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Ante el segundo pedido de decomiso pedido por el fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad, y que incluye el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario, el Tribunal ordenó una serie de medidas patrimoniales de cara a una nueva ejecución patrimonial. La primera ya se impulsó y resta una decisión de la Cámara de Casación Federal para que la Corte avance en la inscripción de los inmuebles.
El nuevo pedido del Ministerio Público Fiscal al Tribunal Oral Federal 2, que juzgó el caso y ejecuta la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, da cuenta de 141 bienes muebles e inmuebles que ayudarían a cubrir los 685.000 millones de pesos determinados como daño ocasionado con la maniobra criminal.
Una de las primeras propiedades de la familia Kirchner que encabeza el listado es el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. También figura el chalet de Río Gallegos en el que vivió la familia Kirchner, el hotel Alto Calafate y los dólares de Florencia Kirchner.
La fiscalía es la responsable de detectar e individualizar los bienes que pueden ser alcanzados por el decomiso, una de las consecuencias directas de la pena cuando comienza a ejecutarse.
La primera medida aplicada al patrimonio de los condenados en la causa Vialidad -ya que el decomiso se afronta de manera solidaria- contó con la oposición de Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia, quienes aún buscan detener el proceso de ejecución patrimonial.
Ese reclamo está en la Cámara Federal de Casación Penal y se espera una decisión por parte de los magistrados para que la Corte Suprema de Justicia avance con la inscripción de los bienes decomisados.
Mientras tanto, el TOF 2 integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, firmó una serie de medidas patrimoniales sobre la fortuna de la familia Kirchner, de Lázaro Báez y demás imputados, para avanzar en esta segunda tanda de bienes a decomisar.
El extenso listado de 141 inmuebles incluye propiedades de la ex Presidenta, de Báez -en su gran mayoría- y de los demás condenados en este expediente.
La fiscalía de Luciani identificó nuevos bienes de las personas condenadas “para que se ordene su decomiso”. En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores, se detalló.
Junto a un exhaustivo detalle de propiedades, el Ministerio Público reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.
Ante ese reclamo por parte del MPF, el juez Rodrigo Giménez Uriburu -quien este año tiene a cargo la ejecución de la pena en este expediente- ordenó una serie de medidas patrimoniales.
Pidió que el TOF 5, que tiene que hacer el juicio del caso Hotesur-Los Sauces, “informe, a la luz de la prueba documental reservada en esas causas, la integración actual del paquete accionario de las firmas Los Sauces SA y Hotesur SA, sus representantes societarios y, de existir, las medidas cautelares vigentes o cualquier tipo intervención judicial ordenada a su respecto”.
El planteo responde a que dentro del listado conformado por la fiscalía se encuentran propiedades de las dos compañías familiares investigadas por lavado de dinero.
El fiscal Luciani viene quejándose de que los condenados "han echado mano de todo tipo de artilugios procesales —declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores—” para entorpecer el decomiso.
Como resultado de los recursos presentados se “viene dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
A criterio del representante del Ministerio Público, muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.
Dijo en su dictamen la fiscalía: “Para la sociedad argentina —cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa—, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos”.
Para Luciani, “se trata, ni más ni menos, de reparar los daños que se le provocaron a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones públicas luego de 12 años de un sistema de corrupción que socavó la democracia y los derechos humanos de las personas más vulnerables”.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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