La inflación de febrero se mantuvo en niveles elevados: según informó el INDEC, el IPC subió 2,9%, misma cifra que había registrado en enero. Así, acumuló un alza del 5,9% en los primeros dos meses del año, mientras que la variación interanual fue del 33,1%.
En ese sentido, según detalló INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otroscombustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.
La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, dondela mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
El factor central detrás del aumento de la carne durante febrero fue la menor disponibilidad de animales para faena. En términos constantes, los precios de la hacienda se ubican en los niveles más altos de los últimos 90 años. Los analistas coinciden en que la firmeza responde a una escasez estructural de ganado para consumo, profundizada por una marcada retención de animales.
Productores y feedloteros están apostando a agregar más kilos a campo o en corrales, aprovechando una ecuación favorable entre el valor del kilo vivo y el costo del alimento. Incluso en las subastas aparece con mayor presencia el sector feedlot, que compra lotes livianos para engorde.
En términos de microeconomía, cuando la oferta se contrae y la demanda se mantiene estable, el precio tiende a subir. Este ajuste comienza en el eslabón primario (la hacienda) y se traslada progresivamente hacia frigoríficos, distribuidores y puntos de venta.
El interrogante no es si habrá traslado, sino qué porcentaje del aumento absorberá cada tramo de la cadena y cuánto terminará pagando el consumidor.
El frente externo también juega un papel clave. En enero, los embarques de carne alcanzaron las 62 mil toneladas res con hueso, un 11% más que en enero de 2025, según datos del INDEC.
A esto se suma un aumento del 33% en el precio internacional promedio en los últimos 12 meses, con valores que superan los US$ 5.000 por tonelada. El incentivo exportador fortalece la competencia por la hacienda y contribuye a sostener precios elevados.
El esquema de facturación eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará una dinámica particular a partir de marzo. Según datos difundidos por la Secretaría de Energía y las empresas distribuidoras, dos de cada tres usuarios residenciales percibirá una reducción en sus facturas de marzo, con bajas que oscilan entre los $1.000 y $25.000, dependiendo del nivel de consumo y la tarifa previa.
Esta tendencia se explica principalmente por factores estacionales. Al tratarse de un mes templado, la demanda de energía en los hogares tiende a disminuir tras los picos del verano. En este contexto, el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) estableció que el tope de consumo subsidiable para marzo sea de 150 kWh mensuales, la mitad del límite permitido durante los meses de calor.
Para el 37% restante de la población del AMBA, se prevén incrementos que el Gobierno califica como "acotados". Estos ajustes se ubicarán en un rango que va de los $400 a los $5.500. Por otro lado, en el sector del gas natural, el aumento promedio a nivel nacional será apenas del 0,96%, traccionado por el bajo consumo estacional y la aplicación del cargo fijo anual (PAU).
La formalización de estos cambios llegó a través de una serie de una veintena de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial, que alcanza a las distribuidoras Edenor y Edesur y a las transportistas eléctricas de todo el país, a quienes se les asignan los lineamientos técnicos y de precios mayoristas.
La normativa ratifica la vigencia del régimen SEF, creado mediante el Decreto 943, que unifica los subsidios nacionales para garantizar que los sectores más vulnerables mantengan el acceso al servicio indispensable. Para el año 2026, los beneficiarios de este esquema contarán con una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo base, con el fin de asegurar la gradualidad en la reestructuración de los precios.
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