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Bajo el principio de jurisdicción universal, según el cual toda la comunidad es competente para perseguir delitos contra la humanidad y el Estado que ejerce la competencia es en representación de aquella, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente ampliar el llamado a declaración indagatoria de Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y remitió las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2.
El pedido se fundamenta en las amenazas proferidas por el número dos del chavismo contra la activista Elisa Trotta Gamus y su familia, en un contexto de persecución sistemática calificado por la fiscalía como una "modalidad de terrorismo de Estado".
La investigación se centra en lo ocurrido el 3 de diciembre de 2025, a las 10:18 PM, durante la emisión del programa televisivo “Con el Mazo Dando”. En esa oportunidad, Cabello habría dirigido amenazas directas hacia Trotta Gamus -vicepresidenta del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y referente opositora residente en Argentina- y su madre, Raquel Gamus.
Al declarar ante la fiscalía, Trotta ratificó que el ciclo de Cabello "es un programa de televisión que maneja Diosdado Cabello... quien está formalmente a cargo de la represión del gobierno". Agregó que el régimen utiliza este espacio para "señalar a las personas contra las que va el régimen" y que la situación constituye una "represión trasnacional".
El dictamen fiscal describe una estructura donde el régimen utiliza los medios y redes sociales para "anticipar quiénes serán objeto de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales". Se menciona específicamente la denominada “Operación Tun Tun”, que alude a los "golpes sobre las puertas de las casas de quienes son elegidos por el régimen para ser arbitrariamente detenidos, torturados, asesinados y/o violados".
Stornelli sostiene que estos actos se enmarcan en un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil". Los delitos han sido encuadrados bajo las figuras de coacción en forma calificada y crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Cabello ya cuenta con una orden de detención y captura internacional dispuesta por la justicia argentina desde el 25 de septiembre de 2024.
Este pedido judicial ocurre en un momento de extrema fragilidad para la cúpula chavista. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 -quienes se encuentran detenidos en Brooklyn-, el mando ha quedado en manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En este escenario, el propio Cabello ha lanzado advertencias desesperadas hacia la interna oficialista durante un acto por el aniversario del 4F. "Mientras nos vean unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por acá y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie. Ninguno de nosotros", alertó el ministro. Cabello insistió en que "no puede haber lugar para individualismos ni personalismos" y exigió la "máxima unidad de las fuerzas revolucionarias".
Mientras la gestión de Rodríguez intenta un equilibrio diplomático con Washington para reabrir misiones diplomáticas, Cabello se mantiene como el ala dura. Recientemente, el ministro denunció una "maquinaria mediática del extremismo" dedicada a difundir "noticias falsas" sobre supuestas acusaciones penales de EE. UU. contra la presidenta encargada, intentando blindar la cohesión de un régimen que enfrenta la detención de sus líderes y el asedio de la justicia internacional
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