Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el apoyo de Corrientes, decidieron reclamar al Gobierno nacional que denuncie formalmente a la Unión Europea (UE) ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en defensa de las exportaciones argentinas de biodiésel. Esta determinación se tomó tras la intención del bloque europeo de clasificar a la soja argentina como un insumo de “alto riesgo” ambiental bajo el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC).
La decisión dada a conocer en la muestra Expoagro que se desarrolla hasta este viernes en la ciudad de San Nicolás, se justifica en que la calificación que pretende imponer la UE constituye para las provincias una barrera paraarancelaria injustificada que busca vetar las exportaciones de biodiésel, poniendo en riesgo un mercado de US$400 millones anuales y miles de puestos de trabajo en la Argentina.
El frente regional advirtió que esta «trampa regulatoria» vacía de contenido el acuerdo comercial con el Mercosur, de reciente aprobación legislativa en la Argentina. Mientras el tratado propone un arancel cero para el biocombustible, la normativa ambiental europea impediría que el producto sea computado para las metas de descarbonización de los países miembros, explicaron fuentes provinciales.
De concretarse, aseguran, ningún comprador en la UE optaría por el biodiésel argentino, ya que no le serviría para cumplir con sus cuotas legales de energías renovables, bloqueando el acceso de manera fáctica. La pretensión de la UE es aplicar el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), que sostiene que ciertos cultivos destinados a biocombustibles podrían generar impactos ambientales indirectos.
Con el impulso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la Ley 14.224, la provincia coordina un Grupo de Trabajo ad hoc para consolidar los fundamentos del reclamo en un Dossier Técnico-Jurídico. El objetivo es repetir el éxito obtenido en el año 2016, cuando la Argentina ya impuso su postura ante la UE en un panel similar de la OMC.
En aquella oportunidad, el organismo internacional falló en contra de las medidas proteccionistas europeas. El bloque comunitario había instrumentado una medida antidumping argumentando el diferencial de precios entre la soja y el aceite de soja, pero la decisión en contrario obligó a reabrir el mercado para la producción local tras demostrarse la inconsistencia de sus argumentos técnicos.
Las fuentes consultadas señalaron que la idea es que los gobernadores de las provincias que conforman la Región Centro, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba, y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, le pidan audiencia al Canciller Pablo Quirno, para poner al tanto de los fundamentos del pedido de presentación ante la OMC.
Dada la complejidad técnica y jurídica del caso, consideran que resulta imprescindible constituir lo que denominan «un task force público-privado, con articulación a nivel nacional y provincial», orientado a la recopilación, validación y sistematización de evidencia científica, económica y estadística para la defensa de la posición argentina en la OMC.
De la jornada en Expoagro, en el encuentro “Región Centro: el biodiésel como motor de futuro” participaron los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; y de Producción de Corrientes, Walter Chávez, junto a representantes de la cadena de valor de la soja y del biodiésel.
Acompañaron la presentación y respaldo a las decisiones el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, el director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Servio, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, y el presidente de Carsfe, Bernardo Vignatti.
Puccini planteó que «la provincia impulsa una agenda de preocupación ante el análisis de la Unión Europea que, de prosperar, impediría a la Argentina exportar biodiésel. Eso significaría que dejarían de ingresar US$400 millones al país y requiere una defensa colectiva con las cámaras, el sector privado, los productores y las Bolsas de Comercio”.
«Acabamos de firmar un acuerdo con la Unión Europea que no debería estar en discusión -agregó el ministro santafesino-, pero luego aparece un informe que califica a la soja como insumo de alto riesgo. Ya se hicieron los esfuerzos técnicos: Cancillería trabajó con todas las cámaras, y Santa Fe fue una de las provincias que se anotó para tener voz.”
Para las provincias, la Argentina cuenta con fundamentos jurídicos suficientes para solicitar la apertura de consultas ante la OMC, alegando deficiencias en la medida ILUC, tal el documento que se está consolidando entre los representantes públicos y privados del sector para presentar a la Cancillería.
En ese sentido se asegura que la eventual medida «carece de sustento científico objetivo y metodología transparente, opera como una restricción cuantitativa encubierta, es incompatible con los principios de no discriminación y previsibilidad y produce un efecto comercial equivalente a una prohibición de importación».
Actualmente, el acceso del biodiesel argentino al mercado europeo se encuentra restringido mediante un esquema dual. «Por un lado hay derechos compensatorios elevados, aplicados tras una revisión por presuntos subsidios, que constituyen una barrera significativa al comercio»; explican.
Por otro, restricciones regulatorias de carácter ambiental, derivadas de la clasificación de la soja y sus derivados como de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) en el marco de la normativa europea sobre energías renovables, lo que «conduce a su exclusión progresiva del cómputo de energías renovables y genera un efecto práctico equivalente a una prohibición de importación».
Para las provincias, la clasificación ILUC constituye una medida no arancelaria de carácter regulatorio con efectos restrictivos sobre el comercio internacional, sujeta al escrutinio del GATT de 1994 y de las disciplinas OMC aplicables a medidas que afectan el acceso a los mercados. «Si bien se presenta como una regulación ambiental, su diseño y efectos -se aseguró- revelan una función restrictiva del comercio, configurando una barrera no arancelaria encubierta».
En mayo de 2013, la Argentina solicitó la apertura de consultas ante la OMC contra la Unión Europea por la imposición de derechos antidumping y compensatorios al biodiésel argentino. Tras el fracaso de las consultas, se constituyó un panel en enero de 2014.
En marzo de 2016, el panel concluyó que las metodologías utilizadas por la Unión Europea eran incompatibles con las disciplinas del Acuerdo Antidumping, fallo que fue sustancialmente confirmado por el Órgano de Apelación en octubre de 2016.
En 2017, la Unión Europea modificó su normativa, reabriendo el mercado europeo al biodiésel argentino. Este antecedente confirma que medidas europeas basadas en metodologías no compatibles con las normas OMC pueden ser exitosamente cuestionadas en el sistema multilateral de comercio.
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