Uno de los pocos consensos que pueden hallarse en la sociedad argentina es aquel que refiere a la importancia de la educación como el principal motor para salir del atraso y la pobreza.
La educación es ampliamente considerada una de las inversiones más valiosas y seguras, porque no tiene fecha de caducidad y su valor tiende a incrementarse con el tiempo a medida que se adquieren más habilidades y experiencia. Se define como la asignación de tiempo, energía y dinero con la expectativa de obtener beneficios futuros, tanto personales como económicos.
En el siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento lo tenía claro y decía: "Todos los problemas son problemas de educación". Sin embargo, el legado sarmientino, de "educar al soberano" atraviesa una profunda crisis desde el retorno de la democracia en 1983. Acaso una de las deudas del período abierto desde la presidencia de Raúl Alfonsín hasta la actualidad.
Lo insólito es que mientras la política reivindica en el discurso el valor de la educación en la práctica les impone pagar tasas municipales que ponen a muchos establecimientos educativos del ámbito privado al borde de la quiebra.
Recientemente, el municipio de Pilar hizo punta en una decisión que será imitada por otras localidades de la provincia de Buenos Aires. El Concejo Deliberante pilarense aprobó la ordenanza 112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.
Para poner en contexto a nivel provincial ya no municipal, la importancia de la decisión adoptada por los legisladores de la localidad de zona norte que podrá sentar un antecedente para otros municipios que están analizando la medida ante la caída de la recaudación en sus localidades hay que señalar que el sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, alcanza cerca del 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos. Un número que va en baja porque las familias atraviesan un momento de grave crisis financiera y muchos alumnos pasan a cursar en establecimientos públicos y las escuelas privadas deben afrontar los aumentos salariales, completamente lógicos por una inflación que se mueve en torno del 3% mensual, de sus maestros y profesores.
Martín Zurita, es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), explicó que esta medida puede provocar un fuerte impacto en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. Es indudable que estos establecimientos son catalogados como pequeñas y medianas empresas pero al reves de muchas actividades que se realizan con poco personal. "Una escuela privada es una pyme distinta porque no tiene cuatro, cinco o diez empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo", señaló. Y les imponen una contribución obligatoria.
Una tasa o contribución de esas que el ministro de economía, Luis Caputo, odia y es el motivo por el cual, está en permanente tensión con las autoridades municipales de todo el país.
Ahora bien, los referentes de AIEPA, al mismo tiempo, están aguardando, con mucha urgencia, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, les permita aumentar las cuotas de los alumnos que están inscriptos en sus establecimientos.
Son mas malas noticias para las familias, pero según Zurita están justificadas en la cuestión gremial. En provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof, ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a aumentos previos otorgados a fines del año pasado. Desde el sector educativo privado aseguran que no cuestionan las mejoras salariales, entienden que "la plata no alcanza", pero advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.
"Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, dificil de afrontar", explicó a iProfesional.
En un contexto de mucha presión al bolsillo, las autoridades de colegios privados no comprenden la presión ejercida por los municipios sobre los establecimientos educativos. El caso testigo o principal de aumento de tasas a los colegios es imitado en Zárate, Mercedes, Vicente López y Hurlingham. En Almirante Brown "quintuplicaron la tasa de Seguridad e Higiene". Es una pandemia fruto de la necesidad de recaudar de los municipios a como de lugar.
La caída en los ingresos de la gente se lleva puesto todo y la educación no es una excepción. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se han reportado cierres de instituciones específicas y situaciones críticas en el sector público porque hubo:
En Casa Rosada, funcionarios del gobierno nacional se defendieron explicando que "la crisis educativa del sector privado es parte de una pesada herencia de los gobiernos kirchneristas". Y añadieron: "Nosotros lo primero que hicimos fue traer soluciones al liberar los precios de las cuotas que los colegios pueden cobrar a los alumnos inscriptos".
Se refieren a la medida de Milei y Pettovello de poner fin al control estatal sobre los aranceles de los colegios privados en Argentina. Desde el comienzo de su administración, cada institución puede fijar libremente el valor de sus cuotas, sin necesidad de pedir autorización al Ministerio de Educación ni a ningún otro organismo. "Se termina así, una etapa de intervencionismo que limitaba la libertad educativa y asfixiaba a muchas escuelas privadas", explicaron en despachos oficiales.
Durante tres décadas, el Estado impuso topes y controles que impidieron a los colegios cubrir sus costos reales, invertir en infraestructura y sostener la calidad docente. Como consecuencia, más de 500 colegios cerraron entre 2015 y 2023. El problema que no tuvo respuesta en estos mismos despachos es que, a pesar de esta medida, los colegios privados continúan al límite de su capacidad operativa y tienen serias dudas acerca de la continuidad en la actividad docente.
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