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El Estado argentino alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, con demandas contra el país por los bonos soberanos en default que compraron de la crisis de 2001.
Así lo informaron el martes a la noche mediante la presentación de escritos a la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, la misma que sigue en los tribunales neoyorkinos el caso por la irregular expropiación de YPF en 2012.
Como consecuencia del acuerdo, las partes le solicitaron a Preska suspender la causa, lo que implicaría congelar el pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre pasado de la entrega de la participación de la República en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas hasta que finalice el acuerdo de conciliación.
Según pudo saber Clarín, ambos fondos se dividirían (de forma que no se detalló) el colateral de los Bonos Brady que adquirieron y se embargaron a la República, depositados en la Reserva Federal.
En ese sentido, los demandantes pretendían avanzar con embargos sobre activos de la Argentina. Incluso el año pasado se hicieron eco de la causa de YPF y presentaron la solicitud de 'me too' ('yo también') para cobrar la indemnización con acciones de la petrolera de mayoría estatal.
Estos fondos holdouts son los que confiscaron la Fragata Libertad en Ghana en 2012. Tenían sentencias firmes a su favor y mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias porque no entraron en los sucesivos canjes que ofrecieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010, y de Mauricio Macri en 2016.
En abril de 2016, el macrismo pagó US$ 9.300 millones a un grupo de holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para eso, se emitieron los bonos Globales que en 2020 el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York.
Sin embargo, quedó un remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina, pese a que el país había logrado en los sucesivos canjes más de 95% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001.
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