La medida del Ministerio de Seguridad Nacional habilita operativos en rutas y accesos para interceptar armas, drogas y otros objetos peligrosos antes de que las parcialidades lleguen a los estadios.
La iniciativa apunta a intervenir de forma preventiva antes de que los simpatizantes lleguen al estadio.
El Gobierno nacional creó el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED), un esquema de operativos en rutas y accesos interurbanos destinado a reforzar la prevención de hechos de violencia vinculados al traslado de hinchas hacia los estadios. La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 233/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El programa funcionará dentro de la Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales, que depende de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional, y tendrá como objetivo planificar, coordinar y ejecutar los operativos vinculados al traslado de parcialidades hacia los espectáculos deportivos.
Según la resolución, la iniciativa apunta a intervenir de forma preventiva antes de que los simpatizantes lleguen al estadio, mediante controles en jurisdicciones federales como rutas nacionales, terminales, aeropuertos o accesos interurbanos. La lógica del programa se basa en neutralizar riesgos de manera temprana mediante retenes y puntos de control en los trayectos hacia los eventos deportivos.
El texto oficial sostiene que la seguridad de los espectáculos deportivos es un objetivo prioritario del Gobierno nacional, en particular para prevenir episodios de violencia en eventos que concentran grandes cantidades de público.
En ese marco, los agentes que participen de los operativos podrán impedir el ingreso de objetos que, aun cuando no constituyan delito en sí mismos, puedan representar una amenaza para la seguridad pública o el normal desarrollo del espectáculo. La evaluación deberá realizarse según el contexto y la naturaleza del elemento transportado.
La norma establece además que durante los controles se podrán detectar y actuar ante la presencia de estupefacientes, armas de fuego u otros elementos prohibidos, en cuyo caso los funcionarios deberán realizar la consulta judicial correspondiente y poner a las personas y los objetos a disposición del magistrado interviniente.
También se prevé que, si durante los operativos se identifica una persona extranjera con situación migratoria irregular, se dará intervención inmediata a la Dirección Nacional de Migraciones, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.
El PROFERED también contempla la elaboración de un protocolo específico para organizar los operativos de traslado de hinchas. Esa tarea quedará a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) junto con la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional.
La resolución también fija obligaciones para los clubes. En ese sentido, el jefe de seguridad de cada institución deberá informar previamente al Ministerio de Seguridad Nacional la cantidad aproximada de personas que se trasladarán en ómnibus hacia cada evento deportivo, con el fin de facilitar la planificación preventiva y la asignación de recursos.
Además, la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos deberá coordinar con los clubes y sus responsables de seguridad los itinerarios que deberán seguir las parcialidades, para asegurar desplazamientos ordenados y reducir riesgos durante los traslados.
En los fundamentos de la medida se señala que los controles realizados hasta el momento detectaron en reiteradas ocasiones armas de fuego, armas blancas de gran tamaño, drogas y personas en estado de intoxicación en los ómnibus que transportaban hinchas, lo que evidenció riesgos concretos para la seguridad pública.
La normativa también contempla situaciones vinculadas a torneos internacionales, donde el flujo de simpatizantes atraviesa pasos fronterizos. En esos casos, se prevé la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones para realizar los controles correspondientes.
Según aclara la resolución, la implementación del programa no implicará gastos adicionales para el Estado nacional y comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
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