La política argentina tiene una curiosa capacidad para repetir aquello que antes criticaba. A veces ocurre lentamente, casi sin que nadie lo advierta; otras sucede de manera tan evidente que se vuelve imposible mirar hacia otro lado. El reciente episodio protagonizado por Manuel Adorni, justificando su viaje a Nueva York en el avión presidencial acompañado por su esposa con el argumento de que “viene una semana a deslomarse”, vuelve a poner sobre la mesa un tema viejo pero siempre vigente: los límites entre lo público y lo personal cuando se ejerce un cargo de gobierno. Ser funcionario público no es un trabajo cualquiera. Es una decisión voluntaria que implica privilegios (vehículo oficial con chofer permanente, combustible, mantenimiento y disponibilidad prácticamente total; seguridad personal y custodia; viajes oficiales; acceso a una estructura estatal completa con secretarios, asesores, equipos técnicos, oficinas, logística, comunicación y agenda institucional financiadas con recursos públicos y también un privilegio menos material pero más poderoso: el acceso directo al poder político. Pero esos privilegios vienen acompañados de responsabilidades y restricciones que la vida privada no tiene. Nadie obliga a nadie a aceptar un cargo público. Quien lo hace sabe que su vida pasa a estar sometida a una vara más exigente que la del ciudadano común.
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Por eso resulta difícil comprender la naturalidad con la que algunos funcionarios justifican comportamientos que, cuando estaban en la oposición, denunciaba con vehemencia. Durante años se criticaron los viajes oficiales con familiares, el uso de recursos del Estado para cuestiones personales o la utilización de aviones oficiales para transportar equipajes, periódicos o incluso muebles que nada tenían que ver con la función pública. Aquellas críticas no solo parecían razonables: muchos ciudadanos coincidimos plenamente con ellas. Sin embargo, cuando el poder cambia de manos, la vara parece aflojarse. No corresponde, no es ético y tampoco es valorado por la sociedad que los viajes oficiales se conviertan en una extensión de la vida privada. Incluir familiares, utilizar la logística del Estado para cuestiones personales o aprovechar la estructura pública para trasladar pertenencias, ir de compras o hacer turismo -aunque se lo intente justificar con frases pintorescas sobre comprar ropa más barata o visitar tiendas tecnológicas ¨Ministro Caputo dixit¨- no forma parte de las responsabilidades de un funcionario.
Esos gestos son los que van construyendo una cultura política permisiva. El problema nunca empieza con un gran escándalo. Empieza de a poco: con pequeñas concesiones, con explicaciones livianas y con una peligrosa idea que suele instalarse cuando alguien llega al poder: la creencia de que el cargo otorga una suerte de indulgencia moral.
Ahí aparece uno de los vicios más antiguos de la política: la arrogancia del poder. Esa sensación silenciosa de que las reglas que antes parecían claras ahora pueden interpretarse de otra manera. De que lo que antes era criticable ahora puede justificarse porque “las circunstancias son distintas” o porque “el trabajo es demasiado duro”.
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La política, aunque algunos lo olviden, es una elección voluntaria. Nadie está obligado a ocupar un cargo público. Quien decide hacerlo acepta un conjunto de responsabilidades y límites que forman parte del contrato moral con la sociedad. Victimizarse por las exigencias del cargo o presentar el ejercicio del poder como un sacrificio personal no solo resulta poco convincente: también revela una incomprensión profunda de lo que significa representar a otros. La coherencia es, en política, uno de los bienes más escasos. Y también uno de los más valiosos. Quienes construyeron su capital político denunciando privilegios deberían ser los primeros en evitar cualquier comportamiento que se parezca a aquello que criticaron. Si la vara cambia según quién gobierna, la política pierde credibilidad y la ciudadanía vuelve a sentirse engañada.
Como ciudadano, nadie espera que un funcionario “se deslome” en un relato épico. Lo que se espera es algo más simple y más importante: que gobierne con criterio, con prudencia y con respeto por los recursos públicos. Si de verdad el esfuerzo estuviera puesto en resolver los problemas de los miles de argentinos que no tienen trabajo o de los empresarios que ven a sus empresas atravesar crisis cada vez más profundas, probablemente todos estaríamos un poco mejor.
Porque finalmente el poder no se mide por los discursos ni por las excusas. Se mide por el ejemplo. “El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son.” Pepe Mujica
