deuda laboral se actualice según el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, el mecanismo tradicional.
El fallo encendió las alarmas en la Casa Rosada. La decisión no solo afecta un expediente puntual: sienta un precedente que otros tribunales podrían seguir en casos similares a lo largo del país.
La Procuración del Tesoro prepara un recurso extraordinario federal que presentará ante la misma Cámara que dictó la sentencia. Es el procedimiento habitual: el tribunal debe decidir si concede el recurso para elevar el expediente a la Corte Suprema.
Pero la estrategia no se limita a este caso. Los equipos técnicos organizan una defensa coordinada de la reforma laboral ante las distintas presentaciones judiciales que puedan surgir en todo el país.
En distintos despachos oficiales explican que la batalla judicial recién empieza. Los litigios de alcance colectivo serán los más relevantes para la aplicación general de la norma, anticipan.
Sin embargo, aseguran que la defensa de la ley se sostendrá en todos los frentes judiciales. En cada una de las instancias procesales que se habiliten, el Gobierno presentará sus argumentos.
En la mesa chica de Balcarce 50 dan por descontado que la reforma laboral atravesará una etapa de judicialización intensa. Similar a la que enfrentaron otras leyes impulsadas durante la gestión, reconocen.
La apuesta del oficialismo es clara: que la Corte Suprema termine fijando un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. Un fallo del máximo tribunal cerraría la discusión y daría certeza jurídica a la aplicación de la reforma en todo el territorio.
Mientras tanto, el artículo 55 queda en el centro de la polémica. Su aplicación está suspendida en el caso cordobés, pero sigue vigente en el resto de los expedientes laborales del país.
El Gobierno confía en revertir el fallo. La reforma laboral, una de las apuestas legislativas clave de la gestión, enfrenta su primera prueba judicial de peso. Y la batalla recién comienza.
iProfesional - Copyright ©2026. Emprendimientos Corporativos S.A. Buenos Aires, Argentina. Todos los derechos reservados.